Por Redacción La Hora
lahora@lahora.com.gt
Luego de que ayer el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, diera a conocer la existencia de órdenes de captura contra Flavio Montenegro, gerente general del Banco G&T y contra Fernando Peña, presidente ejecutivo de Banrural, así como contra Julio Aldana Franco, gestor de créditos bancarios, estos emitieron sendos comunicados indicando que son respetuosos de las investigaciones generadas en el caso “Cooptación del Estado de Guatemala”, develado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En un comunicado de prensa, el Banco G&T expresó su solidaridad con Montenegro, a quien el MP y la Cicig lo relacionan con el supuesto financiamiento a partidos políticos, indicando que es un profesional respetado y que están seguros de que aclarará su situación en las instancias donde corresponda.
Mientras que el Consejo de Administración del Banco de Desarrollo Rural, Banrural, emitió un comunicado en el que señaló que como institución respetuosa de la ley ha colaborado en todo momento, proporcionando la información requerida por las autoridades competentes.
“Mantenemos una política de puertas abiertas con el sistema judicial porque creemos en la transparencia y en el cumplimiento de la legislación aplicable al sistema financiero del país”, indicó ese Consejo.
Asimismo, ambos señalaron que tomaron las medidas administrativas necesarias para facilitar a los funcionarios señalados el proceso para que pudieran aclarar su situación personal ante las autoridades y seguir con las operaciones normales y cotidianas.
Ayer, el comisionado Iván Velásquez y la fiscal general Thelma Aldana revelaron que el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti constituyeron un “entramado de corrupción para financiar el proyecto político del Partido Patriota (PP) y -tras llegar al poder- enriquecer a sus líderes”.
Esta estructura se alimentó en un inicio de los fondos de sus financistas de campaña y posteriormente de los contratistas del Estado.
