POR C. PALACIOS Y K. CHUMIL
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El Ministerio Público (MP) detalló los hechos y delitos por los cuales 57 personas, entre empresarios, exfuncionarios y particulares son sindicados en el Caso Cooptación del Estado.
Tras la reanudación de la audiencia de primera declaración contra la amplia estructura de corrupción liderada por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, la Fiscalía comenzó las imputaciones de hechos a los sindicados.
Para facilitar la comprensión de la acusación, el MP dividió a los señalados en cuatro grupos: financistas, equipo, contratistas y lavadores.
De acuerdo con la Fiscalía Especial contra la Impunidad, los señalados atentaron contra los fines democráticos del Estado.
FINANCISTAS
El fiscal Julio Barrios Prado explicó al juez que la maquinaria del Partido Patriota (PP), en un inicio, se alimentó de las donaciones de campaña de empresas que no querían que su nombre figurara como financistas, por lo que entregaron los fondos a través de empresas de cartón manejadas por Juan Carlos Monzón Rojas y Víctor Hugo Hernández (quienes ahora colaboran con las investigaciones).
Dicha actividad se encuadra en el delito de financiamiento electoral ilícito, dijo Barrios Prado, cargo por el cual deberán responder las siguientes personas, la mayoría sindicada del delito de financiamiento electoral ilícito:
- Boris Orlando Navas Aguilar, representante de las empresas Vista Hermosa y Hw Constructors
- Max Roberto Burgos Faillace, representante de la empresa Vista Hermosa
- Deni Leonel Linares Juárez, representante de la empresa LJ Constructores, señalado de aportar Q800 mil
- Boris Linares
- Álvaro Mayorga Girón, representante de Conasa, señalado de aportar Q2 millones (cohecho activo y financiamiento electoral ilícito)
- Juan Ortiz Álvarez, representante de Inesco
- Marco Antonio Recinos, representante de Altracsa, señalado de aportar Q11 millones
- Ana Graciela López Gálvez, exgerente Blue Oil, señalada de aportar Q887 mil
- Julio Alejandro Quinto Tobar
- Alberto Rafael de León Escobar (cohecho activo y financiamiento electoral ilícito)
- Juan Carlos Salguero Barrientos (cohecho activo)
- Rudy Geovani Navas
EL EQUIPO
Una vez en el poder, la red criminal del PP, con la intención de enriquecerse con recursos del Estado nombró equipos de funcionarios públicos, que estaban encargados de cobrar comisiones a los contratistas que hacían negocios con las instituciones, dijo el Fiscal. Todos los implicados enfrentan los cargos de cohecho pasivo y asociación ilícita:
- Edna Maribel Berganza Colindres, formó parte de la red que financió de forma ilícita al PP. (Asociación ilícita y financiamiento electoral ilícito)
- Oscar Ludwin Osorio Ovalle, exdirector del Fondo de Desarrollo, quien recibió comisiones por contratos de macro túneles, fertilizantes y pagos de deudas. (Asociación ilícita y cohecho pasivo)
Julián Muñoz Jiménez, era enlace entre empresarios y miembros de la organización criminal. (Asociación ilícita y cohecho pasivo) - Alex Ricardo Girón Martínez, empleado y cobrador de sobornos en la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla. (Asociación ilícita y cohecho pasivo)
- Marvin Díaz Sagastume señalado de cobrar comisiones a contratistas. (Asociación ilícita y cohecho pasivo)
- Emilia Ayuso de León, exdirectora del Registro de Información Catastral, quien presuntamente recibió una comisión de Q400 mil por un contrato de registro de software en dicha institución. Sumado a esto, de acuerdo con el MP,
- Monzón Rojas negoció con la exfuncionaria 60 plazas fantasma, las cuales servían para pagar los servicios de las empresas de cartón de la estructura. (Asociación ilícita y cohecho activo)
- Rudy Leonel Gallardo, exdirector del Registro Nacional de Personas, participó en la adjudicación de un contrato a la empresa de seguridad Super Control 24 (parte de Grupo Escorpión), por el cual pactó una comisión de Q120 mil mensuales y una camioneta para su uso, explicó el investigador. El dinero era entregado por Miguel Ángel Martínez, quien además de ser parte del grupo empresarial era subsecretario de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad. (Asociación ilícita y cohecho pasivo)
- Dwight Pezzarossi, exministro de Cultura y Deportes, también negoció con la empresa de seguridad, señaló el fiscal, ya que las evidencias apuntan a que recibió una comisión de Q25 mil mensuales por la adjudicación de un contrato a la empresa Escorpión. (Asociación ilícita y cohecho pasivo)
CONTRATISTAS
A este grupo se le sindicó del delito de cohecho activo:
- Walter de Jesús López Acevedo, de Ferretiendas. El MP señala que las empresas vinculadas a López Acevedo pudieron haberse beneficiado con Q37 millones en contratos adjudicados al Ministerio de Comunicaciones del año 2012 al 2014. (Cohecho activo y asociación ilícita)
- Karl Cristian Kaeller de León, de Tigsa Fertilizantes. La empresa recibió contratos por al menos Q508 millones en fertilizantes, del 2012 al 2015. (Cohecho activo)
- Julio Rene Barrios Ortega, de Mayafert. Esta empresa y la anterior fueron beneficiadas con la compra por excepción de 800 mil quintales de fertilizante. (Cohecho activo)
- Denis Leonardo Lam, de Aprosev. (Cohecho activo)
- Gustavo Alejos Cambara, fue señalado de ser el intermediario entre las empresas y el nuevo Gobierno para mantener contratos con el Estado. (Cohecho activo y financiamiento ilícito)
- Byron Enrique Barrera Mendez, supuesto testaferro. (Cohecho activo)
- Héctor Hugo Solano Morales, supuesto testaferro. (Cohecho activo)
- Raúl Eduardo Castillo Castillo. Es señalado de haber pagado US$1 millón como soborno para obtener un contrato en el Aeropuerto La Aurora. (Cohecho activo)
- Juan Carlos Salguero Barrientos, de Proyectos e Importaciones de Guatemala. Pagó comisiones por contratos de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás De Castilla (EMPORNAC). (Cohecho activo)
- Abner Antonio Rodríguez Vásquez, de Cesa de Guatemala, Representaciones Comerciales y Dist. Total, Geosistemas y Tecnología Avanzada. Pagó comisión de Q400 mil por un contrato para la venta de software al Registro de Información Catastral. (Cohecho activo)
Tras realizar estas imputaciones el juez Gálvez suspendió la audiencia y la programó para mañana a las 9 horas.
