POR: KATERIN CHUMIL
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Miguel Ángel Gálvez, juez contralor del Caso TCQ, determinó que el Caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), deberá continuar en un órgano del ramo penal. Después que César Calderón interpusiera una prejudicialidad con la que buscaba que la discusión sobre las irregularidades del contrato de usufructo oneroso con la empresa Terminal de Contenedores Quetzal tendría que ser resuelta en un juzgado del ramo civil, como lo solicitó la defensa del expresidente Otto Pérez Molina.
Ante esto, el Juez Gálvez decidió el pasado jueves que seguirá siendo el Juzgado B, el que conozca dicho expediente. Gálvez señaló en audiencia que en su judicatura no se discute las ilegalidades o legalidades del contrato, sino los delitos incurridos al momento de firmar dicho convenio
EL CASO
De acuerdo con las investigaciones, la Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. y la Empresa Portuaria Quetzal firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de 34 hectáreas sobre el cual se construiría y operaría la nueva terminal, que tenía contempladas tres fases de desarrollo que alcanzarían una inversión de por lo menos 255 millones de dólares. Desde enero del 2012 y hasta al menos abril de 2015 se concertó un grupo criminal con roles definidos, el cual estaba integrado por Otto Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti Elías (líderes de la estructura), Juan Carlos Monzón Rojas y 9 personas más, quienes se aliaron para obtener beneficios económicos por la celebración y ejecución del contrato a favor de la entidad TCQ.
Asimismo, el juez Miguel Ángel Gálvez, contralor del Juzgado B de Mayor Riesgo, confirmó que se ha extendido el periodo a tres meses más, de los 6 meses prorrogados a inicios de este año, luego de que la Sala de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenara a esta judicatura de alto impacto que ya no conociera nuevos expedientes legales. La sala de Apelaciones otorgó este permiso a las Judicaturas A y B por la carga laboral y judicial que mantiene por los procesos que conocen
