POR KATERIN CHUMIL
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La Política Criminal Democrática del Estado propuesta el mes pasado por el Ministerio Público (MP) es un parteaguas en las políticas de seguridad de “mano dura” implementadas por gobiernos anteriores. Rootman Pérez, secretario de política criminal de la Fiscalía General, señala que la apuesta es un modelo integral de combate a la delincuencia, que toma en cuenta las causas de este fenómeno y las posibilidades de reinserción de las personas en conflicto con la ley.
La Hora: ¿De qué forma esta política criminal se diferencia de otros proyectos similares que han fallado?
Rootman Pérez: Si bien una política criminal, como tal, no ha sido definida, este es el primer proyecto formal en materia de criminalidad que se aborda de una forma integral, incluyendo las causas de origen, hasta el último eslabón del Organismo Judicial (OJ).
No ha existido una iniciativa igual porque las propuestas han sido estrategias o planes que se han presentado. Por ejemplo, la política de seguridad –actual– tiene una parte de los enfoques que plantea esta política, pero cabe resaltar que seguridad es un término muy amplio y afirmamos que este es el primer ejercicio que se hace como Estado para lograr una política criminal nacional, porque las demás propuestas han sido individuales, más aisladas, más pequeñas al abordar a fenómenos sociales.
LH: La efectividad de la política depende, en gran parte, de la voluntad y la coordinación de las instituciones participantes, ¿cómo se pretende lograr esta coordinación?
RP: Es muy importante la coordinación, porque se puede llegar a la población a través de las demás instituciones, promoviendo la cultura de paz de muchas formas para que se logren implementar estos hábitos dentro de nuestra cultura.
Los ministerios que componen al poder Ejecutivo y los otros poderes del Estado, deberán de tener acompañamiento social con propuestas cien por ciento nacionales, reconociendo algunas prácticas de países de Latinoamérica que dan resultados, como República Dominicana que ha logrado disminuir en un 40% el reingreso al sistema penitenciario del país.
LH: Tal como señala la política, los niveles de criminalidad tienen sus raíces en problemas de carácter estructural como la pobreza, la exclusión, la educación, etc. ¿Es posible prevenir el delito a través de acciones institucionales, sin cambiar estas condiciones?
RP: Es muy difícil que pase si no se cambian las condiciones estructurales. Por supuesto que amerita voluntad política y, si no existe un mecanismo que garantice que esa violencia va a hacer modificada con la prevención, es muy difícil probablemente el impacto que se tenga de acuerdo a los tres ejes siguientes. El eje más importante y donde se deben de hacer los mayores esfuerzos es la prevención.
La Política plantea que los tres poderes del Estado de Guatemala: Ejecutivo, Legislativo y Judicial trabajen en conjunto; y debe de ser de una manera integral, porque solo así se van a encontrar las soluciones a esas problemáticas. La política es una ruta en la que ninguna institucionalidad aislada puede lograr echar a andar este proyecto si no se trabaja en conjunto.
Asimismo, la política contempla la creación de un ente –La Comisión Nacional de Política Criminal– para reunirse periódicamente, para decidir sobre las primeras acciones. Esta comisión le va a dar paso de creación a la Secretaría de la Política General del Estado, algo que nunca ha sucedido.
LH: La población, desesperada por la violencia, pide condenas más altas y más drásticas, pero el eje de sanción de la política criminal plantea el fortalecimiento de la resolución alterna de conflictos ¿en qué consisten estas salidas alternas? ¿De qué forma ayudan a enfrentar el fenómeno de la delincuencia?
RP: Se tiene un foco de conflictividad en el centro capitalino del Estado, pero si actuamos violentamente, el pretender generar capturas, desalojos, esto provocaría desastres, porque habría heridos y tal vez hasta muertos si los elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) responden.
En vez de recargar con responsabilidades, buscamos implementar mecanismos de alerta temprana, los cuales serán soluciones alternativas. “El diálogo” será la acción más importante en este tema, muchas de estas salidas alternas que se buscan implementar son las mesas de diálogo que actualmente ya se trabaja con ellas, por lo tanto estas acciones son de corto, mediano y largo plazo.
El Ministerio Público busca coordinar así también una serie de convenios con las autoridades ancestrales para hacer combinaciones con estos líderes y que se puedan resolver algunas problemáticas como en el área ixil, que solamente buscan solución de los problemas por medio del diálogo y dejan constancia de la resolución en una acta, la cual es conocida por las autoridades de justicia. Entonces, la actuación de las autoridades del Estado ya no es necesaria, porque el problema fue resuelto.
LH: ¿Cómo implementar programas de reinserción si no se tiene el control de las cárceles y tampoco los presos tienen condiciones de vida dignas?
RP: Esto solamente se va a lograr con el apoyo integral de la iniciativa privada, ya que ellos pueden sumarse a ayudar para preparar a los reclusos con especialidades técnicas como enseñanzas educativas. Pero no solo termina allí, sino también se trata de abrir puertas y ayudar a reinsertarse para obtener un empleo. Porque ya capacité, ya certifiqué, ya puedo respaldar que la persona que voy a asumir, corriendo el riesgo que tiene la capacidad de adquirir una oportunidad.
Con esta política se busca abordar integralmente las capacidades de cada recluso. Primero, desde la parte profesional y científica. Conocer los motivos, las razones –por las que una persona está en prisión–, conocer el área física en la que debe de permanecer.
Pero tenemos un sistema penitenciario que casi alcanza el 300 por ciento de sobrepoblación, en donde hay muchísima gente, cuando sus casos son aplicables para optar a medida sustitutiva. Por ejemplo, actualmente, existen muchas personas que guardan prisión cuando sus casos propician condiciones para ser beneficiados con un arresto domiciliario, por una caución económica, pero la tradición en nuestro país es prisión preventiva y cárcel.
Consideramos que la prisión preventiva debe de ser para aquellos delitos que lo ameritan, extorsiones por ejemplo, no estamos diciendo que vamos a quitar la cárcel.
LH: ¿Cómo se pretende centralizar el trabajo de investigación del MP, la PNC y el Inacif? ¿Se plantean crear una sola entidad que agrupe a los equipos que ya existen?
RP: Será la Comisión Nacional de Política Criminal que generará estas acciones y no el Ministerio Público. Será esta comisión que identificará problemas, tomará decisiones y finalmente, por ejemplo, el Ejecutivo, el Presidente, quien asume el poder de este órgano, decidirá invertir en proyectos de desarrollo en áreas específicas y el MP se desplazará a esa área a montar una fiscalía. El Mingob lleva una operación espejo en conjunto con la Fiscalía, así como también estarán involucrados todos los entes correspondientes, como el OJ, que estará con sus facilitadores judiciales.
Se planteará a alto nivel lo que las otras comisiones deben de hacer. Así, también, si el MP identifica que se debe de reformar alguna ley, ahí se activará la función del Organismo Legislativo. Esto no va a implicar que se vaya a rozar las independencias de cada institución, sino bien la Comisión solamente estará identificando problemas y ahí abordará a las demás instituciones para saber en qué pueden ayudar.
LH: ¿Tienen las instituciones involucradas suficiente presupuesto para fortalecerse e implementar proyectos, según los lineamientos de la política criminal?
RP: Nuestro criterio es consecuente, todo irá generando una sinergia que es muy lógica dentro del ejercicio que se plantea. Si hacemos un ejercicio de investigación adecuado y generamos una certeza jurídica y un criterio de la ley, a través del sistema de justicia, traerá inversión nacional e internacional.
En una lógica sana –la política– plantea que, si hay mejor inversión, el Estado tenga una mayor capacidad de generar mayor captación del recurso y que, incluso desde la parte de investigación ya lo hemos demostrado. Cuando la investigación se hace de manera adecuada y de forma interinstitucional, como en el Caso de Aceros de Guatemala, en un solo caso se cierra la brecha fiscal que garantiza mayores recursos para el Estado.
Si se continúa así, sin duda las arcas y finanzas del Estado van a ser distintas. El sistema penitenciario tiene previsto que deba tener 20 equipos multidisciplinarios para atender a los reos, pero es un tema que debe de ser con voluntad. Actualmente, el sistema penitenciario solamente cuenta con dos equipos, se debe de asumir esa responsabilidad.
En lo que se logra fortalecer la situación económica del Estado, no se debe de olvidar que nuestro OJ está altamente acompañado con cooperantes, como el MP, Inacif, etcétera. Se cuenta con equipo para hacer investigación y, atendiendo a la limitante de recursos, debemos de recurrir a la cooperación.
La cooperación que ya conoce el proyecto ya ha empezado a acercarse. Ayer por la tarde recibí una llamada de una organización de España, en la que me hicieron saber cómo pueden ayudar en actividades de prevención enganchadas a la política criminal. La comunidad internacional apoya y la misma dinámica va a ir generando mayor capacidad de recursos.
LH: ¿Qué otros obstáculos ven para la política criminal y cómo pretenden superarlos?
RP: Yo creo que la política sí tiene grandes retos que plantear, más en temas culturales, pero es ahí donde hay que apostarle. En el tema de pandillas, continuar con la desarticulación de pandillas no va a terminar con el problema de raíz, porque tienen la capacidad de recomponerse y de reorganizarse, si el Estado toma medidas para recuperar estas áreas y a la población en riesgo.
Primero debemos de recuperar el espacio público e implementar mecanismos de trabajo en conjunto, entre los ministerios del Organismo Ejecutivo con los otros poderes del Estado. Por ejemplo, que el Ministerio de Educación vaya de la mano con el Ministerio Público, que vayan con nosotros a donde vayamos.
Así, también, la política plantea la identificación de la población que tenga riesgo de consumo de sustancias psicoactivas y ofrecerle el acompañamiento gratuito para promover la recuperación de trabajo.
LH: ¿Los focos de corrupción que aún existen en las instituciones arriesgarán la implementación de la política criminal?
RP: Yo pienso que no, porque la ventaja es que es jerárquico, entonces ellos –los miembros de la Comisión Nacional de Política Criminal–decidirán en cuál acción se invertirán los recursos que le des da el Estado. Además, el trabajo del MP continúa con las investigaciones, se siguen haciendo investigaciones y se llevará a juicio a cualquier corrupto.
POLÍTICA CRIMINAL DEL ESTADO
El pasado 27 de abril el Ministerio Público (MP) presentó, de manera oficial, la Política Criminal Democrática de Estado, que se implementará durante los próximos 19 años. En términos generales, la política detalla las directrices que distintas instituciones deberán seguir para enfrentar el fenómeno criminal en el país.
Partiendo de la premisa de que el objetivo más importante es reducir la criminalidad, las autoridades que formularon el contenido de la política plantearon cuatro ejes fundamentales en torno a los cuales girarán las acciones para lograr el objetivo propuesto. Estos son:
– Prevención
– Investigación
– Sanción
– Reinserción
