POR KATERIN CHUMIL
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La legalidad de las llamadas telefónicas interceptadas en el caso contra la empresa Aceros de Guatemala, señalada de defraudar al fisco por Q255 millones, fue puesta en tela de duda por la defensa del sindicado Frank Trujillo.
David Pineda, abogado de Trujillo, señaló que no están de acuerdo con el uso de las llamadas como evidencia en el proceso penal porque éstas presuntamente se realizaron sin la autorización de un juez.
La apelación suspendió la audiencia de primera declaración de Trujillo, quien era abogado de Aceros de Guatemala y supuestamente intervino para que se desestimaran, de forma ilegal, tras denuncias millonarias contra la empresa.
El juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del caso, señaló que antes de analizar los señalamientos contra el abogado, se debe conocer la apelación interpuesta por la defensa.
A la hora de cierre de esta edición, el juzgado aún no había tomado una decisión con respecto a la impugnación.
Por este caso, ocho personas fueron ligadas a proceso y enviadas a prisión preventiva el pasado 3 de marzo.
