POR SAIRA RAMOS
sramos@lahora.com.gt
La Contraloría General de Cuentas (CGC) denunció penalmente a los miembros de la Junta Directiva del diputado Luis Rabbé; ex funcionarios del Congreso y al sindicalista Alfredo Tumax por malos manejos de Q35.5 millones, entre los que figura el pago de Q16.3 millones de más que se hizo efectivo a los trabajadores del Legislativo por el aumento anual del 10 por ciento.
En el resumen de reparos y denuncias presentadas por la CGC al Congreso que resultó de la revisión a la ejecución presupuestaria 2014-2015, se presentaron seis denuncias penales ante el Ministerio Público (MP), cuatro de ellas en contra de los miembros de la Junta Directiva que presidió Rabbé; una en contra de la Directiva que encabezó Arístides Crespo y una más sólo para Crespo como expresidente del Congreso.
En el detalle se especifica que el reparo más grande es de Q18.9 millones. Esto se dio porque la Directiva de Rabbé incumplió el plazo para aprobar los contratos 029 según lo establece la Ley de Contrataciones. Los denunciados por este caso son: Rabbé y su directiva integrada por: Crespo, Julio López Villatoro, Selvin García, César Fajardo, Édgar Cristiani, Manuel García Chutá, Carlos Herrera, Carlos López y el exdirector general, Luis Mijangos.
El segundo reparo es por Q16.3 millones. Este se dio porque los miembros de la Directiva de Rabbé; Mijangos, el director financiero, Marco Tulio Reyna, el exdirector de auditoría, Marvin Méndez, el sindicalista Tumax y la jefa de personal, Mercedes Villafuerte, hicieron un mal cálculo al incremento anual del 10 por ciento a los trabajadores del Congreso, ya que este aumento se hizo sobre el salario total y no sobre la base que tienen los empleados, como lo establece el Pacto Colectivo.
Las otras denuncias en contra de diputados, directivos y exdirectivos del Legislativo son: por autorizar el pago de gastos a 41 empleados asignados a congresistas que salieron al extranjero sin presentar nombramientos para una comisión; por pagar el doble por los servicios ahora del diputado, antes asesor, Carlos López Maldonado, hijo de Carlos López; y por avalar una licencia sin goce de sueldo a Ana Verónica García Segura, para que fuera secretaria privada del expresidente Otto Pérez Molina.
Por este último caso, la Contraloría también denunció a los miembros de la Directiva de Rabbé, excepto a César Fajardo; y a la Directiva de Crespo -2014- integrada por: Juan David Alcázar, Manuel Barquín Durán, Aleksander Castillo Roca, Ana Regina Guzmán, Alfredo Rabbé, hermano del diputado Rabbé y Pedro Gálvez.
Entre tanto, Crespo y la Directiva de Rabbé comparten la denuncia por haber autorizado la contratación de 64 empleados que son familiares entre sí, sin que éstos cumplieran con los requisitos fundamentales para ocupar sus cargos.
OTRAS DENUNCIAS
En el resumen de reparos, la Contraloría también detalla una multa de Q5.4 millones por la falta de manuales de salarios en el Legislativo, por el incumplimiento en contratos de arrendamientos, además, por la falta de nombramiento del director de Recursos Humanos, después que Mercedes Villafuerte fue capturada por un caso de desfalco en el Legislativo que involucró al exdiputado Pedro Muadi.
En el documento entregado al Congreso, la CGC reclama el pago de Q31.7 millones que deberán hacer efectivo los miembros de la Directiva de Rabbé, Mijangos y Villafuerte por irregularidades en el pago de horas extras; y, por la contratación de 319 trabajadores adicionales contratados en los renglones 011 y 022.
HALLAZGOS DE LA CONTRALORÍA
Estas son las denuncias penales interpuestas por la Contraloría General de Cuentas contra el Congreso:
1. Contratos 029 aprobados de forma extemporánea. El reclamo asciende a Q18.9 millones.
2. Incorrecta aplicación del aumento del 10 por ciento al salario de los trabajadores. Q16.3 millones.
3. Avalar la licencia sin goce de sueldo de Ana Verónica García Segura, secretaria ejecutiva.
4. Duplicidad en el pago de servicios del Asesor en renglón 029 a Carlos López Maldonado por Q230 mil 967.74.
5. Contratación de 64 trabajadores familiares entre sí.
6. Autorización de pagos de personal que salieron al extranjero sin cumplir con los procesos adecuados.
