POR KIMBERLY LÓPEZ
klopez@lahora.com.gt
Este miércoles, las familias que aún se encuentran albergadas en el salón municipal de Santa Catarina Pinula, luego de perder sus viviendas por el alud ocurrido en la colonia El Cambray II, deberán desalojar el lugar.
El presidente de la Asociación de vecinos de El Cambray, César González, explicó que actualmente hay nueve familias que continúan viviendo en el lugar y que no cuentan con una vivienda propia.
“El albergue se cierra el miércoles 15 de junio, desde el 15 de enero se tendría que haber cerrado, pero platicando con el alcalde extendió el tiempo”, explicó González.
Asimismo, indicó que dentro de este grupo de personas próximas a desalojar el albergue en el que han estado luego del derrumbe, algunas han manifestado que no cuentan con los recursos para costear los gastos de una vivienda propia o para alquilar un domicilio.
Son dos las familias que han dicho que no tienen dinero para eso, aseguró.
Frente a esta situación de incertidumbre en la que se encontrarían estas personas, la Asociación de Vecinos se está dando a la tarea de buscar alguna colaboración externa para poder apoyar a las familias con al menos dos meses de vivienda.
Otras, en cambio, ya se han traslado a Santa Catarina Pinula y San José Pinula.
En su mayoría, las familias han optado por buscar a través de sus propios medios, alternativas en vista del retraso que se ha evidenciado en la construcción y entrega de viviendas, de parte del Gobierno.
Sin embargo, algunas consideran como opción regresar a su vivienda anterior, pese a los riesgos de la zona y a los antecedentes del lugar.
Algunas personas decían que por no tener a dónde ir iban a regresar a su casa, como Asociación nosotros les recomendamos que no lo hicieran, declaró.
RETRASO EN EL PROYECTO
Desde la breve gestión del expresidente Alejandro Maldonado, los afectados por el derrumbe recibieron ofrecimientos de viviendas nuevas. No obstante, de manera progresiva estas promesas se fueron disipando, al punto que a más de ocho meses después aún no han recibido este beneficio.
El Ministerio de Comunicaciones explicó que el proyecto de construcción se retrasó por el incumplimiento de pagos a la empresa que se estaba encargando de esa labor.
Actualmente, la cartera le adeuda 2.5 millones de quetzales y la constructora ha dejado el proyecto por dicho retraso en los pagos.
La semana pasada, el Ministerio publicó una licitación para terminar otorgar el proyecto a una nueva empresa y continuar con la construcción de viviendas.
El Ministerio de Desarrollo ofreció que para finales de junio obtendrían de Finanzas una resolución para determinar si aprobarían la ampliación presupuestaria para cubrir la cuota de personas pendientes de indemnización.
La construcción está paralizada porque a la empresa constructora no le han cancelado.
Las autoridades se han comunicado con los vecinos afectados para explicarles que están a la espera de que el Ministerio de Finanzas apruebe una resolución para determinar si permitirán una ampliación presupuestaria para hacer los pagos pendientes de indemnización, que también se han quedado estancados por falta de recursos.
Se supone que esta resolución estaría lista para finales de junio.
