POR MARIELA CASTAÑÓN
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De acuerdo con el documento Política Nacional de Reforma Penitenciaria, presentado en marzo del año pasado y elaborado por el Sistema Penitenciario (SP) y algunas organizaciones de la sociedad civil, el 59 por ciento de las personas privadas son reincidentes. El dato se logró obtener porque los reos que recuperaron su libertad a partir de 2010 retornaron a los centros de detención por cometer nuevos delitos.
Marcos Daniel Estrada Ortiz, de 31 años, fue capturado el 10 de junio por portar armas de forma ilegal y por presuntamente ser el líder operativo de una clica del Barrio 18 que extorsionaba a transportistas y comercios, según la Policía Nacional Civil (PNC).
Estrada salió de prisión el 18 de febrero de este año, estuvo en la cárcel de Fraijanes I por el delito de portación ilegal de arma de fuego, según los registros del SP. En menos de cuatro meses volvió a prisión.
Aunque Estrada es joven, su historial delictivo y su reincidencia son amplios, ya que la primera vez que ingresó a la cárcel fue el 18 de julio de 2007, por los delitos de encubrimiento propio, promoción o estímulo a la drogadicción y portación ilegal de armas de fuego defensivas y/o deportivas.
Posteriormente estuvo privado de su libertad por robo agravado y encubrimiento propio. Permaneció en la cárcel de Chimaltenango, en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18 y su última reclusión fue en Fraijanes I.
Según la ficha de control de Estrada, antes de ser aprehendido en 2007 se dedicaba a la carpintería y únicamente alcanzó el segundo grado de secundaria.
El joven es otro de los casos de reincidencia conocidos públicamente.
REINCIDENCIA
De acuerdo con la Política Nacional de Reforma Penitenciaria, aunque el SP no tenía la capacidad para procesar información exacta de la reincidencia, debido a que las bases de datos estaban incompletas, se logró estimar que a partir del año 2010 se observó un incremento lineal en las estadísticas de reincidencia.
“En los últimos tres años, el 59 por ciento de las personas condenadas que recuperaron su libertad, retornaron a los centros de detención del país por ser denunciados o sorprendidos cometiendo nuevos delitos”, detalló el documento presentado en 2015.
El informe también admite que la reincidencia penitenciaria es uno de los indicadores más importantes que miden el desempeño de los sistemas carcelarios y servicios pospenitenciarios.
FACTORES Y CONDICIONES
Walter Menchú, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), opinó que la reincidencia se origina por el hacinamiento en las cárceles y la falta de separación de reclusos.
“El hacinamiento no permite la rehabilitación, en el primer estudio que hicimos en 2014 empezamos a tocar el tema de rehabilitación y en 2015 publicamos un estudio de infraestructura, porque nos dimos cuenta de que la rehabilitación se hacía más difícil porque no existía una infraestructura adecuada y por las tasas altas de hacinamiento. No se clasifica a los reos conforme a su peligrosidad y están mezclados, hay quienes siguen delinquiendo desde los centros de detención y unos van aprendiendo cosas que no sabían”, explicó el investigador.
De acuerdo con Menchú, hay personas que poseen una “carrera criminal” y saben que es más fácil agenciarse de recursos económicos ilícitos en lugar de trabajar, en tanto, detalló que tampoco existen fuentes de empleo en la cárcel.
“No es solo que no existan oportunidades para rehabilitación, sino que también hay personas que no quieren rehabilitarse porque es más rentable seguir en la criminalidad. Tampoco existen programas de educación establecidos por el SP, ni actividades laborales, que son consideradas rehabilitación. En ese sentido estaban diseñadas las granjas de rehabilitación, recordemos que hay solo tres granjas y cinco centros de cumplimiento de condena; es ahí donde deberían enfocarse los programas de rehabilitación”, explicó el profesional.
El investigador recomendó al Ministerio de Gobernación crear las condiciones en el SP para la rehabilitación y eso implica deshacinar las cárceles, crear infraestructura y posteriormente establecer programas específicos, implementar la Ley del Régimen Progresivo y conformar los equipos multidisciplinarios integrados por psicólogos, médicos, trabajadores sociales, para hacer un plan después de que los reos abandonan las cárceles.
