POR KIMBERLY LÓPEZ
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El Caso de Cooptación del Estado, destapado recientemente por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), ejemplifica cómo a través de las contrataciones, aprovechándose de la vulnerabilidad de Guatecompras y del sistema de adquisiciones, funcionarios del Estado beneficiaban a ciertas empresas corruptoras con concursos de licitación planteados a su medida.
En uno de los documentos expuestos durante la conferencia de prensa del MP y CICIG, se especifica que hubo un proyecto de bases en el sistema de Guatecompras que estaba hecho con características específicas para que ganara “la empresa metropolitana donde los propietarios son el Coronel Bernal Ovando y Francisco Urzúa, ambos pertenecientes al Partido Lider, quienes negociaron con Julio Alvarado, del Directorio del Renap y Solórzano Henkel”, según los documentos mostrados.
El concurso en mención fue publicado por el Registro Nacional de las Personas (Renap) en 2014 y, como confirma la investigación de CICIG, fue adjudicado a la empresa mercantil de nombre comercial “Súper Control 24” por un monto de Q 53 millones 400 mil por la adquisición de servicios de seguridad privada.
Walter Figueroa, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), aseguró que son frecuentes este tipo de concursos “teledirigidos”, que son en donde las bases restringen las características de ciertos bienes que la administración pública quiere comprar y que saben que solo cierta empresa puede ofrecer.
Hay otras formas, indicó el analista, por ejemplo en temas de tiempo para cumplir con los requerimientos de las entidades compradoras, de tal manera que se les filtra información a las empresas corruptoras para que tengan ventajas.
“El que quiere contratar negocia con un contratista, le adelanta los tiempos de publicación de las bases para que pueda presentar su oferta en un periodo específico”, explicó. A esto se recurre generalmente en proyectos de construcción.
Otra de las modalidades, según el analista independiente, Carlos Martínez, es que las Juntas de licitación, cuyos miembros son seleccionados por la institución compradora, se integren por personas estratégicamente seleccionadas para beneficiar a un proveedor, previamente pactado.
Mediante esta opción, los concursos se realizan bajo una imagen de legalidad; sin embargo, constituyen un acto clientelar por beneficiar a particulares.
“En la ley deberían estar establecidas cuáles son las características de los funcionarios que deben formar estas juntas de licitación, por ejemplo, ser altamente calificados e idóneos, además debería haber obligatoriedad de divulgar las razones por las que se adjudicó a un concursante especifico”, dijo.
Los consultados evidenciaron la necesidad de reformar la matriz de compras y los sistemas de rendición de cuentas para asegurar la transparencia en las compras y contrataciones del Estado.
“Hay un proyecto de bases que ya está en Guatecompras, que está hecho para que gane la empresa Metropolitana…”
Documento encontrado en la computadora de Juan Carlos Monzón.
