POR KIMBERLY LÓPEZ
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La Hora publicó el pasado sábado documentos secretos de Terminal de Contenedores Barcelona (TCB), que demostraron cómo en febrero de 2012 esa firma española concibió la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) como una concesión, aunque finalmente el proyecto se ejecutó con la figura de usufructo, lo que a criterio de expertos evidenció un caso de fraude de ley.
Los documentos, cuya autenticidad fue confirmada por fuentes oficiales, revelaron la propuesta inicial que se planteó TCB para desarrollar una terminal de contenedores en terrenos de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).
El plan inicial era utilizar la figura de concesión –que requiere la aprobación del Congreso–, pero el proyecto se ejecutó como un usufructo, avalado por autoridades portuarias, y con una serie de anomalías por las que ya hay más de diez personas detenidas, incluido el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
El abogado Alejandro Balsells aseguró que a partir del documento revelado, se deja ver un fraude de ley de parte de quienes participaron en esta negociación. “El fraude de ley es eso, darle un tacuche jurídico a algo que no lo es”, asegura el letrado y explica que se utilizó un disfraz para burlar la ley.
De acuerdo a lo que señala la Ley del Organismo Judicial, en su cuarto artículo, un fraude de ley se da cuando se busca una figura legal para huir de otra figura legal, explica el experto.
“Era una concesión, pero no se quería concebir como concesión. En este caso se buscó otra figura para darle un barniz distinto”, agrega.
Además, el experto asegura que esta práctica es “sumamente grave” y es causa de nulidad.
Por su parte, el abogado Gabriel Orellana señaló que existe una responsabilidad innegable en la Portuaria Quetzal.
“El único que tenía el control para darle caravuelta (al negocio) era la Portuaria Quetzal. Ellos decidieron una oferta y esta era para una concesión. Pero si la Portuaria hubiera obrado conforme a la ley hubieran continuado con la figura jurídica de la concesión”, indicó el experto.
Según Orellana, en este caso el oferente no tiene el control y por ello la responsabilidad jurídica cae en la portuaria, pues es quien tenía la capacidad de resolver frente a esta propuesta.
A lo largo de varios años se han conocido casos en donde grandes empresas utilizan la corrupción como un instrumento de trabajo, sobre todo cuando van a hacer negocios a países en donde el Estado de Derecho es nulo o débil, opinó la experta Carmen Aída Ibarra.
“Compran a funcionarios y cuotas de poder público porque necesitan tener el control de ciertas instituciones para que sus negocios queden asentados y sean prósperos”, agregó.
Al ser consultado, el presidente Jimmy Morales no quiso pronunciarse más que para afirmar que se protegerían los intereses del Estado contra todos, amparados en la ley.
Según el mandatario, este asunto corresponde directamente a la Procuraduría General de la Nación y sería esta institución la que debiera pronunciarse al respecto.
“La presente propuesta tiene por objeto establecer los términos y condiciones de la Concesión Pública para la construcción y operación de la Terminal Especializada de Contenedores de Puerto Quetzal (Guatemala). Dichos términos y condiciones, más adelante deberán recogerse en el correspondiente Contrato de Concesión que las partes deberán negociar de buena fe, y que deberá ser ratificado por el Congreso Nacional de Guatemala mediante el correspondiente Contrato Ley”.
