POR KATERIN CHUMIL
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El representante legal de la Sociedad Anónima Aceros de Guatemala, Pedro José Raúl Paiz Valdez, y dos socios mayoritarios: José Luis Gabriel Abularach y María Eugenia Valdés Gómez, fueron sujetos a arraigo por solicitud del Ministerio Público (MP). Asimismo, se ordenó la intervención de la empresa, investigada por delitos tributarios.
Julia Barrera, portavoz del MP, detalló que las solicitudes se hicieron como una medida precautoria.
“La intervención se solicitó derivada de la serie de anomalías que se han encontrado en la entidad. En delitos tributarios es muy frecuente para nosotros como Ministerio Público solicitar estas medidas para asegurar en cierta forma el pago de impuestos. En el caso de los arraigos es una medida precautoria también”, dijo la comunicadora.
Andreu González, fiscal de Delitos Económicos del MP, explicó que la intervención también busca obtener información de las operaciones de Aceros de Guatemala, ya que se están ampliando las investigaciones contra la empresa.
Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal.
La intervención se hizo efectiva esta tarde por el interventor nombrado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Rolando de Jesús Oliva Alonzo, auditores y abogados de esa entidad.
EL CASO
En febrero pasado, la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la Policía Nacional Civil (PNC) coordinaron la captura de 14 personas, entre estas 11 funcionarios de la SAT y 3 representantes y mandatarios legales de las empresas Aceros de Guatemala y Tres Puertos, a quienes señalan de utilizar una estructura dentro de la SAT para modificar informes tributarios y favorecer la evasión fiscal.
De acuerdo con las investigaciones realizadas, la SAT presentó en 2012 tres querellas contra la empresa Aceros de Guatemala por los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria, por un monto de Q255 millones 612 mil 266.82.
Fue entonces que la empresa contactó a la entidad Tres Puertos y ésta a Giovanni Marroquín Navas, capturado el año pasado por el caso “La Línea”, quien a través de su amistad con el entonces superintendente Omar Franco, logró influir para que se modificaran los informes originales de la SAT que acusaban a Aceros de Guatemala.
Los nuevos informes exculpaban a la empresa e indicaban que los responsables son los proveedores de primera y segunda línea. Esta operación se llevó a cabo entre octubre de 2014 y febrero de 2015.
Por este expediente, 13 personas fueron ligadas a proceso por el titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez. El abogado Frank Trujillo fue liberado de los cargos por falta de evidencia.
El togado otorgó medidas sustitutivas a seis sindicados y ordenó prisión preventiva para el resto.
Actualmente el proceso se encuentra estancado debido a que el juez se inhibió de conocer el caso por dudas sobre su competencia.
SAT: UNA ACCIÓN DE TIPO CIVIL
POR VIRGINIA CONTRERAS
vcontreras@lahora.com.gt
En conferencia de prensa, el Superintendente de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano Foppa, informó sobre las acciones que se están realizando en conjunto entre el Ministerio Público por el Caso Aceros de Guatemala, en donde se solicitó la intervención de la entidad.
El funcionario destacó que años anteriores se habían realizado distintas auditorías por parte de la SAT que derivaron en denuncias contra la empresa.
Asimismo, manifestó que por esta situación no se están afectando a los trabajadores y salarios de quienes laboran en esa entidad. Además, destacó que es una acción de tipo civil dentro de un proceso penal con el objeto de asegurar los recursos de la empresa.
Concluyó que las auditorías continúan su curso y debido a las investigaciones del MP no se pueden hacer públicos los resultados de las mismas.
INTERVENCIÓN DE FARMACIAS GALENO
El Superintendente de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano, informó que hace una semana se intervino a la entidad responsable de las Farmacias Galeno, por una deuda millonaria con la entidad de recaudación tributaria.
“Ya está intervenida, ha seguido funcionando (la empresa), pero estamos recuperando los millones de quetzales que no fueron recaudados” dijo el funcionario. Según indicó, “hasta que no terminen de pagar el último centavo no nos vamos a ir de esa entidad”.
Al consultarle sobre la cantidad a deber por la empresa, el funcionario indicó que no puede dar montos de impuestos, “por un tema constitucional”.
El superintendente agregó que son varias empresas que están pendientes de ser intervenidas y que seguirán con la línea judicial de acción que les permita recuperar los impuestos dejados de percibir por el Estado.
En el portal farmaciasgaleno.com.gt, la empresa señala que busca consolidarse como la corporación de farmacias más grande de toda Centro América, “aportando progreso, generando empleos y desarrollo”.
