POR MARIELA CASTAÑÓN
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De acuerdo con el Organismo Judicial (OJ), un total de 105 casos ingresaron al sistema de justicia por discriminación, entre enero de 2012 a abril de 2016, sin embargo, únicamente 13 alcanzaron sentencias.

_Nac16_1bEstadísticas del OJ refieren que en 2012 ingresaron 5 casos por este delito; en 2013, 33; en 2014, 26; mientras que en 2015, 36. En los primeros cuatro meses del año suman un total de 5, según los datos oficiales.

Los casos ingresados al sistema de justicia son mayores, en relación a las 13 sentencias emitidas; de estas 4 fueron absolutorias y 9 condenatorias.

Las estadísticas reflejan que en 2012 solo se alcanzó una sentencia absolutoria; en 2013 se obtuvieron cuatro sentencias, de las cuales una fue absolutoria y tres condenatorias; en 2014 la cifra fue de 0 sentencias absolutorias y 3 condenatorias, mientras que en 2015 se registraron 2 sentencias absolutorias y 3 condenatoria, en tanto este año todavía no se emite ninguna sentencia.

SANCIONES POR DISCRIMINACIÓN

El delito de discriminación está contemplado en el artículo 202 bis del Código Penal, que indica: Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil, o en cualquier otro motivo, razón o circunstancia, que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones, el ejercicio de un derecho legalmente establecido incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre, de conformidad con la Constitución Política de la República y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos.

La normativa agrega, que “Quien por su acción u omisión incurriere en la conducta descrita en el párrafo anterior, será sancionado con prisión de uno a tres años y multa de quinientos a tres mil quetzales”.

La pena se agravará en una tercera parte si el hecho sea cometido por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo o cuando el hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público.

PERSISTE DISCRIMINACIÓN

De acuerdo con Hilda Morales, procuradora Adjunta de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), lamentablemente Guatemala es un país poco tolerante y comprensivo de las diferencias de cada persona.

Según Morales, muestra de la situación es que aún persiste la discriminación en contra de los pueblos indígenas, las mujeres, la población LGTBI (lesbianas, gays, personas transgénero y bisexuales), mientras que no todos los afectados saben que la discriminación es un delito.

“Las personas no se atreven a denunciar, no saben que tienen derecho a hacerlo; la discriminación es un delito”, reiteró Morales.

La entrevistada explicó que el mayor número de casos que ha acompañado la PDH por discriminación son de personas que padecen VIH, que encuentran dificultades para obtener atención médica y oportunidades laborales.

SENTARON PRECEDENTES

Morales dijo que algunos casos han sentado precedente en el país, como el de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, quien en el año 2003 fue afectada por el delito de discriminación, ya que un grupo de simpatizantes del expresidente Efraín Ríos Montt, la insultó al finalizar una diligencia en la Corte de Constitucionalidad (CC).

El grupo le dijo: “Andá vende tomates a la Terminal”, además la empujó y la amenazó. En esa ocasión se individualizó a cinco integrantes de la turba y en el año 2005 inició un juicio por discriminación y amenazas.

Los acusados fueron condenados a tres años de cárcel conmutables, además de una caución económica de Q86 mil cada uno.

Asimismo, el caso la antropóloga Irma Alicia Nimatuj, a quien en el año 2002 se le impidió el ingreso al restaurante Tarro Dorado en la zona 13 por usar su traje típico.

En ese año, el Código Penal no contemplaba sanciones por discriminación, sin embargo, la profesional requirió una campaña de respeto a la diversidad y en contra del racismo.

Este año se inició un proceso legal en contra de ocho diputados de FCN-Nación, por discriminación a la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura.

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