POR VIRGINIA CONTRERAS
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Las recientes reformas a la Ley Electoral establecieron controles para las campañas y los techos presupuestarios de los partidos políticos, pero todavía son insuficientes para evitar que grupos criminales participen en la actividad electoral con miras a la cooptación de las instituciones del Estado.
Analistas consideran que será necesaria una segunda generación de reformas profundas en la Ley para evitar que se siga dando la cooptación del Estado, como se evidenció ayer con la exposición de una red criminal, liderada por exdirigentes del Partido Patriota, en complicidad con empresarios y particulares.
Ayer la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) revelaron una estructura que el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti establecieron para financiar el proyecto político del Partido Patriota.
En el mismo se identificaron tres modalidades de lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito, siendo a través de canales de televisión abierta, con la triangulación de fondos de financiamiento y por medio de la adjudicación de contratos del Estado.
SISTEMA VICIADO
Los analistas consultados indicaron que las reformas a la LEPP contienen mejores mecanismos de control sobre el financiamiento tanto privado como público de las organizaciones políticas, pero señalaron que el sistema político se encuentra viciado y “desvirtuado” de su naturaleza y debido a ello, debe darse la segunda generación de reformas para fortalecer la democracia interna para velar por un bien común y no intereses ocultos y espurios.
Para Astrid Perdomo, analista política independiente, algunos y no menos importantes, mecanismos de control de financiamiento podrían partir del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que deberá basarse en informes que se complementen con instituciones tal como la Contraloría General de Cuentas, Superintendencia de Administración Tributaria y la Superintendencia de Bancos para dar seguimiento a los recursos.
De esta manera, indicó, se podría identificar si el financista tiene fondos lícitos o no para poderlo sancionar en ese momento o trasladarlo a las autoridades correspondientes y se inicie una investigación.
FORTALECER EL TSE
A esta opinión se unió la de Helmer Velásquez, miembro de la Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop), quien añadió que el TSE necesitará financiamiento para que la Unidad de Control Financiero, aunque no sea grande, esté fortalecida y cuente con personal de capacidad técnica.
Velásquez coincidió en que la máxima autoridad en materia electoral debe tener acceso de cruce de información sobre el tema financiero de los donantes y establecer la “calidad” de las empresas que donan, lo que requerirá de reformas importantes.
“Evidenciar si son empresas que tienen un giro normal, clientes, proveedores y que actúan en el mercado para aislar aquellas empresas de papel como a las que han acudido diversos partidos”, explicó el analista.
El mandatario Jimmy Morales anunció ayer que la próxima semana se podrían iniciar las discusiones para la segunda etapa de reformas al sector político, las cuales serán necesarias para fortalecer la democracia en el país y asegurar que lleguen al poder personas honorables.
