POR VIRGINIA CONTRERAS
vcontreras@lahora.com.gt
La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó amparo provisional al Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (Calas) sobre el proyecto minero Progreso VII Derivada, ubicado en San Pedro Ayampuc y San José del Golfo; esto tras apelar las acciones interpuestas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la entidad Exploraciones Mineras, S. A.
El documento extendido por la CC indica que deja en suspenso el otorgamiento de la licencia de explotación minera para la extracción de oro y plata en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, en virtud de que el MEM no realizó el proceso de consulta a los pueblos indígenas garantizado en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales.
Añade que únicamente se realizó “el plan de consulta de opinión” que fue desarrollado dentro del expediente de aprobación del estudio de impacto ambiental.
“La autoridad recurrida al no realizar el proceso de consulta previa en los municipios vulneró el derecho de consulta, a fin de que la población indígena pudiera expresarse sobre su anuencia o rechazo al otorgamiento de la licencia respectiva”, señala.
Sin embargo, la Corte concedió el amparo solicitado con la salvedad de que el Estado de Guatemala, por medio del MEM, podrá recobrar la vigencia de la licencia de explotación minera en el momento en que realice y concluya, a la brevedad posible, el procedimiento de consulta previa e informada a los pueblos indígenas
El proyecto minero ha sido rechazado por las comunidades de la resistencia pacífica «La Puya» en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, quienes en todo el proceso realizaron protestas.
Durante varios días, pobladores de esa localidad se apostaron frente al MEM para exigir al titular de la cartera que acatara la orden de un amparo anteriormente interpuesto por la Corte Suprema de Justicia que solicitaba que suspendiera la licencia de explotación minera.
