POR SAIRA RAMOS
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El portavoz presidencial, Heinz Hiemann, en nombre del presidente Jimmy Morales y el ministro de Finanzas Julio Héctor Estrada, por separado, han preferido no hablar sobre el fraude del contrato TCQ que se concibió como una concesión, en secreto, y terminó en un contrato de usufructo oneroso por el cual ya se pidió la nulidad.
Después que La Hora tuvo acceso a documentos de la Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) que refieren cómo en 2012 esa firma española concibió a Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), en una concesión, pero que finalmente terminó en un usufructo oneroso, el portavoz presidencial se refirió al respecto diciendo:
“El Ejecutivo no se pronunciará más porque la idea es que las instancias correspondientes sean las que se encarguen de otorgar todos los elementos necesarios para que este proceso legal llegue a su –fase final–. Definitivamente hay aspectos legales en esa negociación”, apuntó Hiemann al enterarse de los detalles.
Por su parte, el ministro Julio Héctor Estrada, explicó que no puede referirse a las ilegalidades en que se concretó TCQ porque, por la firma de ese contrato existe un caso penal y civil en Guatemala y probablemente uno a nivel internacional. “No puedo comentarle si hay un fraude, pero sí recordar lo que dije en 2012”.
“En esa oportunidad –cuando aún no era ministro– fui crítico al mencionar que el proyecto pudo haberse dado como una alianza público-privada con una licitación internacional como lo establece la Ley, porque eso ofrecía competencia internacional y mayor transparencia, y esa opción siempre estuvo ahí”, recordó Estrada.
A esas declaraciones, el funcionario agregó: “fui crítico en el momento que se decidió hacer el usufructo oneroso porque pensé que tal vez no –se le– daba las mejores alternativas al Gobierno; al final de este proceso habrá la oportunidad de repetir este mismo proceso, pero antes espero que todo se resuelva en Ley”, dijo.
Los documentos que reproduce La Hora en la nota titulada: “TCB sabía que era concesión pero cambiaron para amañar el negocio”, expone las ilegalidades del negocio de TCQ por la que empresarios y exfuncionarios guardan prisión preventiva
CONCESIÓN DISFRAZADA
A mediados de esta semana, la procuradora María Eugenia Villagrán explicó en una citación en el Congreso cómo el exinterventor Allan Marroquín y el exsubinterventor Julio Sandoval cancelaron 19 contratos de arrendamientos en la Empresa Portuaria Quetzal, los cuales pasaron como usufructos onerosos.
En esa reunión Villagrán apuntó que los exfuncionarios: “–les dieron a los 19 contratos, 15 firmados por ellos– la forma de usufructo para poder hacer el usufructo de TCQ. Utilizaron ese modelo para estandarizar todos los contratos que tenían ahí. Entonces, con esto quedó desvanecido porque a TCQ se le dio un contrato oneroso”.
