La Abogacía de lo Contencioso Administrativo de la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó hoy la demanda de nulidad del contrato firmado entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). Como medias precautorias se solicitó la suspensión del contrato y la intervención de TCQ.
POR REDACCIÓN LA HORA
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Con la entrega de esta demanda iniciará el proceso para solicitar que se haga nulo el contrato con la Terminal, por haberse acordado en condiciones anómalas, según la PGN.
Además, se solicitó la suspensión del contrato y la intervención de TCQ.
En este caso, las entidades demandadas por la Procuraduría son EPQ y TCQ.
La solicitud de nulidad del contrato en mención fue solicitada por la hasta ahora procuradora María Eugenia Villagrán, con el respaldo del presidente Jimmy Morales.
INFORME DE LA PGN
Una serie de anomalías fueron encontradas por la titular de la PGN y señaladas desde 2015 a través de un documento emitido por la Procuraduría.
En el documento se advierte que el abogado del Estado señaló que el contrato de usufructo oneroso constituye una posible simulación de otro negocio jurídico, denominado concesión, regulado en el artículo 95 de la Ley de Contrataciones del Estado.
Además, se destaca que en el procedimiento se obvió la aplicación de la normativa establecida en la Ley de Contrataciones del Estado, al no realizar un procedimiento de licitación pública.
Otro reparo contenido en dicho informe es que la ley impide concesionar los servicios en los que el Estado, las entidades autónomas y descentralizadas obtengan utilidades.
Por otro lado, al permitir rebajas en las tarifas de TCQ, se puede considerar una competencia desleal hacia EPQ.
En ese año la procuradora Villagrán recomendó declarar la nulidad del mismo, en vista de que la lesividad era una opción legalmente descartada. No obstante, la recomendación no fue atendida.
RESPALDO DEL PRESIDENTE
En abril, el presidente Jimmy Morales aseguró que la nulidad del contrato firmado con la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) sería un hecho.
“En el tema de la declaración de nulidad, es un hecho que se tiene que hacer”, aseguró el mandatario al ser cuestionado respecto a la ruta a seguir ante este contrato.
Más adelante, el presidente informó que giró órdenes a Villagrán, para proceder con la demanda de nulidad, como representante legal del Estado.
A partir de ese momento, la procuradora inició las gestiones para la búsqueda de un grupo de abogados que representara al Estado en el caso. Sin embargo, por falta de recursos y contención de gastos, la decisión final fue que serían los abogados de la institución quienes llevarían el proceso legal.
