Según declaraciones de presidiarios y sus familiares, las 21 cárceles del país están completamente hacinadas. La falta de espacios y la anarquía permiten que los privados de libertad también sean abusados y extorsionados por los reos que delinquen en contubernio con personal penitenciario. La capacidad de las cárceles es para 6 mil 809 privados de libertad, pero actualmente hay 20 mil 551.
POR MARIELA CASTAÑÓN
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Parientes de reclusos señalan que no existe separación entre las personas que están en condición preventiva y en cumplimiento de condena, pues la falta de cárceles propicia esa situación.
Las órdenes dentro de los sectores son emitidas por los voceros o encargados de sectores, quienes obligan a pagar a una persona de primer ingreso Q3 mil de talacha o extorsión, además, venden las planchas o camas para dormir, las cuales tienen un costo de aproximadamente Q1 mil en una cárcel de cumplimiento de condena y hasta Q2 mil en una preventiva.
“La única diferencia es el nombre, porque todos están mezclados”, explica una familiar de los detenidos, al consultarle sobre las cárceles preventivas y de condena.
La precariedad en el Sistema Penitenciario (SP) es tan evidente, que un informe requerido en 2015 por la Ley de Acceso a la Información del Ministerio de Gobernación, reflejó que únicamente hay 8 mil 358 camas o planchas para los detenidos, cuando hoy sobrepasan los 20 mil.
CADENA DE EXTORSIONES Y NEGOCIOS
La anarquía permite que los privados de libertad tengan el control, pues las extorsiones o mejor conocidas como “talachas” están enquistados en el sistema carcelario y hasta hoy ningún Director del SP ha logrado erradicarlas.
Las presiones internas y la facilitación de celulares, permite que los reos sigan delinquiendo aun privados de libertad.
Las extorsiones son posibles por la corrupción que impera en la administración de las cárceles, donde se benefician guardias y funcionarios de alto nivel en el SP.
El febrero pasado, Raúl Figueroa, fiscal de Sección Adjunto de la Fiscalía contra las Extorsiones del Ministerio Público (MP), explicó que el año pasado se determinó que un promedio del 90 por ciento de las llamadas extorsivas salieron de las cárceles del país.
Por otro lado, la situación se agudiza porque no existen fuentes de empleo. Los negocios que funcionan en el interior de los centros carcelarios pertenecen a los propios detenidos, estos van desde el alquiler de sillas y mesas plásticas, ventas de alimentos y hasta distribución de drogas.
Según un estudio del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), un 90 por ciento de las actividades remuneradas son trabajos a iniciativa personal del recluso y únicamente un 10 por ciento son trabajos impulsados por el SP y empresas privadas.
Los reclusos conservan su remuneración o ganancia, lo cual le permite cubrir sus gastos personales, “sin embargo, mantener ese dinero en la cárcel no es ideal, ya que esto incentiva la corrupción y el pago de favores. También puede causar problemas cuando se efectúan requisas, ya que el dinero es incautado si no se logra probar que viene de una actividad comercial registrada y aprobada por el SP”, refería un estudio de esta institución.
CASOS DE CORRUPCIÓN
Los casos de corrupción como La Línea, TCQ y Cooptación del Estado, entre otros, también ha provocado hacinamiento en la Base Militar Mariscal Zavala, que hasta el 7 de junio recluía a 196 personas, cuando su capacidad era para 135.
Sin embargo, a criterio de Edgar Celada, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), existe una diferenciación social entre la base Mariscal Zavala y las demás cárceles.
Celada califica la base militar como una prisión “VIP”, que recluye a “delincuentes de cuello blanco”, y que aunque también prevalece el hacinamiento, es en menor escala en comparación con otros penales, donde las condiciones son peores.
LOS PLANES
El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, reiteró que los equipos de trabajo revisan los expedientes de unos 3 mil 500 reos que ya cumplieron con la redención de penas o llenan los requisitos para abandonar las prisiones.
En tanto, está previsto construir dos cárceles en inmuebles extinguidos al crimen organizado, los cuales serán edificados con apoyo de organismos internacionales.
