POR SAIRA RAMOS
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Después de 30 años de discusión sobre la necesidad de una ley de aguas y 11 iniciativas engavetadas, la Comisión de Recursos Hídricos del Congreso se propuso elaborar un nuevo proyecto que incluya las sugerencias de distintos sectores sociales, sin embargo, el proceso no se avizora fácil, ya que los intereses y preocupaciones sobre las regulaciones al uso del agua son contrapuestos.
El pasado 31 de mayo venció el plazo para que las diferentes organizaciones sociales y personas interesadas en participar de la discusión sobre la ley de aguas envíen sus propuestas a la Comisión de Recursos Hídricos que encabezan los diputados Ferdy Elías del Frente de Convergencia Nacional (FCN) y y Leocadio Juracán Salomé, de Convergencia.
Luego de la recepción de las propuestas y la redacción de un documento preliminar con base en las mismas, se iniciará un proceso de socialización en cinco mesas regionales.
A la discusión están invitadas universidades, los 48 cantones de Totonicapán, la Cámara del Agro (a través del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras), organizaciones ambientalistas, congresistas y representantes del Ejecutivo.
Se prevé que para el próximo el 5 de agosto el debate haya finalizado y se tenga una iniciativa lista para presentar a la Dirección Legislativa.
La discusión que promueve Elías y Juracán Salomé se plantea ante la falta de control sobre el uso y explotación del agua, así como la creciente contaminación y alteración de ríos y lagos, sin que existan consecuencias para quienes lo hacen.
Prueba de ello es que, según el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA), anualmente se descarga el equivalente a 120 lagos de Amatitlán, aproximadamente 34.32 km3, de contaminación sobre cuerpos de agua. La mayoría de la misma son desechos industriales y municipales.
La necesidad de una ley de aguas se ha planteado desde diferentes sectores por décadas, sin embargo, llegar a un acuerdo sobre qué tipo de regulaciones se deben aprobar será el reto nuevamente.
UNA REGULACIÓN PARA LAS INDUSTRIAS
Los 48 cantones de Totonicapán han manifestado públicamente su desacuerdo con la creación de una ley de aguas, como se ha planteado hasta ahora, porque temen que eso quite la potestad de alcaldes y corporaciones municipales sobre la protección de las cuencas, ya que estas pasarían a ser responsabilidad del Estado, cuando por años han estado dirigidas por los reglamentos de los pueblos y comunidades ancestrales, explica Irma Gutiérrez, vicepresidenta de la Junta Directiva de los 48 cantones de Totonicapán.
Gutiérrez señala que, con el apoyo de abogados mayas, la Junta Directiva comenzó un análisis de las once iniciativas de ley archivadas en el Congreso.
La propuesta de las autoridades indígenas apunta a que se regule la explotación del agua solo para las industrias, ya que “han comprobado” que son estas las principales causantes de la contaminación. Aunado a esto, esperan que “el Estado reconozca, respete y promueva las formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social de los 48 cantones de Totonicapán”.
Además, piden que se respete el derecho de consulta comunitaria de los pueblos indígenas, cumpliendo con los convenios internacionales, dijo Gutiérrez, quien afirmó que con estas propuestas, buscan que el Estado no violente sus derechos comunales y se beneficie únicamente a las empresas “evasoras de impuestos”.
DISPUESTOS A PAGAR POR EL USO DEL AGUA
Los empresarios aglutinados en la Cámara del Agro (Camagro), según su presidente Nils Leporowski, apoyan la creación de una ley de aguas, siempre y cuando esta “sea técnica y no esté politizada, sino que se haga conforme a los requisitos y normas que contempla esa naturaleza”.
Los miembros de Camagro ven con preocupación que el proyecto de ley pueda restringir el uso del agua, otorgando potestad exclusiva sobre su normativa a las comunidades y autoridades ancestrales, como lo propone Juracán Salomé en una iniciativa de ley, la cual para Leporowski es “inconstitucional”.
Los empresarios que conforman Camagro incluso estarían dispuestos a pagar por el uso del agua, si este cobro se impone de forma general y por precios coherentes, dijo el presidente de dicha entidad.
Leporowski advirtió que si se limita el uso del agua para la agroindustria se podría provocar la pérdida de unos 400 mil empleos directos en la Costa Sur.
El presidente de Camagro no cree conveniente que la ley se aplique únicamente a los empresarios, como proponen los 48 cantones, sino que debe aplicarse para todo tipo de explotación.
Leporowski considera que el marco legal de agua debe incluir sanciones por el mal uso y contaminación de los ríos, pero negó que en Guatemala las agroindustrias desvíen ríos, tal como denunció el ministro de medio ambiente, Sydney Samuels.
“El Ministro se extralimitó al mencionar que se están desviando ríos, cuando eso significa agarrar el río entero, meterlo en una finca o propiedad privada y desparecerlo; eso nunca ha sucedido. Lo que sí ha habido son bocatomas, que significa tomar una porción del río para el uso de plantaciones de banano, hule y palma y esto debiera ser sancionado”, dijo el presidente de Camagro.
A inicios del presente año, Samuels anunció que la cartera a su cargo presentaría una iniciativa de ley de aguas al Congreso y que además haría público un informe donde se informaría de la situación del desvío de ríos y cauces, pero a la fecha ninguno de los dos ofrecimientos se ha concretado.
El funcionario, según su equipo de comunicación, se encuentra fuera del país, por esa razón no se pudo consultar sobre lo mencionado.
UNA LEY PARA EVITAR LA CONFLICTIVIDAD
Consultado sobre sus propuestas para una ley de aguas, el ecologista del Colectivo Madreselva, Joseph Fuentes, destacó la importancia de que el Estado garantice el derecho a la consulta comunitaria de pueblos, ya que el irrespeto a las mismas ha desatado conflictividad local.
Para Fuentes, la iniciativa de ley que presentará la Comisión de Recursos Hídricos a la Dirección Legislativa el 5 de agosto, además de lo expuesto por los 48 cantones de Totonicapán, también debe establecer controles sobre las aguas residuales y desechos sólidos.
Asimismo, es necesario imponer sanciones a las personas e industrias que alteren el cauce natural de un río, lago, laguna, manantial o riachuelo, “porque si no se establecen sanciones los abusos se seguirán registrando y eso ocasionará problemas entre los comunitarios”, dijo.
El ecologista cree que la iniciativa de ley debe contemplar el cobro por el uso del agua únicamente para las industrias, incluyendo a las mineras e hidroeléctricas, ya que muchas de estas se aprovechan del recurso lucrar con él, como se da con los grandes megaproyectos y la venta del agua purificada.
LOS “PEROS” EN LA ÚLTIMA DISCUSIÓN
En 2005, cuando el Congreso comenzó a promover la iniciativa 3118, ley de aguas, el ahora diputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Eduardo Zachrisson Castillo, como presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, manifestó su oposición a dicho proyecto. A consecuencia de ello, dicha sala no dictaminó favorablemente a la iniciativa ya consensuada.
Las razones de su oposición, según recuerdan algunos parlamentarios de aquella época, era un asunto personal, por una finca ligada a su familia por el lado materno.
Dicha versión fue negada por Zachrisson Castillo, quien aseguró que se opuso al proyecto impulsado por el exdiputado Alfredo Cojtí porque “no tenía ni pies, ni cabeza”.
“Lo que mencionan es totalmente una mentira. Hace muchos años en el sector de la finca estaban Los Tanques de El Zapote, un lugar a donde todo mundo iba a bañarse, pero ahora ya no está. Lo que ahora hay en el lugar es agua subterránea, como la hay en los pozos que tiene la Municipalidad de Guatemala, que están exactamente a la misma altura después de la Simeón Cañas, zona 2”, dijo el parlamentario del PAN.
Para el diputado Zachrisson Castillo una ley de aguas no debe incluir ningún tipo de sanciones o amonestaciones para quienes alteren el cauce natural de algún río, lago, laguna, riachuelo o manantial, ya que el proyecto solo debe regular el uso del agua.
Sin embargo, señala que si existe un consenso para establecer las mismas, estas deben presentarse como un proyecto de reformas al Código Penal y no dentro de la ley de aguas.
El pasado 13 de abril, los congresistas Ronald Sierra y Boris España Cáceres del Movimiento Reformador (MR), presentaron una iniciativa de ley con la que buscan sancionar con cinco a ocho años de prisión inconmutable y una multa de Q1 millón a Q1 millón 500 mil a cualquier persona que desvíe o altere el cauce de cuerpos de agua.
La multa aumentaría si el hecho fuera cometido por un funcionario, empleado público o personas que deban velar por la inalterabilidad de los cauces, exceptuando a las Municipalidades en la conducción y distribución de agua para el servicio público municipal.
El Congreso aún no aprueba la iniciativa, pese a la demanda de decenas de comunidades y organizaciones civiles que participaron en la “Marcha por el Agua”, del 11 al 22 de abril.
CIFRAS
• El Portal de Recursos Hídricos de Guatemala anualmente registra un volumen de 120 lagos de Amatitlán solo en contaminación por descargas industriales y municipales.
• El lago de Amatitlán tiene una superficie promedio de 15 kilómetros cuadrados, con una capacidad media de 18 metros, y recibe las descargas de 80 industrias que tiran sus desechos directos a ese afluente.
• Desde 1990, la Dirección Legislativa registra once iniciativas de ley que buscan crear una ley de agua. Solo tres han recibido dictamen de las comisiones legislativas. De estas, solo una obtuvo dictamen favorable.
