POR SAIRA RAMOS
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Los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que dan seguimiento al Caso de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), preparan una denuncia penal en contra del ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, a quien señalan de tráfico de influencias.
La UNE señala al funcionario por supuestamente ser el responsable de concretar una reunión entre funcionarios del Ejecutivo y empresarios de Maersk, dueños de TCQ, para hablar sobre el contrato de usufructo oneroso.
El presidente Jimmy Morales concretó la reunión con “buen pie” porque se mostró a favor de la inversión extranjera, según dijo Susanne Marston, de APM Terminals –del grupo Maersk-, en una citación legislativa.
En esa misma reunión, según el diputado Orlando Blanco, el Ejecutivo pudo haber alcanzado acuerdos y beneficios a favor de Maersk para que esa compañía no salga afectada por la demanda de nulidad del contrato TCQ.
A decir de Blanco, a la fecha existen varias inconsistencias entre lo que debe hacer la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Ejecutivo con respecto al contrato TCQ, lo cual pudo derivarse de la reunión que concentró Estrada.
Ante lo expuesto por el diputado, La Hora intentó hablar con Estrada, sin embargo, previo al cierre de esta edición no se logró localizarlo vía telefónica, pero antes el funcionario ya había negado a este vespertino los señalamientos del legislador.
“Yo no organicé absolutamente nada, lo desmiento. Me pregunto a quién se le ocurre esto. Siempre he sido abierto; estaba presente ese día –en la reunión- porque el Presidente se hace acompañar de sus asesores en sus reuniones”, afirmó Estrada.
