POR SAIRA RAMOS
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La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) está dispuesta a presentar una solicitud de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales si confirman que en la reunión privada que sostuvo la semana pasada con empresarios de Maersk -compañía que compró a Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), el 85 por ciento de acciones de TCQ- tiene algún interés en beneficiar a la firma holandesa.
El anuncio lo hizo el diputado Orlando Blanco en una rueda de prensa, donde estuvo acompañado de Julio Ixcamey, presidente de la Comisión Legislativa de Transparencia, así como de otros congresistas de esa agrupación, quienes citaron para el próximo viernes, en salón de reuniones de la UNE a los secretarios privado y general de la Presidencia y al comisionado de Competitividad y Desarrollo, Enrique Godoy.
El motivo de la citación a los funcionarios del Ejecutivo será para que expliquen a los parlamentarios qué fue lo que se trató en la reunión con Maersk y cuáles fueron las conclusiones, porque a partir de estas determinarán si existen razones suficientes para accionar penalmente en contra de los que asistieron a la misma, e incluso pedir el retiro de la inmunidad al presidente Morales.
“No descartamos pedir un antejuicio contra el Presidente porque él no tenía por qué haber hecho esa acción que deja entrever que hay un interés específico”, aseguró el diputado Blanco, quien agregó que en la referida cita se excluyó de participación a la Procuraduría General de la Nación (PGN), situación que genera “dudas” porque podría haber algún interés de beneficiar a la compañía de capital holandesa.
“Creemos que no se ha planteado ninguna demanda de embargo o intervención –a TCQ– por querer retardar la búsqueda del encuentro privado –que se sostuvo la semana pasada– entre el Ejecutivo y Maersk. Queremos decirle al Gobierno y a la PGN que si no tienen ninguna propuesta –para hacerlo–, nosotros sí la tenemos y estamos dispuestos a darle la sugerencia”, argumentaron Blanco e Ixcamey.
En la misma rueda de prensa, los congresistas de la UNE lamentaron que a más de un mes que salió a luz el Caso TCQ, la Procuraduría lo único que ha hecho es adherirse a una denuncia interpuesta por diputados de Encuentro por Guatemala (EG), que desde el inicio de la firma del contrato oneroso de la terminal marítima accionaron en su contra.
El 19 de mayo, La Hora dio a conocer como TCQ, habría sido vendido a Maersk, un conglomerado que opera en 130 países que tiene más de 89 mil empleados.
En esa ocasión se informó como la empresa internacional habría contratado como abogado en Guatemala a Álvaro Castellanos Howell, un exdecano de la Universidad Rafael Landívar, para hacer dicha adquisición.
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