POR SAIRA RAMOS
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La Contraloría General de Cuentas, (CGC), ampliará una denuncia penal en contra de los involucrados en aprobar y comprar tres radares valorados en Q279 millones a la empresa española Indra, porque estos no tienen conexión entre sí y no detectan los vuelos de aeronaves no autorizadas que podrían utilizar grupos de narcotraficantes.
Según el contralor Carlos Mencos, la compra de los radares que hizo el Ministerio de la Defensa (Mindef), durante la gestión del ministro Manuel López Ambrosio del Gobierno del Partido Patriota (PP), tiene una serie de irregularidades que promueven la ampliación de una denuncia penal ya interpuesta en el Ministerio Público (MP).
La primera de ellas es porque los radares ubicados en el Puerto San José, Escuintla; Puerto Barrios, Izabal; y en San Andrés Petén que debieron de comenzar a funcionar desde julio de 2015, no están activos ni se comunican entre sí, lo que imposibilita la detección de vuelos clandestinos que circulen dentro del territorio nacional.
Además, que el radar de Puerto Barrios fue instalado en un cerro donde no tiene la visibilidad para identificar las rutas que podría utilizar el narcotráfico, lo que hace al sistema «inoperante»; y, porque ninguno de los aparatos adquiridos, con Indra, no tiene acceso a la información de los vuelos que maneja Aeronáutica Civil.
Otra de las inconsistencias, según Mencos es que los aparatos lo único que detectan son metales en el aire, pero no lo pueden hacer más de 110 a 150 millas náuticas, cuando lo ideal habría sido que tuvieran un alcance de 250 millas náuticas para detectar el tráfico ilícito que un día detalló López Ambrosio.
«Lo que lleva a pensar que estos -aparatos – fueron comprados para proteger la biosfera y no para detectar los vuelos ilegales», señaló el Contralor, que agregó que el contrato del Mindef no cumplió con las especificaciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, lo que determina que la contratación se hizo a «dedo».
Entre tanto, en 2012, durante la presidencia de Gudy Rivera, el Congreso aprobó un préstamo de US $36 millones, unos Q79 millones, con el Banco Bilbao-Vizcaya, para hacer dicha adquisición a solicitud del Mindef.
RADARES A PRUEBA
De los mencionados radares adquiridos a Indra, solo el instalado en la tropa de infantería del Puerto de San José está funcionando, confirmó Karen Pérez, vocera del Mindef. Los otros dos están en periodo de «prueba», pese a que en julio de 2015 debieron de comenzar a detectar las rutas aéreas que utilizan los grupos de narcotraficantes en Guatemala.
