POR KATERIN CHUMIL
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Edgar Barquín, expresidente del Banco de Guatemala y excompañero de fórmula de Manuel Baldizón está dispuesto a aceptar, ante el juzgado B de Mayor Riesgo, que traficó influencias para la red de lavado de dinero de Francisco Morales Guerra alias “Chico Dólar”. Así mismo, otros tres implicados en el proceso contra la estructura criminal admitirán ser responsables de los hechos imputados por el Ministerio Público.

Según información del Ministerio Público (MP) cuatro sindicados en el Caso Lavado y Política aceptaron declararse culpables para enfrentar un proceso penal abreviado.

Uno de estos señalados es el exvicepresidenciable de Líder, Edgar Barquín, cuyo abogado presentó un memorial la semana pasada pidiendo acelerar el juicio en su contra.

Catalina Monroy, exsecretaria de Chico Dólar, quien se encuentra sindicada de falsificación de documentos privados, también hizo la misma solicitud.

Los otros dos sindicados que quieren ser beneficiados con un “juicio exprés” son el exgobernador de Jutiapa, Miguel González, y el particular, Giovanni Zúñiga, quienes supuestamente desviaron fondos de la alcaldía de dicho departamento aparentando una compra de piedrín, la cual respaldaron con documentación falsa.

“Todos colaboraron con la red criminal dirigida por “Chico Dólar” cuyo objetivo era lavar dinero proveniente del narcotráfico y en algunos casos este dinero fue utilizado para financiar campaña política del partido Gana – Gran Alianza Nacional -”, indicó uno de los fiscales del caso.

PROCESO ABREVIADO

De acuerdo con el Código Penal, el procedimiento abreviado busca acortar el proceso penal normal, dictándose sentencia de manera inmediata, previo al cumplimiento de ciertos requisitos.

Para poder optar por un proceso abreviado los delitos imputados no deben tener penas mayores a los cinco años y el sindicado deberá admitir los hechos de los que le acusa el Ministerio Público.

ANTECEDENTES

Por este caso están ligados a proceso 11 personas, entre ellas “chico dólar”, quien entre el 2008 y el 2011 recibió grandes sumas de dinero en efectivo. Se documentaron 686 transferencias al exterior que ascienden a US$33 millones (aproximadamente Q255 millones), pero se estima que las operaciones de lavado podrían llegar a Q937 millones. Para la realización de sus actividades ilícitas contó con la participación de familiares, particulares y funcionarios públicos.

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