POR VIRGINIA CONTRERAS
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El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó el reporte de Derechos Humanos de Estados Unidos para Guatemala, el cual detalla que los principales abusos cometidos en la materia, en 2015, incluyeron corrupción institucional generalizada, participación de las fuerzas militares y policiales en delitos graves y violencia social.
En el primer punto, señala que estos hechos se cometieron en los sectores judicial y policial; en segundo lugar, indica que las fuerzas de seguridad fueron partícipes en secuestros, tráfico de estupefacientes, trata de personas y extorsión. En tanto, añade que la violencia social llegó a ser letal contra las mujeres.
El documento agrega que se informó que el gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o extrajudiciales de periodistas, activistas de derechos humanos, candidatos políticos y sindicalistas.
PRISIONES
Explica que las condiciones como el hacinamiento en las cárceles pusieron en peligro la vida de quienes se encontraban privados de libertad, por lo que se registraron numerosos casos de asesinatos entre los mismos reclusos. Ninguno de los casos fue investigado ni se llevó a juicio.
“Los ataques sexuales, la falta de saneamiento y atención médica adecuados, así como el craso hacinamiento siguieron poniendo en grave riesgo a los reclusos”, señala el informe.
En esta misma línea, manifiesta que según el registro del Sistema Penitenciario, prisiones diseñadas para recluir a 6 mil 742 personas, al 2 de diciembre, alojaban a 19 mil 972 prisioneros, entre quienes se encontraban mil 822 mujeres.
“La venta y el consumo de drogas ilícitas siguieron siendo generalizados. Los oficiales penitenciarios continuaron denunciando la falta de seguridad y control, incluso los intentos de fuga, peleas entre pandillas, la incapacidad de controlar el contrabando de bienes dentro de los centros penitenciarios y la fabricación de armas”, menciona el estudio.
JUSTICIA
En el ámbito judicial precisa que jueces, fiscales, demandantes y testigos denunciaron amenazas, intimidación y vigilancia, sobre todo por parte de las organizaciones narcotraficantes.
Tanto así que para fines de septiembre, el fiscal especial para delitos contra los funcionarios judiciales había recibido 202 denuncias de amenaza o agresión a los funcionarios del poder judicial, en comparación con 171 casos en 2014.
CORRUPCIÓN Y OTROS DELITOS
En este apartado, relata que a principios de noviembre, el Ministerio Público informó el arresto de al menos 602 funcionarios públicos durante el año debido a corrupción y abuso de autoridad.
Por otro lado, indica que la violación y otros delitos sexuales siguieron siendo problemas graves. Datos del MP, refieren que a finales de octubre había 11 mil 449 informes de agresión física o sexual. Durante ese mismo período, se dictaron 527 condenas por agresión física o sexual a mujeres.
