POR REDACCIÓN LA HORA
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La Hora tuvo acceso a copias de documentos de la empresa Transportes de Contenedores de Barcelona (TCB), que demuestran cómo en febrero de 2012 esa firma española concibió, en secreto, a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) como una concesión. Finalmente ese proyecto se concretó como un usufructo, lo que a criterio de expertos, se constituye en una de las principales ilegalidades del negocio, por la que empresarios y exfuncionarios públicos guardan prisión preventiva.
Las copias de los documentos, cuya autenticidad fue confirmada por fuentes oficiales, revelan la propuesta inicial que se planteó TCB para desarrollar una terminal de contenedores en terrenos de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).
En la parte introductoria, el documento hace especial mención de que las conversaciones sostenidas para la negociación, entre TCB y EPQ debían “mantenerse en absoluto secreto por ambas partes”.
La propuesta plantea la creación de la Terminal Especializada de Contenedores Puerto Quetzal como una concesión, aunque finalmente el de TCQ, según expertos, se «disfrazó como un usufructo.
Cuando TCB le introdujo el proyecto a EPQ, lo hizo mediante una presentación de 27 páginas que hoy reproducimos de manera íntegra, pero en el cual se establece, en su página 5, lo siguiente:
“La presente propuesta tiene por objeto establecer los términos y condiciones básicos de la CONCESIÓN PÚBLICA para la construcción y operación de la Terminal Especializada de Contenedores de Puerto Quetzal (Guatemala). Dichos términos y condiciones, más adelante deberán recogerse en el correspondiente CONTRATO DE CONCESIÓN, que las partes deberán NEGOCIAR “de buena fe” Y QUE DEBERÁ SER RATIFICADO POR EL CONGRESO NACIONAL DE GUATEMALA, MEDIANTE EL CORRESPONDIENTE CONTRATO LEY. La Procuraduría General de la Nación, en agosto de 2015 señaló que el contrato de usufructo oneroso constituye una posible simulación de concesión, regulado en el artículo 95 de la Ley de Contrataciones del Estado.
CONDICIONES
TCB plantea una concesión mínima a treinta años a contar desde la firma del Contrato de Concesión, como condición básica para construcción del proyecto, siempre y cuando se hubiera liquidado a la totalidad de los empleados de la terminal y se garantizara que no se podría derivar en ningún caso, “ninguna responsabilidad laboral para el Consorcio”.
Entre las otras condicionantes destacan que la Terminal contaría con “todas las autorizaciones y licencias necesarias para operar” y que el contrato de Concesión debía incluir una reserva de las superficies terrestres y marinas previstas para la ampliación de la terminal “a favor del Consorcio”.
En tanto, EPQ sería el responsable de obtener “todos los permisos que solicite el Consorcio y que sean necesarios para la renovación, ampliación y operación de la terminal”.
De acuerdo al documento, entre 2010 y 2011, TCB firmó otros contratos de concesión con Ennore India, Cuba, México, Turquía y Colombia.