POR REDACCIÓN LA HORA
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El Instituto de Previsión Militar (IPM) no cumple con la Ley de Acceso a la Información, ya que los datos sobre arrendamientos de inmuebles, equipo, maquinaria, o cualquier otro bien o servicio está desactualizado; además, la institución tampoco facilita esa información.
La Ley de Acceso a la Información Pública establece que las instituciones siempre deben tener disponibles y actualizados los datos sobre arrendamientos de sus instalaciones.
Sin embargo, el IPM, en su página web solo ofrece información desactualizada, puesto que presenta datos del 2012 al 2014, lo que limita la labor de fiscalización.
Además, la entidad negó a La Hora los datos concretos que fueron solicitados aduciendo que no los tenían “a la mano” al momento del requerimiento.
Por otro lado, se consultó al Ministerio de la Defensa sobre las propiedades que poseen, incluso las que están en arrendamiento y se informó que debería de hacerse la solicitud por medio de información pública.
En este contexto, La Hora tuvo conocimiento que la institución castrense tiene propiedades cuyos dueños están registrados como sociedades anónimas, pero la institución no facilita la información.
CONTRATOS EN ARRENDAMIENTO
El IPM se encuentra en un impase, ya que tenía previsto realizar la firma de dos contratos de arrendamiento de 73 mil 916.56 varas de terreno para construir un nuevo Estadio del Ejército, un estacionamiento y un centro comercial, sin embargo, la Contraloría General de Cuentas (CGC), se pronunció requiriendo que fuera suspendida.
Al respecto el coronel Javier Robles, gerente del IPM, dijo que al momento están trabajando sobre dos contratos, pero destacó que uno está efectivo, aunque detalló que el segundo, basado en la construcción del proyecto mencionado anteriormente, podría generar una renta de US$40 mil mensuales, más el 10 por ciento de lo que produzca todo el complejo deportivo “de la entrada bruta”.
“Como mínimo de esa entrada sería un aproximado de US$25 mil mensuales más, pero si se suman las dos cantidades más o menos lo que el IPM estaría recibiendo son US$65 mil, algo así como Q7 u 8 millones anuales, más el derecho al uso de 200 parqueos y el derecho del uso de un local”.
Además, Robles indicó que el Club de futbol La Aurora podría utilizar las instalaciones y hacer uso de un gimnasio que se construirá junto con las oficinas administrativas del club, todo en ese mismo lugar.
En contraparte, destacó que de no hacerse el negocio, se debería invertir para mejorar su funcionalidad, ya que según indicó, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) envió un dictamen en el que señala que el área de graderíos y la infraestructura ya cumplió su tiempo de vida y debería ser demolido porque es un peligro.
En tal sentido, el directivo explicó que en lugar de un beneficio sería un costo mantener el estadio y aclaró que están anuentes de lo que la CGC les señale y también están pidiendo la postura de la Procuraduría General de la Nación (PGN).
ABORTAR PROCESO
Consultado al contralor Carlos Mencos, manifestó que en una reunión el pasado martes les indicó que por las características del contrato parecía una concesión o un usufructo oneroso, por lo tanto les solicitó que abortaran el proceso, ya que de no hacerlo podría presentarse alguna acción en su contra.
El contralor Carlos Mencos dijo que abortaran el proceso, ya que se podría presentar una acción de lesividad o nulidad.
