POR KATERIN CHUMIL
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Vladimir Aguilar, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aseguró que cuando fungió como Procurador General de la Nación (PGN) nunca tuvo en su poder el contrato de usufructo a favor de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal, que según investigaciones fue pactado de forma ilegal por una estructura de corrupción, por lo que se declaró inocente de los señalamientos en su contra.
Aguilar reiteró su inocencia ante los medios de comunicación esta mañana, cuando se presentó a la sede central del Ministerio Público para ponerse a disposición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
“Mi comparecencia ante la FECI es para procurar y ratificar mi disposición de forma voluntaria de poder colaborar con toda la investigación objetiva que va a estar realizando el Ministerio Público (MP)”, dijo Aguilar, y también aseguró que nunca conoció el contrato por el cual se le investiga.
Aguilar renunció a su magistratura hace una semana para enfrentar la denuncia en su contra por asociación ilícita, fraude, omisión de denuncia e incumplimiento de deberes.
El jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, negó que Aguilar se haya acercado al MP para constituirse como colaborador eficaz.
Sobre las medidas en su contra Aguilar explicó: “Tuve conocimiento por los medios de comunicación de la medida cautelar en mi contra (arraigo) y en ningún momento he esperado una orden de captura, ya que el mismo martes (día en que el Congreso aceptó su renuncia) presenté un escrito en el Tribunal Control de Garantías y también un escrito en la FECI poniéndome a la disposición”.
Al cuestionarlo sobre si mantiene comunicación con los magistrados de la CSJ, señaló que no ha hablado con nadie, ni siquiera con el magistrado Douglas Charchal, quién también se encuentra bajo investigación por este caso.
EL CASO
La solicitud para retirar la inmunidad a Aguilar fue interpuesta por diputados del partido Encuentro por Guatemala (EG), por incurrir en “omisión de denuncia” en el caso de las irregularidades presentadas en la firma de un contrato estatal con la empresa Terminales de Contenedores Quetzal (TCQ), cuando fungió como Procurador General de la Nación.
El antecesor del ahora magistrado, Larry Robles, también fue denunciado. Los aludidos fueron señalados porque como procuradores afirmaron en repetidas ocasiones que el contrato de TCQ no era lesivo para los intereses del Estado, pero las investigaciones por este caso revelaron lo contrario.
