POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt
En más de 7 años murieron en el país 34 mil 894 personas por heridas de arma de fuego. La situación es compleja porque no hay certeza de cuántos delitos contra la vida ocurren con armas legales e ilegales, pues todas las instituciones involucradas en regular el tema manejan estimaciones, pero no datos certeros que indiquen la realidad de los casos.
ARMAS LEGALES
Aunque en el año 2009 entró en vigencia el Decreto 15-2009, Ley de Control de Armas y Municiones, la cual buscaba regular el control del armamento que circula en Guatemala, no existen limitaciones sobre la cantidad de armas que puede adquirir una persona y esto se refleja en las 267 mil 029 licencias de portación y las 553 mil tenencias que ha extendido la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) en más de 7 años, a pesar de las más de 34 mil muertes cometidas con estos objetos. (Lea el recuadro Muertes por arma de fuego).
Según Óscar Montecinos, director de la Digecam, la tenencia y portación de armas son un derecho que está regulado en el Artículo 38 de la Constitución Política de la República. (Lea el recuadro Tenencia y portación de armas de fuego).
La normativa literalmente refiere: “Tenencia y portación de armas. Se reconoce el derecho de tenencia de armas de uso personal, no prohibidas por la ley, en lugar de habitación. No habrá obligación de entregarlas, salvo en casos en los que fuera ordenado por juez competente. Se reconoce el derecho de portación de armas, regulado en la ley”.
Carmen Rosa de León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), cuestiona la cantidad de armas que puede tener y portar una persona; lamenta que esto se dio tras una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) tras la entrada en vigencia de la disposición legal.
La representante de Iepades explica que esto ocurrió al cambiar una palabra, pues en uno de los enunciados se hablaba de “la licencia” y después se presentó un amparo por parte de las compañías de armas, donde la CC resolvió que la palabra “la” podía interpretarse como varias.
“Si el arma es para defensa ¿Para qué quiere tener 50 armas? Si tiene una es más que suficiente, ahí es donde existe una incompatibilidad del bien común frente a los dueños o quienes están armados. Ese número ilimitado se presta a que haya personas que tengan hasta ejércitos privados con las licencias que tienen”, argumenta la entrevistada.
¿CÓMO SE OBTIENEN LAS ARMAS LEGALES?
De acuerdo con el Director de Digecam, ahora existen más “controles”, pues a partir del cambio de Dirección de Control de Armas y Municiones (Decam) a Digecam en 2009, se regularon tres evaluaciones para quienes buscaban obtener una primera licencia de portación, estas son: psicológica, teórica y práctica. Antes no se requerían esas pruebas. (Lea el recuadro Evaluaciones psicológicas).
Montecinos explica que la prueba psicológica sirve para evitar que “un desquiciado” use un arma; en ella se evalúan rasgos de personalidad y agresividad. En la evaluación teórica se verifica el conocimiento de la ley y las sanciones que conlleva no cumplir con la normativa, mientras que en el área práctica representantes de Digecam evalúan que el aspirante pueda disparar y conozca su arma, esto se determina en 6 tiros en un polígono.
Para Carmen Rosa de León, no existe certeza, principalmente de las pruebas psicológicas que realizan en Digecam, pues no se sabe bajo qué parámetros se efectúan las mismas, ni quién decide si alguien aprueba o reprueba.
“No hay posibilidad de mayores controles y transparencia. Esas evaluaciones deberían dárselas a una universidad o a una institución del Estado que realmente pueda realizar ese peritaje, no Digecam, porque no sabemos qué psicólogos se están contratando”, refirió.
La Hora requirió a Montecinos una explicación de quiénes son las personas que evalúan a los aspirantes a portar un arma y bajo qué parámetros se realiza la evaluación psicológica, pero se limitó a decir “que se analizan rasgos de personalidad”, sin destacar más detalles, a pesar de la insistencia.
El funcionario agregó que aunado a estos requisitos está la edad de un portador de arma, que ahora debe tener 25 años y no 18 como era antes.
A criterio de Montecinos, la ley es flexible en cuanto a la cantidad de licencias que se pueden extender y por ello se tendrían que hacer algunas correcciones en el futuro, sin embargo, agregó, la mayoría de delitos se cometen con armas ilegales. Muestra de ello es que según él, solo el 5 por ciento de las armas que se encuentran en el almacén de Digecam y que están sometidas a un proceso legal fueron usadas para un hecho delictivo. (Lea el recuadro Capturados por portación ilegal de arma de fuego).
“La ley es bastante flexible en ese sentido, no tiene un límite, cualquier persona puede tener, 5, 10, 20, 100, 400 armas. Y en portación es igual: usted puede tener derecho hasta a 20 armas. Usted saca una licencia y puede inscribir 3 armas de fuego. Usted puede sacar tres armas en cada licencia, puede tener su pistola, su escopeta, su fusil, hay mucha flexibilidad en la Ley y es un punto en el que estamos trabajando para que en un futuro se corrigieran esas debilidades”, refiere.
Además, “Debe regularse la ley para que no existan esos vacíos legales, pero el problema no es tanto ahí, tenemos una estadística de que con esas armas que están registradas en la Digecam se cometen menos delitos, las armas con las cuales se cometen más delitos son las que no están registradas, las que han entrado ilícitamente, las que se mantienen clandestinamente en el país, ahí tenemos el problema”, dice.
ARMAS ILEGALES O NO REGISTRADAS
En abril de 2011, La Hora publicó el reportaje “Renta de armas calientes se cotiza entre Q300 y Q1 mil”, donde se explican que a esas armas se les denominan “calientes” por su uso en la comisión de varios delitos. En ese negocio se involucran organizaciones criminales con una amplia capacidad logística que intentan evadir a las autoridades en las investigaciones que se realizan sobre crímenes cometidos en la capital y localidades vecinas.
La renta va de acuerdo al calibre del arma, es decir las armas cortas de 9, 22 y 38 milímetros pueden costar entre Q300 a Q500 por noche, mientras que una subametralladora podría costar hasta Q1 mil. Si la persona que alquila el arma la pierde debe pagar hasta Q4 mil, debido a que pone en riesgo al grupo delictivo que las alquila y a la cadena de personas que utilizaron el artefacto para cometer crímenes.
Según los análisis policiales, una pistola involucrada en un atentado puede utilizarse en diferentes zonas, puede empezar a circular en la zona 18, en Mixco, Villa Nueva y finalmente puede regresar al lugar de donde inició su uso.
Las pesquisa realizadas por la Policía detallaron que alquilar un arma es más complicado que comprarla, ya que en esta actividad solo se involucra a personas o grupos conocidos por los distribuidores del armamento, o bien a grupos delictivos.
A este problema se suman las armas vendidas en el mercado negro, pues las investigaciones realizadas determinan que uno de estos objetos puede costar entre Q2 mil a Q3 mil.
SIN CERTEZA
Aunque el director de Digecam estima que el 5 por ciento de delitos contra la vida que ocurren en el país son con armas ilegales, no hay certeza ni veracidad sobre el dato.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), hasta el año pasado firmaron un convenio con la Digecam para confrontar las 80 mil muestras balísticas recopiladas de 2010 a la fecha, pero por falta de recurso humano aún no se ha logrado realizar todas esas comparaciones, pues apenas trabajan en un pequeño porcentaje de casos específicos que el MP ha requerido.
Por otro lado, persisten otros desafíos, ya que la licencia del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS) o el software especial de la Digecam dejó de funcionar por falta de recursos económicos; la empresa que le daba mantenimiento a ese servicio dejó de hacerlo a partir de mayo de este año por falta de pago. Esto incidirá en el trabajo en conjunto que realizan con Inacif, pues no se podrán comparar los datos del IBIS entre sí, hasta tiempo indefinido. Es decir, de momento no se podrá establecer sí un arma usada para cometer delitos está registrada legalmente en Digecam, indicó el jefe de esa Dirección.
En tanto, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Nery Ramos, estima que un 92 por ciento de los asesinatos que ocurren anualmente podrían ser cometidos con armas de fuego no registradas y un 8 por ciento con armas legales.
“En cada caso no se establece de forma inmediata sí se cometió con un arma legal o ilegal, sino es con la investigación que se lleva con las unidades de la División Especializada en Investigación Criminal. De acuerdo con los resultados de las armas vinculadas con los asesinatos, son armas sin licencias de portación y un pequeño porcentaje corresponde a arma con licencia de portación. Estamos hablando de un 8 por ciento de armas legales y un 92 por ciento de ilegales”, explicó Ramos.
El dato proporcionado por el Director se basa en los casos resueltos y las armas incautadas a las estructuras de la delincuencia y el crimen organizado.
DELITOS CONTRA LA VIDA
Representantes del Inacif y de la PNC coinciden en que es más fácil identificar un arma registrada en un hecho delictivo, que la no registrada.
De acuerdo con Inacif, en la muerte del chef Humberto Domínguez, localizado sin vida en abril de 2014, así como en los crímenes cometidos por la banda de secuestradores y asesinos Sierra Ovando, desarticulada en el mismo año, y en las violaciones y robos de mujeres en la Calzada Roosevelt, en 2012, se determinó que las armas usadas por esas estructuras estaban registradas legalmente.
Según uno de los profesionales entrevistados, en el caso de la banda Sierra Ovando, se determinó ese extremo, por medio del IBIS.
“En aquella ocasión, tuvimos una reunión con el Ministerio Público (MP) y les dijimos que sí tenían sospecha de que el arma era legal, que mandaran la huella balística, nosotros la subimos a nuestro IBIS y buscamos. Hay muchos casos que tienen hechos delictivos con armas registradas legalmente. La banda Sierra Ovando es uno de los ejemplos, porque ellos usaban solo armas registradas legalmente”, explica el profesional.
ANUNCIAN REFORMAS, EXIGEN MAYOR REGULACIÓN
Según el director de Digecam, trabajan con el diputado José Ubico para realizar reformas a la Ley de Control de Armas y Municiones. Estas consistirían en registrar las armas por medio de una declaración jurada emitida por un abogado, y la otra acción busca dar una amnistía para quienes no actualizaron los datos de su arma cuando hubo el cambio Decam a Digecam.
En tanto, el diputado Ubico dice que con las reformas a la normativa, buscarán que el plazo de actualización del registro de un arma se extienda a dos años más, ya que estima que un 66 por ciento de las armas se quedaron registradas en Decam y no en Digecam.
También refiere que buscarán que las armas se registren con una declaración jurada, porque muchas son herencia en las familias, en tanto, según él, la Comisión de Gobernación ya habría dado un dictamen favorable para ello y determinó que en tres años se realizarán las diligencias.
“Recuérdese que hay muchas armas que vienen por herencia, de un abuelo, y no tienen ni papeles o no están registradas en la Digecam, a la hora de que exista una declaración jurada se puede presentar una factura de alguna armería que en aquellos años solo manejaba factura, y sí no se tuviera eso con una declaración jurada. Nosotros hicimos la propuesta que se pasara en dos años la declaración jurada, pero creo que la Comisión de Gobernación ya dio un dictamen favorable y quiere que sea en tres años”, indica el congresista.
Carmen Rosa de León, opina que se debería trabajar en la regulación de la cantidad de armas que puede tener cada persona. Aunado a ello, la entrevistada no cree que la declaración jurada sea la mejor medida porque esto podría dar lugar a que un arma comprada en el mercado negro pueda registrarse por medio de una declaración jurada.
