POR REDACCIÓN LA HORA
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Dudas, desconfianza y preocupaciones deja la reunión privada del presidente Jimmy Morales con personeros de la empresa Maersk, dueña de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), sumada a la renuncia de la abogada del Estado, la Procuradora María Eugenia Villagrán. Analistas temen de un posible acuerdo entre el Ejecutivo y la empresa.
Cuando la cresta de la ola generada por el Caso TCQ está alcanzando su punto más alto, la Procuradora General de la Nación (PGN), María Eugenia Villagrán, renuncia al cargo y denuncia amenazas en su contra.
Tras confirmar la dimisión de la abogada del Estado, Morales admitió que se reunió con personeros de Maersk, “el gigante danés” que compró a TCQ.
La reunión, según el mandatario, fue para “escuchar la posición y las intenciones o buenas intenciones que tienen por parte de esa empresa de poder encontrarle una solución legal, una solución transparente y una solución en donde los intereses del Estado de Guatemala no sean lesionados”. Morales rechazó que se haya tratado la posibilidad de un acuerdo extrajudicial.
Sin embargo, a criterio de Renzo Rosal, politólogo de la Universidad Rafael Landívar (URL), dicha reunión no puede ser calificada como parte de un proceso transparente.
“Aunque aparentemente Maersk es un actor que no está desde el inicio, es decir, que no conocía las repercusiones del negocio, está implicado en el asunto. Y mientras se dilucidan los temas de responsabilidades lo mejor es que un mandatario evite sentarse a la mesa con cualquiera de los actores que están implicados. Es decir, si hay necesidad de llegar a acuerdos, que sea en los juzgados donde se dilucide lo que tenga que ser, pero que el Ejecutivo se reúna con cualquier gente, sin la presencia de la PGN y de forma privada, genera muchas dudas. Estamos hablando de mucho dinero, de una gran empresa, hoy amanecemos con un mal sabor de boca porque este Ejecutivo se está metiendo en camisa de once varas”, opinó Rosal.
LAS DUDAS
El presidente Jimmy Morales sigue tratando con opacidad los asuntos de Estado, dejando una estela de dudas sobre los motivos de sus acciones.
En un caso tan complejo y en el que convergen tantos intereses como en el del usufructo oneroso con Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), su reunión con Maersk, la empresa que compró las acciones de dicha entidad, solo causa dudas sobre el futuro del contrato, en vías de anulación.
“Lo que indica -esta reunión- hay un conjunto de intereses de querer salvaguardar actores, querer lavar la cara a funcionarios y empresarios. Está clarísimo que -el caso TCQ – tiene más involucrados, que tiene más capas de intereses y de actores relacionados. Por eso es preocupante que este Gobierno, en lugar de proveer certeza al caso, está generando más incertidumbres, dudas y resquemores”, explicó el politólogo de la URL.
Christians Castillo, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad San Carlos (Ipnusac), señala que el principal temor es que se hayan podido establecer acuerdos que redunden en no continuar con el debido proceso iniciado por la PGN.
“Se levanta suspicacias de que exista un acuerdo entre el Ejecutivo y la empresa, sobre todo porque la empresa ya terminó la construcción de la infraestructura, ya hizo la inversión y probablemente si el contrato es eliminado o no se permite operar a TCQ, ellos van a tener pérdidas económicas”, indicó Castillo.
Al menos dos fuentes que no serán citadas para evitar represalias en su contra, confirmaron a La Hora que el Ejecutivo busca una salida “negociada” con la empresa holandesa Maersk.
¿AFECTARÁ EL PROCESO LEGAL?
El abogado constitucionalista Gabriel Orellana considera que no se puede especular en cuanto a las consecuencias legales de un posible acuerdo entre las partes del proceso de anulación del contrato; sin embargo, criticó que el Ejecutivo siga dejando de lado a la PGN en sus decisiones acerca del caso.
“El punto fundamental es que no existe ninguna comunicación oficial respecto al contenido de esa conversación, de tal manera que mucho de lo que se diga o se deje de decir, son meras especulaciones. Punto segundo es que no deja de llamar a la reflexión lo peligroso que puede resultar como compromiso de los intereses del Estado de Guatemala, que en esa reunión no haya estado presente el abogado del Estado”, dijo.
Semanas atrás, el presidente y el comisionado de puertos y aeropuertos, Enrique Godoy, contradijeron a la PGN en cuanto al criterio para que TCQ entrara en operaciones.
Morales aseguró que la terminal debía operar de inmediato, independientemente del proceso que se llevara en los tribunales, pero antes la PGN había indicado que se debía esperar a que un juez ordenara la intervención de la empresa.
¿PODRÁ LOGRAR CONFIANZA?
Los analistas consultados coincidieron en que si el Presidente quiere dar certidumbre al proceso legal, debe dar a conocer todos los detalles de la reunión: cuándo se celebró, a qué hora se hizo, quiénes asistieron y qué puntos se conocieron.
En segundo lugar, recomiendan acelerar el proceso de nulidad del contrato y transparentar todas sus etapas.
Otro tema calificado como “primordial” por los expertos es el nombramiento público y transparente del sucesor de Villagrán en la PGN, quien, obviamente, debe ser una persona idónea, capaz e independiente.
CASO TCQ: UN TEMA COMPLEJO
Investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad revelaron que desde enero de 2012 y hasta al menos abril de 2015 se concertó un grupo criminal para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato a favor de TCQ.
El contrato estaba destinado a ceder a esa sociedad una porción de terreno de la Empresa Portuaria Quetzal para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores.
La negociación ilegal terminó con la firma del contrato entre TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal, en el que se estableció que por 25 años prorrogables se daría en usufructo un terreno de 34 hectáreas sobre el cual se construiría y operaría la nueva terminal, que tenía contempladas tres fases de desarrollo que alcanzarían una inversión de por lo menos 255 millones de dólares.
PROCESO PENAL
El pasado 6 de mayo el juez Miguel Ángel Gálvez, del juzgado de Mayor Riesgo B, encontró suficientes indicios para ligar a proceso a todos los sindicados del caso TCQ, quienes habrían participado en la firma del contrato irregular a cambio de sobornos.
Actualmente el caso se encuentra en etapa de investigación, a la espera de la audiencia de etapa intermedia.
PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
El 27 de abril, la PGN se trazó un plazo de 20 días para presentar una demanda de nulidad del contrato entre TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal ante un Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Actualmente, la PGN se encontraba en un proceso de preparación, ya que según admitió no tiene expertos en el tema, y no cuenta con recursos para contratar a un bufete profesional.
VOCES EN REDES
Gerardo Lemus: No se puede negociar con nadie, el contrato es nulo ipso jure, lo que debe de hacer el Presidente es convocar a una licitación internacional abierta y dejar que Maersk compita en condiciones de igualdad. Si Maerks sigue pensando que el negocio es rentable (presentará una buena oferta), pero por ningún motivo se debe dar pie a legitimizar las ilegalidades cometidas.
Roberto Castillo: Un acuerdo extrajudicial es un acuerdo amañado, Maersk tiene que demandar a la empresa que se lo vendió. ¿Y el proceso de licitación? ¿Y la transparencia? Ahora resulta que el abogado «Negociador» por parte de la empresa es socio del bufete Díaz Durán, el de Panama Papers, ¡y el presidente de la Cámara de Comercio Americana! ¡Vamos en picada y sin paracaídas!
Víctor Mejía Rodas: De confirmarse la desestimación de la nulidad, lo inmediato es la consideración de la renuncia del mandatario.
Lisbet Mejía: Considero que el sentir de todos contra el Sr. Presidente es legítimo, pero también considero que la renuncia de la Ex Procuradora General de la Nación, también es un acto de cobardía, ella debía denunciar todos estos actos, pues se predica con el ejemplo, desde su lugar y no dejarse intimidar. Tenemos ejemplos de lucha que aún nos sobran dedos de una mano, pero creo que ahora la comunicación por estos medios ha respaldado a quienes demuestran que hacen su trabajo efectivamente, como en el caso del Juez Gálvez.
Abraham González: Que se deje de reuniones secretas, esas prácticas son mañas de la vieja política. Él dijo que todas sus reuniones, serían públicas.
Armando Florián: ¿y por qué se reunieron con Maersk? por algo renuncio la señora, más de algo van a hacer y ella no se prestará. OJALÁ que con el contrato anómalo de Cobigua y Chiquita no sea igual y que no se maneje la vieja escuela de hacer negocios bajo la mesa
Lando Mancia: ¿Por qué no fueron públicas?, ¿por qué en secreto?, ¿acaso están «negociando» los bienes del Estado? Se le recuerda al señor Morales que él es empleado del pueblo y debe de rendir cuentas y no andar haciendo reuniones privadas en asuntos de Estado.
Roberto Escobar: Parece ser que la Lic. Villagrán se mordió y renunció, porque sus decisiones no han sido tomadas en cuenta, a pesar que por las mismas se ha puesto en riesgo e incluso se dice que ha recibido amenazas.
Carlos Dante García: Sr. Presidente Jimmy Morales ¿escuchó usted alguna vez el presagio «no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas»? Entonces, ¿por qué carajos debe usted hablar a puerta cerrada con MAERSK y con esa otra que está renunciando y tiene a toda la familia trabajando en el poder? No actué como niño, sea hombre y haga las cosas como deben ser: directas y sin secretos, no manche la integridad que tiene.
Chepo Lara: Es obvio lo que está pasando: Villagrán fue obligada a renunciar, Jimmy debe nombrar a quien los del poder económico le pongan. No se anulará el contrato con Cobigua, ni con TCQ. Nos tiraran unas migajas al Estado de Guatemala. Unos cuantos milloncitos al Presidente y al nuevo PGN, y así ya nadie dirá nada. Esto realmente apesta…
