POR KIMBERLY LÓPEZ
klopez@lahora.com.gt
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tendrán en sus manos los antejuicios de los siete diputados, quienes fueron señalados ayer por anomalías en la contratación de personal. Analistas opinaron acerca de la necesidad de fiscalizar los vínculos entre el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, toda vez que los diputados son quienes eligen a los magistrados, y en anteriores ocasiones se han observado pactos entre ambos grupos.
Los siete diputados que ahora enfrentan un proceso de antejuicio participaron con su voto en la elección de los magistrados de la CSJ, en septiembre de 2014. (Ver tabla de elección).
La Ley establece que a los diputados del Congreso les corresponde la designación de magistrados de la CSJ y posteriormente, estos son quienes tramitan los procesos de antejuicios.
Según Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, ahora es el momento oportuno para que la Corte demuestre su legitimidad y pruebe su independencia a la hora de tomar decisiones.
Explicó que el reto para ellos es demostrar que no tienen vínculos con diputados, al tomar distancia de aquellos que los eligieron para encontrar soluciones de acuerdo a la ley.
La activista destacó la importancia de exigir cambios constitucionales para eliminar este tipo de ilegalidades en el sistema.
«Los magistrados tienen que entender que las exigencias del pueblo son consecuencia de los abusos que cometieron”, expresó.
De la misma forma opinó Carmen Aída Ibarra, del movimiento Pro justicia.
A decir de Ibarra en casos dados a conocer ayer por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), generan desconfianza hacia la CSJ y el Organismo Judicial.
Ibarra respaldó su opinión en casos pasados en donde diputados salieron ilesos de procesos similares.
Entre estos destacó el caso de los diputados Gudy Rivera, Mirza Arriaga, Jaime Martínez Loaiza y Manuel Barquín, por citar a algunos.
Estos antejuicios no fueron tramitados y nunca se resolvieron. Esto sucede, según la experta, debido a que existen favores pendientes entre diputados y magistrados, no obstante, insistió en que la verdadera actitud debería ser decidir de manera independiente y según las exigencias de la ciudadanía.
CIUDADANÍA ES CLAVE
Debido a que el rol de los magistrados será fundamental en el seguimiento de estos procesos, Mack hizo la invitación a que la ciudadanía ponga atención especial a los magistrados y jueces que al ser electos quedaron «comprometidos», según ellos, con otros políticos.
Por su parte, Ibarra invitó a exigir al Organismo Judicial para que responda a ese clamor de rechazo a la corrupción.
Finalmente, invitó a los magistrados a no contribuir a hacer de la figura de inmunidad una herramienta de impunidad, como ha sucedido.
«Ellos al ser electos por diputados creen que tienen una deuda pendiente, pero eso no es cierto, lo que tienen que hacer es permitir que el sistema de justicia fluya», aseguró.
REFORMAS CONSTITUCIONALES
Para romper el vínculo entre magistrados y diputados, en las reformas constitucionales del sector justicia se propone reformar la forma de elección de la CSJ, a través del fortalecimiento de la Carrera Judicial.
“La administración de la Carrera Judicial es un tema fundamental y por eso se plantea que el Consejo de la carrera sea de carácter permanente. Ese mismo hecho impide que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo integre, puesto que éstos deben estar dedicados a su función jurisdiccional”, dijo recientemente Iván Velásquez, titular de la CICIG.
A decir de Velásquez, el sustraer de sus funciones a un magistrado para que de manera permanente se ocupe de la administración de la carrera judicial significa disminuir la capacidad de la CSJ en el cumplimiento de su función fundamental, que es la administración de justicia.
El comisionado añadió que el Consejo debe estar integrado por siete miembros. De estos, cuatro serán originarios del Organismo Judicial, conformados por un representante de la CSJ, un magistrado de apelaciones, un juez de Primera Instancia y un juez de Paz.
Asimismo, tres personas que serán nombradas por los primeros cuatro, mediante un proceso de selección por oposición deben contar con las características y cualidades requeridas.
