La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitaron retirar el derecho de antejuicio a Vladimir Aguilar, magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y extitular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), para que sea investigado por su presunta participación en el Caso TCQ.
POR REDACCIÓN LA HORA
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Según Julia Barrera, comunicadora del MP, el proceso contra Aguilar se solicitó por el delito de tráfico de influencias en el contrato entre la Empresa Portuaria Quetzal (EMP) y Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), en el que pudo haber incurrido cuando fungió como Procurador General de la Nación.
Los indicios que el MP presentó como medio de prueba son escuchas de audios de llamadas interceptadas, documentos y la declaración de un extrabajador de la PGN.
La Fiscalía señala que la solicitud se está realizando por la presunta vinculación que tiene el magistrado con el Caso Terminales de Contenedores Quetzal (TCQ), por el que ya fueron ligados a proceso el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, entre otros.
Con anterioridad el MP ya había tramitado en la CSJ una solicitud en contra de Aguilar, según informó la diputada Nineth Montenegro, jefa del bloque legislativo Encuentro por Guatemala (EG).
La petición del MP se hizo efectiva después que ese ente le dio trámite a la denuncia de EG que se interpuso la semana pasada en contra de Aguilar y su antecesor Larry Robles, por la clara “omisión de denuncia” que ambos tuvieron cuando fueron procuradores en el contrato oneroso de TCQ.
El anuncio se realizó poco después de que el Congreso retirara la inmunidad al magistrado Douglas Charchal, por el mismo caso.
AGUILAR EVITA PRONUNCIARSE
El magistrado indicó a la prensa que se enteró de la solicitud de antejuicio en su contra a través de los medios de comunicación. No puedo pronunciarme sobre los hechos, desconozco y no puedo emitir opinión, somos respetuosos del debido proceso, dijo.
Aguilar señaló que cuando tenga conocimiento de los hechos se manifestará. Según dijo, estudiarán el expediente y si es necesario pedirá una licencia sin goce de suelo para resolver su situación legal.
EL CASO
TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de 34 hectáreas sobre el cual se construiría y operaría una nueva terminal, que tenía contempladas tres fases de desarrollo que alcanzarían una inversión de por lo menos 255 millones de dólares. TCQ aparentemente dotaría al Puerto Quetzal de instalaciones con avances tecnológicos y de seguridad, garantizando eficiencia y productividad en la operación de contenedores.
Desde enero del 2012 y hasta al menos abril de 2015 se concertó un grupo criminal con roles definidos aliados para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato a favor de la entidad TCQ S.A., destinado a ceder a esa sociedad una porción de terreno de la Empresa Portuaria Quetzal para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores.
Esta asociación tuvo la función de interferir en diversos actos dirigidos a la realización de ese proyecto, del que la organización obtendría lucro, y para dirigir acciones llamadas a ocultar y blanquear los dineros recibidos de origen ilícito.
