POR KIMBERLY LÓPEZ
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La unidad de comunicación de la Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que la entidad no va contratar ningún bufete de abogados para defender al Estado y pedir la nulidad del contrato firmado con la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), debido a que no cuentan con el presupuesto para hacerlo.
Por este motivo, serán los abogados de la abogacía del Área de lo Contencioso Administrativo, quienes llevarán el proceso.
En un principio, la procuradora María Eugenia Villagrán había informado que se buscarían bufetes capacitados para encargarse de este proceso; sin embargo, se tomarían en cuenta las limitaciones económicas de la Procuraduría.
Un asesor de la PGN estimó que el gasto en concepto de honorarios profesionales para algún bufete de abogados ascendería a Q80 millones. Sin embargo, Villagrán aclaró que un gasto de esa magnitud no se haría.
A esto se sumó el jefe de Abogacía de lo Contencioso Administrativo, Víctor Hugo Mejicanos, quien justificó que la institución tiene un déficit presupuestario, producto del recorte de Q 1 millón 500 mil mensuales, que realizó el Congreso.
