POR MARIELA CASTAÑÓN
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El Ministerio de Gobernación (Mingob) reiteró que trabajan interinstitucionalmente para deshacinar los 21 centros carcelarios del país, pues pretende que unas 3 mil personas que ya cumplieron su condena o llenaron los requisitos para la redención de penas abandonen próximamente las cárceles, sin embargo existen varios desafíos para implementar esta medida.
El titular de la cartera del Interior, Francisco Rivas, dijo recientemente que trabaja en una reforma penitenciaria y entre las acciones que impulsa para lograr ese objetivo está deshacinar las prisiones del país que hoy recluyen a más de 20 mil privados de libertad, aunque los centros tienen capacidad solo para 6 mil 809 detenidos.
Las acciones de las que habla Rivas están relacionadas a la creación de nuevos centros carcelarios, dos de ellos se edificarán en terrenos que fueron extinguidos al crimen organizado y que fueron donados por la Secretaría de Extinción de Dominio (Senabed) al Mingob.
Sin embargo, otra de las disposiciones que también han contemplado, es la concesión de libertad a reos que terminaron su condena o pueden gozar de redención de penas.
De acuerdo con el titular de Seguridad, todas las entidades de justicia, entre ellas el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ) realizan un análisis sobre la situación para liberar a aproximadamente 3 mil privados de libertad.
El Ministro dijo que ese proceso consiste en que los jueces concedan audiencias para que les autoricen la libertad a los reclusos que ya cumplieron su condena, y se agilicen los trámites para quienes son aptos para la redención de penas.
“Está el proyecto de deshacinamiento para otorgar la libertad a todas aquellas personas que ya cumplieron su condena pero que están esperando una audiencia para que el juez les autorice la libertad, adicionalmente están las personas que cumplen los requisitos para que se les redima la pena, hay una mesa interinstitucional donde está el IDPP, el MP y el OJ para agilizar y coordinar estos procesos. Así esperamos que sí se cumplen todos los requisitos por parte de los privados de libertad, darles la libertad a 3 mil personas”, explicó.
El funcionario no precisó cuánto tiempo podría demorar la diligencia prevista, en tanto se buscó a representantes del OJ, pero no fue posible obtener respuesta al cierre de esta nota.
IDPP ATIENDE 85 POR CIENTO DE PROCESOS
Entre los desafíos que enfrentan las autoridades para liberar espacios en las prisiones está relacionado con el trabajo del IDPP, una entidad que según sus representantes tiene a su cargo el 85 por ciento de los procesos legales que se conocen en el país, pero carece de presupuesto y personal para atender la cantidad de casos.
Nydia Arévalo, directora del IDPP, destacó recientemente que para adoptar esta medida deben verificar en qué fase están los procesos legales de cada persona privada de libertad, sin embargo, cuentan con poco recurso humano.
De acuerdo con la funcionaria, el IDPP tiene una sobrecarga de trabajo considerable y por tanto es necesario fortalecer los equipos de abogados, pues únicamente cuentan con unos 400 defensores y 300 asistentes.
“Sin defensa pública no hay justicia, tiene que haber defensa pública presente y fortalecida como el MP y el OJ, para que respondan. Llevamos el 85 por ciento de los casos penales que se ven en Guatemala, el resto lo ven abogados particulares. Tenemos una fuerte carga de casos que toman los abogados particulares y que en la fase de debate, impugnaciones o ejecución termina la relación de asistencia técnica particular, eso también forma parte de los asistidos por esta institución”, argumentó la Directora.
El IDPP tiene un presupuesto de Q125 millones para atender miles de casos. En los últimos 4 años y 4 meses, la entidad atendió a 252 mil 316 privados de libertad.
