POR KATERIN CHUMIL
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En el último año, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) levantaron el manto de impunidad que cubría los negocios de corrupción y revelaron cómo operan las estructuras criminales dentro del Estado, incluyendo a aquellos actores que hasta hoy nadie se atrevía a mencionar: los corruptores. Debido a la capacidad de influencia de este eslabón, analistas coinciden en que un reto del sector justicia es mantener la independencia porque a pesar de que han habido avances, aún falta atacar muchas estructuras de corruptores.
A mediados de febrero, el escándalo rodeó al poder económico, al darse a conocer que Aceros de Guatemala estaba involucrada en un caso de corrupción. Esta empresa figura como una de las productoras más grandes de varillas de acero, tuberías y alambre, utilizados como material de construcción en toda Centro América.
En conferencia de prensa, la fiscal general, Thelma Aldana, y el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, detallaron cómo dicha entidad habría defraudado por Q255 millones a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). También dieron pormenores sobre la obtención anómala de un crédito fiscal a exportadores (un pago del Estado a la empresa) por Q11.8 millones a favor de Tres Puertos, inscrita legalmente como una entidad que presta servicios y gestiones ante la dirección general de aduanas.
Esta estructura criminal fue denominada por los guatemaltecos como “La Línea 2”, ya que las pesquisas iniciaron a partir del análisis de llamadas telefónicas utilizadas como medios de prueba en el Caso “La Línea”.
Desde que se reveló la estructura de defraudación aduanera presuntamente liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, la ciudadanía comenzó a exigir investigaciones contra las empresas que se beneficiaron de “La Línea” y de todas aquellas que han utilizado a la corrupción como una herramienta para hacer negocios.
En julio de 2015, las autoridades detuvieron a 9 empresarios de diferentes nacionalidades que supuestamente hicieron negocios con la organización criminal; sin embargo, tras estas aprehensiones, muchos aclararon que “La Línea 2” no estaba formada por pequeños empresarios, sino por personajes con más poder económico e influencia.
Por esta razón, Andrei González, representante de la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo del caso de Aceros de Guatemala, calificó tal investigación como un logro sin precedentes: “Para mí es algo histórico que se haya descubierto esta red de corrupción, en la que la principal beneficiada es Aceros de Guatemala, que maneja un capital de Q2 mil a Q3 mil millones anuales, y porque las tres querellas penales en contra de esta empresa, fueron de las denuncias de mayor monto económico que existe en esta fiscalía”.
Sin embargo, según detalló el fiscal, las pesquisas de este expediente no son fáciles. “Nunca había sucedido que nos limitaran la información de la empresa investigada y Aceros de Guatemala esperaba más del tiempo razonable, del que ya se le había prorrogado, para que entregaran las indicaciones que se solicitaban. Uno de los ejemplos claros fue cuando se pidió un archivo digital y el disco, aparte que llegó tarde, no tenía nada, estaba vacío. Por parte de ellos aseguraron siempre que los documentos se encontraban dentro”, dijo.
El fiscal de delitos económicos explicó que otra particularidad del caso contra la empresa de aceros es que usualmente los representantes legales de las entidades mercantiles no son los dueños, ya que éstos prefieren delegar la responsabilidad a trabajadores, pero en el proceso en cuestión sí se procedió contra los dueños de la empresa y socios mayoritarios: José Luis Gabriel Abularach, José Raúl Paiz Valdez y María Eugenia Valdez Gómez.
NO ES LA ÚNICA
Aceros de Guatemala es solo una de las empresas que, de acuerdo con los entes de investigación, sobornaron funcionarios públicos para beneficiarse económicamente. Otras entidades privadas señaladas son: Zeta Gas, Jaguar Energy, Droguería Pisa y TCB (Ver recuadro: Millones en juego).
Según revelaron las pesquisas alrededor de estos negocios de corrupción, las empresas se sirvieron de estructuras dentro de las instituciones públicas para lograr sus objetivos. “Son redes de corrupción compuestas por entes externos e internos, legales e ilegales. Su forma de operar la empezaron a consolidar desde hace algunas décadas para cooptar las instituciones del Estado”, explicó Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack.
Para la activista, “se deben de seguir investigando ciertos puntos estratégicos. Estos son grupos que forman parte de grupos empresariales privados, pero todavía no se ha determinado en las investigaciones”.
El fiscal González explica que, tal como sucedió con el Caso “La Línea”, cada investigación por corrupción proporciona mucha información a partir de la cual se pueden abrir nuevos expedientes. “- En el Caso Aceros de Guatemala – el impedimento que se ha tenido hasta ahora es que no tenemos juez contralor, pero la investigación sigue en curso y han salido a relucir nuevos nombres, tanto de trabajadores públicos, como de entidades privadas. Figuran como 20 empresas“, señaló.
UN RETO PARA LA JUSTICIA
Analistas consultados coinciden en que las investigaciones contra grupos de gran poder político y económico son un reto para la justicia, ya que, como también se ha revelado en los casos del MP y la CICIG, existen jueces y magistrados con vínculos a estructuras de corrupción.
“Las estructuras criminales siguen operando, las instituciones del Estado no están preparadas para una depuración general. Para depurar el Estado de Guatemala se requiere de una voluntad política y todavía no se ha hecho mucho. Ustedes mismos – La Hora – han denunciado esos pactos de impunidad entre los diputados y magistrados del sector justicia, y por eso mismo esa lucha debe de ir con más fuerza”, explicó Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas.
De acuerdo con Carmen Aída Ibarra los esfuerzos de la justicia no deben dejar de apuntar hacia los corruptores. “Faltan personas que deben ser investigadas, porque la carga está puesta en los funcionarios y los que eran intermediarios, mientras que los empresarios solo han sido señalados, pero no capturados. No se ha llegado al corazón del verdadero problema”, indicó.
MILLONES EN JUEGO
De acuerdo con el MP y la CICIG estas son algunas de las empresas que utilizaron estructuras de corrupción en el Estado para beneficiarse económicamente. Las cantidades que estaban en juego en las negociaciones ilegales son millonarias.
ACEROS DE GUATEMALA
Q255 millones 612 mil 266
Aceros de Guatemala evitó pagar Q255 millones 612 mil 266 en impuestos a la SAT aprovechando una red de corrupción en la que participaba el entonces exsuperintendente Omar Franco. Según las investigaciones, manipularon documentos sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa para que se desestimaran tres querellas en su contra.
JAGUAR ENERGY
US$ 900 millones
Jaguar Energy pagó US$120 mil al secretario general del expresidente Otto Pérez Molina, Gustavo Martínez, para que influyera en el Ejecutivo a favor de la empresa, que desarrolla en Guatemala uno de los proyectos energéticos más grandes de la región centroamericana, valorado en US$900 millones. Es así como el exfuncionario resolvió varios problemas legales de la compañía.
ZETA GAS
US$ 5 millones
Zeta Gas redujo el pago de una póliza para un depósito aduanero de US$5 millones a Q5 quetzales (aproximadamente US$650 mil). Para ello, se modificaron documentos legales con la ayuda del exsuperintendente Carlos Muñoz y del acusado de traficar influencias, César Medina Farfán.
TCB/ TCQ
US$200 millones
Una estructura de corrupción se organizó desde el Ejecutivo para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución de un contrato a favor de la entidad TCQ S.A., destinado a ceder a esa sociedad una porción de terreno de la Empresa Portuaria Quetzal para la construcción, desarrollo y operación de una terminal de contenedores. La inversión total del proyecto es de US$200 millones.
