POR GRECIA ORTIZ
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Llevar a un expresidente y una exvicepresidenta al banquillo de los acusados por señalamientos de corrupción, investigar a importantes empresarios nacionales y extranjeros por su asociación con grupos criminales o perseguir a narcotraficantes y asesinos a sueldo son tareas tan complejas como costosas, y por eso es que se necesita garantizar recursos para que las instituciones cumplan con su misión en el ámbito judicial. ¿Están dispuestos los guatemaltecos a pagar para vivir en un país con un sistema de justicia eficiente? El debate está sobre la mesa.
Los organismos de Estado en conjunto con el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) impulsan en las últimas semanas el diálogo nacional para discutir las reformas constitucionales enfocadas en el sector justicia, mientras que la discusión sobre el financiamiento de las instituciones se encuentra relegada a un segundo plano.
Iván Velásquez, el jefe de la CICIG, ya dejó claro que las reformas son fundamentales para el sistema de justicia, pero sin recursos económicos es imposible los esfuerzos institucionales para combatir la impunidad para que sean efectivos.
“Con las actuales condiciones técnicas y presupuestarias del sistema de administración de justicia penal no hay ninguna posibilidad de enfrentar exitosamente la impunidad en el país; esta realidad es la que ha servido de fundamento a la Comisión para proponer la discusión a un nuevo impuesto destinado directa y exclusivamente a este creciente esfuerzo de combate a la corrupción”, señaló Velásquez a finales del año pasado.
El Comisionado recalcó que la CICIG sólo opina sobre las necesidades técnicas y financieras de la justicia penal y sobre los métodos y técnicas que pueden utilizarse para solventar esas necesidades, y no sobre las características y detalles técnicos de un nuevo gravamen.
“La discusión y el consenso sobre el origen de los recursos las formas de obtenerlos, los sujetos obligados y la temporalidad corresponden exclusivamente a los guatemaltecos, y son las autoridades nacionales, los ciudadanos, los que deben acordar de qué forma cumplirán con este deber”, dijo el representante de CICIG.
La CICIG funciona con los aportes de donantes internacionales, que cooperan para mantener en pie la institución, pero en el caso de las instancias nacionales del sector justicia necesitan de los aportes estatales, que se definen a partir de los presupuestos asignados anualmente por los diputados.
El Comisionado solo reveló una realidad que los números explican por sí solos y que dejan en evidencia la precariedad en la que se encuentran las instituciones del sector justicia, al tiempo que despertó un debate sobre un tema escabroso en la sociedad guatemalteca: la tributación.
MP: ESCASA PRESENCIA
Julia Barrera, portavoz del MP, explicó a La Hora Departamental que para este año la institución tiene un presupuesto de Q1,490.7 millones, pese a que solicitaron Q1,833.5 millones. Esto repercute directamente sobre el funcionamiento de la institución, que tiene un déficit de más de Q333 millones.
La comunicadora explicó que buena parte del presupuesto se utiliza para el pago de salarios de unas 6 mil personas que trabajan en el MP, tanto en el área administrativa como fiscal; para la nómina se destina un aproximado de un mil millones de quetzales, mientras que solo una mínima proporción de recursos está destinada a proyectos.
“Lo que ocurre en estos lugares es que las fiscalía distritales o la municipal más cercana al otro municipio es la que se encarga de atender los casos, pero por ejemplo hablamos del caso de Jalapa, no tienen Fiscalía Municipal, solo la de Distrito, entonces se tiene que desplazar en todo el departamento cuando se necesita el trabajo del MP”, aseveró.
Las deficiencias en el aspecto económico, según la vocera, afecta principalmente en no poder ampliar la cobertura de la institución, lo que afecta directamente la persecución penal.
Asimismo añadió que se afecta el desempeño de las fiscalías, pues mantienen una sobrecarga de trabajo. “Como institución hemos sido castigados en el tema de presupuesto”, apuntó.
OJ: PREOCUPACIÓN MENSUAL
Ángel Pineda, vocero del Organismo Judicial, refirió que para este año se requerían Q2,694 millones, no obstante solo se presupuestó Q1,907 millones; el déficit se encuentra en alrededor de Q787 millones.
“Es una cantidad grande (de déficit). Tenemos que ver cómo se va a trabajar. El año pasado, por ejemplo, mes a mes se hacía un acercamiento con el Ministerio de Finanzas a efecto de encontrar la posibilidad de transferencias específicas y estar solventando esa situación”, recordó-.
El OJ cuenta con más de diez mil trabajadores y de la misma manera como ocurre en el MP, estima que un alto porcentaje de recursos se eroga en la planilla. “El recurso humano es grande dentro del Organismo Judicial, teniendo en cuenta que un 80 por ciento de los recursos se destinan a la planilla”, apuntó
Pineda indicó que al existir una deficiencia económica se afecta el tema de la mora judicial, es decir, los casos rezagados que se encuentran sin solución en el sistema de justicia.
“De alguna manera el no tener los recursos adecuados para poder cumplir con función es algo muy complicado. No se puede cumplir con la tarea básica de administrar justicia y esa es la base de la certeza jurídica”, dijo.
INACIF: FORTALECIMIENTO INTEGRAL
En situación similar se encuentra el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), de acuerdo con el portavoz de la institución, Roberto Garza, pues el presupuesto para este año es de Q165 millones, incluyendo Q20 millones adicionales que se aprobaron en 2016 por el Congreso.
Sin embargo lo solicitado por el Inacif ronda los Q200 millones, y eso significa que existe un déficit de Q35 millones, que los distancia del presupuesto ideal para tener un financiamiento adecuado..
Garza considera que el fortalecimiento económico del sector justicia debe ser integral y respondiendo a las necesidades de cada institución, de tal manera que se faciliten las herramientas para hacer frente a la realidad
El Inacif tienen unos 750 empleados y entre las necesidades de la institución, el comunicador destacó la implementación de nuevos laboratorios, como los de informática forense, que consideran que podría tener una demanda alta por lo que necesitaran más peritos en ese laboratorio.
“Mire lo que nos ha pasado en psicología y psiquiatría, viene la persona y se le cita dentro de un mes, eso no puede ser así”, indicó.
IDPP: SOBRECARGA EN ABOGADOS
La situación en el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), al igual que OJ, MP e Inacif no parece muy distinta, según la directora Nydia Arévalo, ya que los recursos asignados le resultan insuficientes para pagar a los trabajadores y por eso le preocupa que se queden sin fondos para responder al personal.
“Estamos haciendo economía en todo lo posible para tener solvencia. No podemos contratar más abogados, aunque actualmente tienen mucho trabajo los que ya están contratados”, aseveró.
De acuerdo a la directora del IDPP, su intención es ampliar la cantidad de abogados, pero con el presupuesto de Q125 millones eso no es posible, pues lo que han considerado es un monto de Q300 millones para duplicar el servicio, aunque lo ideal llegaría a Q400 millones.
“La proporción de lo que se asigna a la Defensa Pública es tan pequeño que no puede en un momento dado darle respuesta–a las necesidades-, para todas las reformas necesarias que se están pidiendo en el sector justicia, la idea sería que la defensa nunca se dejaría atrás”, indicó.
Unos 857 empleados laboran para el IDPP, entre abogados, administrativos y otros para quienes se destina un 90 por ciento del presupuesto.
UN DIÁLOGO NECESARIO
Velásquez se pronunció recientemente respecto a la serie de deficiencias que tiene el actual sistema de justicia y también las limitaciones del Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ). A decir del Comisionado, es necesario inyectar más recursos para ambas entidades, por su incidencia en la lucha contra la impunidad y la corrupción.
Para esto, aseguró que ve necesario un impuesto destinado a la justicia del país, pues el fisco es la fuente principal de obtención de recursos.
Estas son áreas deficientes en el país, explicó Velásquez, con una serie de argumentos en los que destacó la poca cobertura que tienen en el territorio nacional.
El ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, indicó que la recuperación de la capacidad operativa la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) permitiría contar con más recursos.
“La recuperación de la capacidad de la SAT va a permitir contar con más recursos, pero no en el orden de magnitud de los planes de expansión y cobertura de OJ y MP. Hay además otros servicios básicos como salud o educación con grandes necesidades de inversión adicional que compiten por los recursos para justicia”, comentó.
Estrada expresó que de darse un diálogo, toda la sociedad debería participar para discutir cómo se podría llegar a financiar y garantizar la seguridad y el desarrollo humano mínimo.
“¿Qué tipo de modelos de entrega de servicios? ¿Qué servicios pueden ser gratuitos, de co-pago, o totalmente pagados? ¿El Estado debe explotar o no sus recursos naturales? ¿Cómo asegurar una mejor calidad y eficiencia de gasto? ¿Cómo innovar para llegar hasta el rincón más lejano del país con salud, educación y empleo?”, apuntó Estrada como interrogantes.
Al mismo tiempo añadió que existen otras instituciones que necesitan un fortalecimiento económico y no solo el sector justicia, incluyendo la salud, educación, desarrollo rural agrícola y no agrícola, infraestructura, en donde existen deficiencias en la provisión de servicios públicos.
Al ser cuestionado sobre que otro tipo de opciones podrían existir para fortalecer el aspecto económico en la justicia, el titular de la cartera de finanzas expresó que es necesario investigar más, y recalcó que de momento no se han dado conversaciones específicas respecto al tema.
Por otro lado, el vicepresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Antonio Malouf, indicó que las reformas al sector justicia deben ser técnicas y analizadas, dado que a su consideración, lo primero es el bienestar de Guatemala, ya que en un país con bienestar las empresas pueden progresar.
Sobre el impuesto sugerido por ese sector, manifestó que también debe analizarse, ya que no podría haber impuestos específicos, pues sería algo inconstitucional.
Finalmente Javier Zepeda de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), dijo que es necesario conocer más a profundidad sobre la modalidad de la propuesta.
“Nosotros creemos que este no es un momento como para estar pensando en esto, porque lo que hay que estar pensando es cómo se le devuelve la confianza a los guatemaltecos, como se amplía la base tributaria, como se combate el contrabando”, manifestó.
SE DEBE PRIORIZAR EL GASTO
Respecto a la posibilidad de un impuesto que favorezca al sector justicia, Luis Linares analista de la Asociación de Estudios Sociales (Asies), opinó que se necesita una asignación de recursos razonable al conjunto de gastos del Estado.
“Por eso el Estado necesita aumentar sus ingresos y distribuirlos de una manera adecuada, de acuerdo a las prioridades, pero se necesita de parte de las instituciones haya también un gasto que sea responsable, que haya austeridad, pues ha sido muy frecuente el despilfarro de recursos”, añadió.
Y es que para el Linares, la solución no es solo dar más dinero a las instituciones sino que se gaste en una manera responsable, para que se atiendan las necesidades reales del sector justicia: “tiene que haber una buena administración, se frustra la ciudadanía si los recursos son mal utilizados”.
Mientras Abelardo Medina, experto del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), dijo que se debe tomar como marco la Constitución en este tema, porque el Estado debe garantizar la seguridad física, de la propiedad, justicia, además de educación, salud entre otras.
El experto reitera que es obvio que el Estado necesita una cantidad suficiente de recursos para atender las necesidades y para hacerlo, los gobiernos implementan uno o múltiples impuestos, aunque hoy el Gobierno, está en un agujero fiscal muy significativo porque la cantidad de recursos no alcanzan para cubrir todos los gastos que se necesitan.
“Es indiscutible que el país necesita tener más ingresos, pero paralelamente se deben atacar los focos de corrupción para que en la medida que se vayan teniendo recursos, sean bien utilizados”, apuntó.
