POR REDACCIÓN LA HORA
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Tras comprar a Grupo Marítimo TCB y pese a la polémica desatada por el usufructo en Puerto Quetzal, la compañía holandesa APM Terminals mantuvo a Ángel Pérez Maura como vicepresidente del consejo directivo de la subsidiaria Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), según detalla el reporte de auxiliares por sociedad hasta el 25 de abril de 2016.

TCQ logró, a través de sobornos a funcionarios, un contrato de usufructo oneroso con la Empresa Portuaria Quetzal, según revelaron investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), las cuales se hicieron públicas el pasado 15 de abril.

Por este caso, Pérez Maura, quien es señalado de haber participado en tales negociaciones ilícitas, tiene una orden de captura internacional por asociación ilícita, cohecho activo y fraude. El español es uno de los cinco prófugos en el caso de corrupción.

Asimismo, el reporte de auxiliares de TCQ indica que al 25 de abril Juan José Suárez Meseguer, capturado y procesado por los mismos delitos que Pérez Maura, quien continuaba como gerente general de la empresa.

INVESTIGACIONES CONFIRMAN SOSPECHAS

El ruidoso convenio entre TCQ y EPQ se firmó el 11 de julio de 2012, pero no fue sino hasta la Semana Santa de 2013 que Otto Pérez Molina confirmó el usufructo para TCQ por un plazo de 25 años, prorrogables por otros 25 años más.

El contrato, firmado en secreto y filtrado a la prensa, fue cuestionado por expertos en su momento quienes criticaron que se utilizara la firma de un usufructo para disfrazar una concesión a favor de TCB.

Seguidamente a la confirmación del acuerdo, Encuentro por Guatemala y Lider denunciaron ante la CICIG las visibles irregularidades de la firma del contrato, el cual no respetaba la Ley de Contrataciones del Estado según la cual se debió seguir un proceso de licitación.

Asimismo, se cuestionó la facultad del interventor de EPQ para constituir usufructos onerosos en tal empresa.

El 15 de abril pasado, la CICIG y el MP confirmaron las sospechas y revelaron que Pérez Maura, Suárez, y funcionarios del Gobierno conformaron “un grupo criminal” para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato a favor de TCQ.

A los US$S255 millones estimados de inversión, TCB añadió US$30 millones no oficiales, para sobornos a funcionarios y cualquier persona que obstaculizara el negocio, indicó el comisionado Iván Velázquez en conferencia de prensa.

NULIDAD

Días después de las capturas por el que fue denominado “Caso TCQ”, la Procuradora General de la Nación (PGN), María Eugenia Villagrán, anunció que el Ejecutivo buscaría la anulación del contrato de usufructo por haberse firmado ilegalmente.

Fue en esa coyuntura que se tomó nota de que, en marzo de este año, el 100 por ciento del Grupo TCB fue comprado por la holandesa APM Terminals a un precio de US$1 mil millones de dólares.

La operación incluyó las terminales ferroviarias y portuarias de Grupo TCB de Barcelona, Valencia, Castellón y Gijón, en España; Yucatán, en México; Buenaventura, en Colombia; Paranagua, en Brasil, y Puerto Quetzal, en Guatemala.

Pese a la polémica generada por el usufructo en este país, tras la absorción de Grupo TCB por APM Terminals, Pérez Maura y Suárez permanecieron en el círculo de administración, uno como miembro del consejo directivo de TCQ en su calidad de vicepresidente y el otro como gerente general, respectivamente.

NULIDAD ESTANCADA

El proceso de nulidad del contrato de TCQ debió iniciarse esta semana, según las estimaciones que hizo la PGN; sin embargo, el mismo se ha visto retrasado por diferentes motivos.

A inicios de este mes, la Procuraduría anunció que no contaba con profesionales capacitados para el tipo de litigio en cuestión, por lo que contrataría un bufete para el caso. Pero días después se retractó, explicando que no tenía presupuesto suficiente para pagar servicios privados.

El pasado martes, la procuradora Villagrán, quien solicitó la nulidad del contrato, presentó su renuncia indicando que era por “motivos personales”.

Ese mismo día, el presidente Jimmy Morales admitió que se reunió con personeros de APM Terminals, sin la presencia de la PGN.

“Tuvimos una conversación la semana pasada con algunos personeros de esa empresa y algunos abogados básicamente para escuchar y poder tener algunas apreciaciones aunque todas estas conversaciones no tienen nada que ver con el proceso legal que debe conducir el país para poder solucionar estos temas”, dijo Morales.

El Presidente rechazó que se buscará un acuerdo extrajudicial a favor de la empresa, pero analistas consideran sospechoso que la reunión se haya realizado de forma privada y sin Villagrán, quien es la abogada del Estado y asesora al mandatario en este tema.

APM Y EL LOBBY DE ALTO NIVEL

Esta mañana, la Procuradora dijo que aunque no participó de la reunión con el presidente, sí se reunió con miembros de APM en dos ocasiones.

Hasta hoy, el proceso de nulidad sigue sin ser iniciado formalmente y se desconoce qué pasará con las operaciones de la terminal, que estaban supuestas a comenzar este mes.

El criterio de la PGN es que las mismas inicien tras la intervención de la empresa por el Estado; sin embargo, Morales y el comisionado de puertos y aeropuertos, Enrique Godoy, se han pronunciado a favor de que la terminal comience a trabajar independientemente del proceso penal.

También se conoció que la representante de APM Terminal se reunió con la Jefa del Ministerio Público y con el comisionado Iván Velásquez, según dijo, para mostrar que la empresa que representa es “un tercero de buena fe”.


PÉREZ MAURA
PRÓFUGO

Ángel Pérez Maura, prófugo del Caso TCQ, es parte de una de las familias más ricas de España, la cual ha estado dedicada a los negocios marítimos desde 1853, según indica el portal web de la compañía familiar.

El español es presidente del consejo de administración de Grupo Pérez y Cía., posición que tomó en 2014, luego de la muerte de su progenitora, Elena García Botín, prima del expresidente del Banco Santander, Emilio Botín.

Diez días después de revelado el Caso TCQ y la orden de captura en su contra, el diario español “El Economista” publicó que el empresario inscribió un vehículo de inversión en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, bajo el nombre Obenque Capital.

El mismo, detalla la nota, nació con un capital inicial de 14.2 millones de euros (superando los 2.4 millones mínimos para constituir estos vehículos), “aunque determina el capital estatutario máximo en 80 millones, por lo que podría colocarse entre las mayores sociedades de inversión de capital variable del mercado español, ya que solo 58 de los más de 3 mil 300 vehículos domiciliados en España cuentan con más de 50 millones de euros bajo gestión”.

De acuerdo con el periódico, la familia de Pérez Maura aseguró que el sindicado se encuentra en España y no ha sido notificado de la orden de captura en su contra.


EN REDES
OPINIONES ENCONTRADAS POR REUNIÓN CON MAERSK

Gustavo Castillo: Si este Don negocia con gente de la Maersk con la escritura pública que dejó el desgobierno de OPM, está mal para nuestro país, porque siempre le pagarían a la Portuaria Quetzal los 20 centavos de dólar, la carga contenerizada (contenedores) de Puerto Quetzal. Ellos operarían el 80 por ciento y Puerto Quetzal el 20 por ciento, entonces siempre sería afectado el país y la Empresa Portuaria Quetzal. Entonces, ¿de qué hablamos Don Jimmy?

Armando De León: Primero, hay que escuchar qué cosas hablaron en esa supuesta reunión. Segundo, si el Presidente está enterado de esa supuesta reunión. No nos dejemos llevar por lo que digan los periódicos de Guatemala, se ha demostrado que sirven a la supuesta clase poderosa económica del país

Carlos Monzón Reyes: No es propio de un funcionario que debería representar los intereses de un país, negociar al margen de la legalidad un proyecto surgido de la corrupción. Una nueva evidencia de que sólo era un discurso, ese de: NI CORRUPTO NI LADRÓN.

Mario Ramírez: Como ciudadano, tengo derecho a saber de qué hablaron o qué pactaron A PUERTA CERRADA. Luego, la renuncia de la abogada de la PGN. ¿Qué más se necesita para dudar de esa reunión? Seguro que no se reunieron para hablar de religión, de sus familias. Es sobre asuntos que nos beneficia o perjudica a los guatemaltecos. EXIJO QUE MORALES EXPLIQUE LOS ACUERDOS EN ESA REUNIÓN A PUERTA CERRADA. SE HACEN A ESCONDIDAS LAS MAÑAS. No soy ingenuo ni ignorante, por eso exijo.

Chepo Lara: Jimmy dijo que declararía nulo el contrato. Pero hasta el momento no han tomado ni una sola acción legal, y que la única acción sea la de reunirse a negociar con Maersk, es un golpe bajo a la dignidad del país.

Oscar Samuel Ramírez: En un caso como el de TCQ, siempre se van a dar reuniones con el Presidente y los involucrados, por la magnitud del negocio y del escándalo. Pero si de arreglos se trata, el único viable es que el Estado reciba el 95 por ciento de los ingresos y la empresa el 5 por ciento y no al revés, como estaba pactado, en el que el fisco solo recibiría el 5 por ciento aproximado de la recaudación y la empresa se quedaría con el resto del billete. Y que significa un megahueveo descarado igual a las mineras que gozan del apoyo de los ardidos en patrio ardimiento empresarios. Confío como ciudadano que la firma Maersk, que opera terminales en 131 países del mundo, sea más razonable para negociar, después de anular a TCQ, pues es mejor que la operen ellos y no otros. En fin lo que los ciudadanos esperamos son beneficios para el país y los españoles y TCQ son nefastos para el país.

Andrés Solhez: Como presidente está viendo quienes están comprando las acciones, no es que él tenga algo que ver, así no se puede gobernar, que si está, qué por qué esta; que si no está, que por qué no está, entonces nada quieren.

Carlos Nájera: Tiene que negociar a puro tubo para que Guatemala (NUESTRO país) no salga perjudicada a nivel internacional por querer terminar un contrato perjudicial para los guatemaltecos, es la opción más apropiada.

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