Por Redacción La Hora
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El Juzgado Séptimo de Instancia Penal ordenó la intervención de la empresa Aceros de Guatemala y el arraigo de un representante legal y dos socios mayoritarios, informaron el Superintendente de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano y la Fiscalía de Delitos Administrativos.
En conferencia de prensa, el superintendente Juan Francisco Solórzano, informó de la intervención de la empresa. Es un caso bastante sólido de defraudación, aseguró.
Según Solórzano, con la intervención no se afecta a trabajadores ni salarios, sino que es para asegurar que van a pagar lo que deben. No es una acción penal, sino civil, anotó.
Por su parte Andreu Gonzalez, de la Fiscalía de Delitos Administrativos, confirmó que existe orden de arraigo, medidas precautorias e intervención en la referida empresa envuelta en un caso de corrupción, así como el juzgado ordenó el arraigo del representante legal Pedro José Raúl Paiz Valdez y de los socios mayoritarios José Luis Gabriel Abularach y María Eugenia Valdez Gómez, socios mayoritarios de la misma.
En febrero pasado, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), dirigieron una serie de capturas contra funcionarios y representantes legales de la empresa, por un caso de evasión de impuestos en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
EL CASO
De acuerdo con las investigaciones del MP y la CICIG, la empresa Aceros de Guatemala, por conducto de Tres Puertos, se sirvió de la red de corrupción liderada por Omar Franco Chacón, ex Superintendente de Administración tributaria y Geovani Marroquín Navas, ambos integrantes de la organización conocida como «La Línea», para obtener la desestimación de tres querellas que cursaban en contra de Aceros de Guatemala por Q255.612.266,82, mediante la alteración de las auditorías que los vinculaban al caso.
Además, se conoció que la misma empresa se valió de la red para agilizar al menos uno de los pagos a su favor por Q11,8 millones, todo a cambio de promesa remuneratoria a favor de los directivos y ex directivos de la SAT.
