POR K. LÓPEZ Y C. PALACIOS
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Un nuevo gobierno judicial: en eso pretenden las reformas al sector justicia que se convierta el Consejo de la Carrera Judicial, un órgano que sustituya a las viciadas Comisiones de Postulación en la elección de magistrados y, además, se encargue de las responsabilidades administrativas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El peligro es que tanto poder hará de dicha institución un botín deseado para los poderes interesados en asegurarse impunidad. ¿Podrá fortalecer la justicia esta propuesta o la debilitará aún más?
Los problemas de impunidad en el Organismo Judicial comienzan por la elección de sus funcionarios. Desde los jueces de Paz, que conocen faltas y delitos menores hasta los magistrados de la CSJ, que constituyen la máxima autoridad de la institución, todos los funcionarios judiciales son designados a través de procesos de cuestionada imparcialidad.
Desde el 2014, el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, viene insistiendo en la necesidad de aprobar reformas legales para modificar los procesos de elección de magistrados y crear una verdadera carrera judicial que asegure que quienes impartan justicia sean profesionales idóneos, capaces e independientes.
Esta propuesta se dio en el contexto de las últimas elecciones de magistrados a la CSJ y a la Corte de Apelaciones, en las cuales quedaron evidenciados, a través de las denuncias de los organismos observadores del proceso y de la denuncia de Claudia Escobar, el tráfico de influencias y la arbitrariedad que marcaron su dinámica.
Ese día, el titular de la CICIG llamó a una reforma profunda, no solo de los procesos de elección de togados, sino de todo el sector justicia.
EL PROBLEMA DE LAS COMISIONES DE POSTULACIÓN
En un principio las Comisiones de Postulación fueron planteadas con un sentido, explicó Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).
“Lo que ocurrió es que se profanó su propósito cuando se empieza a abrir a la academia para elegir a los de su conveniencia, o cuando los magistrados de Sala eligen a los que van a ser sus superiores buscando prebendas en un futuro”, señaló.
Las Comisiones de Postulación se crearon con la idea de que fuera el gremio de abogados el que proponga a los mejores candidatos para el ejercicio de la judicatura.
Un abogado se puede desarrollar siendo juez, litigando o dando clases, por lo que para integrar las Comisiones de Postulación se pensó en convocar a representantes de las facultades de Derecho, el gremio de abogados y las asociaciones de jueces y magistrados del Organismo Judicial.
Sin embargo, este proceso terminó por politizar dichas instituciones, y lo que debió ser un ejercicio de transparencia y democracia, terminó convirtiéndose en un conjunto de mafias con intereses distintos.
Las elecciones de magistrados por conveniencia y por prebendas son dos de las principales prácticas que han viciado el propósito de la carrera judicial.
UN CAMBIO DE ESTRATEGIA
En este contexto, las distintas propuestas de reformas al sector justicia han apostado por fortalecer el Consejo de la Carrera Judicial para convertirlo en el ente encargado de dirigir el ingreso, evaluación, promoción, traslado y disciplina de los jueces y magistrados.
El documento base de reformas a la Constitución del Diálogo Nacional para la Reforma de la Justicia garantiza la existencia de una carrera judicial que abarque desde jueces de paz hasta la CSJ.
Para cumplir con sus funciones, el Consejo tendrá bajo su dirección a la Escuela de Estudios Judiciales, la Unidad de Evaluación y del Desempeño Profesional, la Supervisión de Tribunales y las Juntas de Disciplina Judicial.
Entre las nuevas atribuciones que la propuesta de reformas constitucionales pretende otorgar al Consejo, está la designación de los magistrados a la Corte de Apelaciones, los cuales solo podrán ser elegidos de entre los miembros de la carrera judicial que tengan diez o más años de experiencia.
Además, el máximo órgano de la carrera judicial sería el encargado de proponer una nómina de 39 candidatos a la CSJ, para que el Congreso elija a los 13 magistrados que la integrarán.
Esto significa tres cosas: primero, que las Comisiones de Postulación serían eliminadas y, por ende, la academia y el gremio de abogados quedarían fuera de los procesos de elección de autoridades judiciales. Segundo, que el Congreso de la República quedaría desligado de la elección de magistrados a la Corte de Apelaciones. Y tercero, que la CSJ ya no tendría ninguna responsabilidad administrativa y se dedicaría únicamente a sus funciones jurisdiccionales.
Los beneficios de este sistema son evidentes: se acabaría con la politización de las universidades (se han creado hasta universidades de garaje con el afán de incidir en las elecciones de autoridades judiciales) y del Colegio de Abogados, se impediría que la CSJ ejerciera presión sobre jueces y magistrados, y se fortalecería la carrera judicial de los operadores de justicia.
Sin embargo, analistas señalan que también existen riesgos en este planteamiento, ya que, al otorgar tanto poder al Consejo de la Carrera Judicial, éste se convertiría en un botín deseado por los poderes interesados en asegurarse impunidad y que, de llegar a cooptarlo, terminarían por debilitar la justicia.
PROTEGER AL CONSEJO
Escobar, de Asíes, estima que es importante generar algunos mecanismos de contrapeso al poder que tendría el Consejo.
“Este Consejo podría estar planteado como un ente para asegurar mayor transparencia, pero aplicado a la realidad se ve la necesidad de generar un contrapeso para que el poder no se concentre y se corrompa de alguna forma, o de paso al abuso de poder”, indicó.
Según Escobar, las formas de lograr ese contrapeso aún están en análisis, pero se formularán lo antes posible de parte de sectores de sociedad civil para hacer las propuestas necesarias.
Por su parte, Mario Guerra Roldán, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, señala el riesgo de que personas equivocadas lleguen a ocupar un espacio en este ente.
“Todo depende de las personas, lo que pasa en Guatemala es que todo se corrompe, hemos sido testigos de que la corrupción está por todas partes. Por eso fue que fracasaron las comisiones de postulaciones”, asegura.
A decir de Guerra, el Consejo tiene que estar constituido por personas correctas, sin antecedentes, sin nexos políticos económicos de ninguna naturaleza.
“Es difícil asegurar que las personas correctas lleguen a esos puestos porque muchas veces las personas correctas se abstienen y los sinvergüenzas se entrometen y quieren figurar, hacen todo lo posible por aparecer seleccionados en las instituciones que integran. Si las personas que los escogen saben hacerlo, entonces va ser un éxito”, indica.
Sin embargo, no descarta la posibilidad de que este ente se pueda corromper, como ha sucedido con otras iniciativas. “Siempre hay nexos, compadrazgos, vinculaciones políticas y económicas; y no se puede llegar a nada bueno; lo que pasa es que todos buscan prebendas y se inclinan a otros intereses, si la honradez fuera una coraza no sucedería esto”, asevera.
TRANSPARENTAR LA ELECCIÓN
Pedro Pablo Marroquín Pérez, abogado y director de este medio de comunicación, ha expresado que “la mejor forma de blindar al Consejo de la Carrera Judicial, es a mi juicio, transparentar la elección de sus diversos representantes y que por tanto, los jueces y magistrados que voten en sus asambleas para elegir a los representantes lo hagan de forma pública, eliminando para ello el secretismo de las elecciones”.
Con eso, agrega Marroquín, podremos saber qué jueces y qué magistrados eligen a los cuatro miembros titulares del Consejo que luego, elegirán a los tres restantes por medio de concursos por oposición.
PROPUESTA QUE DEBE DISCUTIRSE
La postura de Carmen Aída Ibarra, del movimiento PRO Justicia es que esta propuesta sea sometida a debate en cuanto a los detalles de sus características. Es decir, cuántos serían los miembros, la temporalidad de los cargos, etc.
“El documento base es un primer acercamiento. Nosotros lo que vemos es que es necesario crear una nueva forma de gobierno judicial a fin de promover la separación de funciones y que los magistrados de la corte suprema se dediquen a administrar justicia y que este Consejo de la Carrera Judicial sea un ente político administrativo que gobierne la carrera judicial y que ejecute nuevos procedimientos para la elección de magistrados y jueces”, explicó Ibarra.
Por otro lado, también dijo que se deben estar muy presentes todas las formas para promover el fortalecimiento de la carrera, garantizar los mecanismos para la independencia del juez, garantizar procesos transparentes y públicos de cómo serán electas las autoridades judiciales y llevar a la práctica las garantías de la administración de justicia que están en la Constitución.
¿QUÉ ES LA CARRERA JUDICIAL?
Establece el sistema que regula el ingreso, permanencia, promoción, ascenso, capacitación, disciplina y otras actividades de los jueces y magistrados, cualquiera que su categoría o grado, con el fin de garantizar su dignidad, independencia y excelencia profesional, en el ejercicio de su función jurisdiccional.
Categorías de la carrera judicial:
Juez de Paz.
Juez de Primera Instancia.
Magistrado de la Corte de Apelaciones.
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
