POR KATERIN CHUMIL
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La Cámara de Amparo y Antejuicio del Organismo Judicial recibió a inicios de la semana las solicitudes para retirar la inmunidad del expresidente del Congreso, Luis Rabbé y seis diputados más, por lo que el pleno de magistrados podría dar una resolución esta semana o la siguiente.
Los antejuicios fueron interpuestos hace quince días, pero no fue sino hasta hace dos que fueron entregados a la cámara a cargo de su análisis, indicó el magistrado Néster Vásquez Pimentel, presidente de la misma.
La burocracia del Organismo Judicial y los recursos legales de los sindicados son dos razones por las cuales diversos antejuicios se han prolongado por más de los 60 días estipulados por la ley, indican analistas.
Este es el caso de la solicitud para retirar la inmunidad de ocho diputados del partido FCN-Nación, que por dos semanas estuvo estancado debido que el congresista Óscar Corletto recusó al juez contralor y pidió separarlo del proceso.
Hasta la fecha, a casi dos meses de que fueron presentadas las solicitudes, se desconoce la recomendación que emitirá el juez del caso contra los oficialistas.
Para acelerar el trámite de los antejuicios, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) propuso reformas a la ley de la materia, pero las mismas aún están en discusión.
ANTECEDENTES
El Ministerio Público (MP) y la CICIG presentaron una solicitud de antejuicio contra los diputados Luis Rabbé, Arístides Crespo, César Fajardo, Julio César López Villatoro, Manuel García Chuta, Carlos López y Selvin García, todos de la Junta Directiva del Legislativo del 2015, por supuestamente realizar contrataciones irregulares en el Organismo Legislativo.
La Fiscalía identificó dos modalidades de contrataciones: la primera consistía en contratar personal de forma arbitraria, en irrespeto a las normas de contratación y nombramiento del Organismo Legislativo; la segunda modalidad se trata de la creación de plazas fantasma.
Las plazas fantasma son contrataciones de personal que no se presenta a laborar. Según dijo Aldana, se comprobó que muchos empleados de la Junta Directiva trabajaban a su vez en otras instituciones del Estado o empresas privadas.
Los supuestos empleados de los sindicados llegaban a ganar hasta Q20 mil por servicios de asistencia y consultoría, entre otros, pese a que muchos no tenían el grado educativo necesario para desempeñar tales tareas, indicó Aldana.
De acuerdo con las evidencias recopiladas, dijo la jefa del MP, los miembros de la Junta Directiva se coludieron para repartirse un alto número de plazas laborales.
Los tres sindicados fueron señalados por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción.
