POR VIRGINIA CONTRERAS
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En medio de dos manifestaciones conformadas por grupos contrarios se llevó a cabo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la vista pública por el amparo presentado por el Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), contra el ministro de Energía y Minas por el otorgamiento de la licencia minera Progreso VII Derivada.
Por un lado, los residentes de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo expresaban su rechazo a la continuidad del proyecto minero en esa localidad y por el otro, los trabajadores de la misma solicitaban que les devolvieran sus empleos.
En tanto, adentro de la CSJ, Rafael Maldonado, director del área legal de CALAS, explicaba que la licencia fue otorgada sin consentimiento de los Pueblos indígenas, lo que a su criterio convierte el acto “nulo de pleno derecho”.
Mientras, Stuardo Ralón, abogado de Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A, refutó que ninguno de los Pueblos indígenas de ambos municipios le delegó la representación de sus derechos a CALAS, lo que considera una invasión a la representatividad de las comunidades.
