POR KATERIN CHUMIL
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Gabriel Enrique Morales, gerente de la Empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), apeló la intervención y las medidas cautelares sobre la empresa, que fueron decretadas el pasado martes por el juzgado de Extinción de Dominio ante la sospecha de que la misma fue constituida con el único propósito de estafar al Estado, pero sus acciones fueron rechazadas por la justicia.
Nery Lucero, abogado de TCQ, solicitó esta mañana a la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo que se levante la intervención, debido a las consecuencias que esto tiene para la empresa y sus inversionistas, y para eso habló de observar la Ley.
Lucero agregó que: “se le están dando atribuciones a una persona que no le corresponden (el interventor). Única y exclusivamente le correspondería tomar control de la caja, como lo indica la ley”, indicó.
Asimismo, señaló que el juez de Extinción de Dominio se basó en el Código Procesal Penal para dictar la medida cautelar, cuando debió tomar como marco de referencia el Código Mercantil, ya que TCQ es una institución “eminentemente mercantil”.
El Ministerio Público explicó que, aunque TCQ es una empresa constituida mediante las formalidades de la ley, el propósito de su creación fue ganar un contrato de usufructo que resultaba lesivo para el Estado y sumamente lucrativo para los socios.
De acuerdo con la fiscal Xiomara Sosa, la empresa se creó en tan solo 19 días hábiles. “Todo se hizo mediante el mismo bufete: Aguilar Castillo Love Sociedad Anónima y luego trasladaron el noventa por ciento de las acciones a Grup TCB (…) Incluso desde entonces ya existían acuerdos previos para favorecer a TCQ (con el usufructo), ya se habían pagado cohechos”, detalló la investigadora,
Finalmente los magistrados de la Sala de Mayor Riesgo determinaron que la intervención en TCQ deberá de continuar.
PROCESO PENAL
Nuevamente el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti fueron señalados como los cabecillas de una estructura de corrupción incrustada en el Estado.
De acuerdo con las investigaciones, TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de 34 hectáreas sobre el cual se construiría y operaría una nueva terminal, que tenía contempladas tres fases de desarrollo que alcanzarían una inversión de por lo menos 255 millones de dólares.
TCQ aparentemente dotaría al Puerto Quetzal de instalaciones con avances tecnológicos y de seguridad, garantizando eficiencia y productividad en la operación de contenedores.
Sin embargo, se descubrió, que desde enero del 2012 y hasta al menos abril de 2015 se concertó un grupo criminal con roles definidos aliados para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato a favor de la entidad TCQ S.A., destinado a ceder a esa sociedad una porción de terreno de la Empresa Portuaria Quetzal para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores.
