POR: KATERIN CHUMIL
kchumil@lahora.com.gt
A un año de la revelación del Caso Redes, sobre una estructura de tráfico de influencias que llegaba hasta el Ejecutivo, aún hay cinco personas pendientes de captura, entre ellos los representantes de dos empresas que presuntamente se beneficiaron de la organización criminal: Jaguar Energy y Zeta Gas.
Los prófugos son: Ernesto Córdova, representante de la empresa generadora Jaguar Energy; Luis Alberto Zabala González, gerente general de la empresa Zeta Gas; Williams Esteban Arbizú Luna, jefe de Asuntos Jurídicos de Zeta Gas; Sandra Elizabeth Vargas Aldana, trabajadora de la Secretaria General de la Presidencia, y Carlos Manuel Pinzón, quien era jefe de Recursos Humanos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
De acuerdo con el MP, Córdova, de nacionalidad peruana, es buscado porque Jaguar Energy pagó US$120 mil al secretario general del expresidente Otto Pérez Molina, Gustavo Martínez, para que influyera en el Ejecutivo a favor de la empresa, que desarrolla en Guatemala uno de los proyectos energéticos más grandes de la región centroamericana, valorado en US$900 millones.
Los extrabajadores de Zeta Gas son señalados de utilizar la red para reducir el pago de una póliza para un depósito aduanero, de US$5 millones a Q5 millones (aproximadamente US$650 mil). Para ello, se modificaron documentos legales con la ayuda del exsuperintendente Carlos Muñoz y del acusado de traficar influencias, César Medina Farfán.
En tanto, el proceso legal contra los detenidos continúa en suspenso por un amparo interpuesto por la sindicada Karen Cancinos, presunta testaferro de la red. La acción pretende cambiar el delito de lavado de dinero por el que es señalada.
La semana pasada, la jueza Judith Secaida ligó a proceso al juez José Luis Patán y al exsuperintendente Carlos Muñoz, ambos acusados por su participación en la estructura.
Patán fue ligado a proceso por el delito de cohecho pasivo mientras que Muñoz por los delitos de cohecho activo, cohecho pasivo, tráfico de influencias y asociación ilícita.
El juzgador fue beneficiado con arresto domiciliario y fue arraigado, mientras que Muñoz continuará en prisión preventiva por el caso «La Línea».
El Ministerio Público (MP) tendrá 3 meses para realizar la investigación. Patán habría solicitado dos puestos en la SAT para sus cuñados desempleados a cambio de desestimar el caso.
