POR KIMBERLY LÓPEZ
klopez@lahora.com.gt
La semana pasada, el Ministerio Público (MP) presentó, de manera oficial, la Política Criminal Democrática de Estado, que se implementará durante los próximos 19 años. En términos generales, la política detalla las directrices que distintas instituciones deberán seguir para enfrentar el fenómeno criminal en el país. ¿Qué busca esta política y cómo pretende alcanzar su objetivo?
El 22 de diciembre de 2014, los entonces presidentes del Organismo Ejecutivo, Legislativo y Judicial coincidieron en la firma de un compromiso con la fiscal general del MP, Thelma Aldana.
En ese compromiso, dichas autoridades acordaron la unificación de esfuerzos para crear una herramienta de combate al crimen, desde entonces, ya imperante en el país.
Los compromisos fueron: designar a los funcionarios que participarían en la formulación y construcción de la política, con sus aportes, discusiones y propuestas; girar las instrucciones a las unidades correspondientes con el objeto de preparar y compartir información relevante, como datos estadísticos, recursos y otros necesarios para la discusión y formulación de la Política Criminal; y finalmente, aprobar oportunamente dicha política.
En términos generales, se propusieron formular la estrategia general mediante la cual el Estado enfrentaría el crimen en los próximos años.
¿CÓMO SE FORMULÓ?
Según el MP, se realizó desde un proceso de diagnóstico hasta una sistematización, validación y aprobación de esta propuesta para llegar a una política final, que involucra los aportes de todas las entidades participantes en su formulación.
Para esto, se formaron mesas técnicas de trabajo, donde se discutieron los elementos a incluir en la estrategia para la lucha contra el crimen.
Expertos en la disciplina y autoridades indígenas y garífunas fueron dos grupos incluidos en dichas discusiones, según el MP. En total se realizaron 56 encuentros de mesas, en las que participaron alrededor de mil personas, desde agosto de 2014 hasta marzo de 2015.
Con respecto a la participación de organizaciones indígenas en este proceso, la fiscal Aldana destacó que se busca que formen parte del esquema como autoridades ancestrales que pueden colaborar en la resolución de conflictos a nivel de comunidades.
Otro de los ejes importantes que subrayó Aldana, fue la consideración del enfoque de género y también la atención a personas en condiciones de vulnerabilidad. Esto, en aras de implementar acciones más incluyentes. Según explicó, esta inclusión responde al eje que plantea un enfoque desde la justicia social, que posiciona al ser humano como lo más importante, alrededor de quien se construye y ejecuta la política.
¿EN QUÉ CONSISTE?
Partiendo de la premisa de que, para esta política, el objetivo más importante es reducir la criminalidad, las autoridades que formularon el contenido de la misma plantearon cuatro ejes fundamentales en torno a los cuales girarán las acciones para lograr el objetivo propuesto.
La prevención, investigación, sanción y reinserción, son los ejes que regirán este esfuerzo en las próximas dos décadas.
Además, está contemplada la creación de una Comisión de Política Criminal, que estaría integrada por el presidente Jimmy Morales, el presidente del Congreso, Mario Taracena y el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ranulfo Rojas. Todos ellos en coordinación con el MP.
PREVENCIÓN
El eje de prevención destaca la implementación de la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica, hasta el 2034.
Este sería el marco de referencia para implementar las acciones encaminadas a promover la modificación de leyes, reglamentos y protocolos que aseguren el fortalecimiento de la ética pública, la independencia judicial y el control del enriquecimiento ilícito. Además, se orientarían a fortalecer, respetar y proteger los derechos de las poblaciones vulnerables.
El eje de prevención plantea acciones como el fortalecimiento del sistema de justicia en autoridades indígenas y estatales, mejoras en los mecanismos de evaluación de desempeño institucional y el fortalecimiento de carreras profesionales a lo interno de las instituciones.
Lo que se esperaría al implementar estas medidas de prevención, indica el documento que contiene la política, es que finalmente el Estado haya “mejorado su capacidad institucional y de coordinación con los diferentes actores sociales, para implementar programas orientados a favorecer condiciones que disminuyan la violencia y la comisión de hechos delictivos”.
INVESTIGACIÓN
La propuesta es potenciar la investigación en todas sus dimensiones, como un modelo coordinado y articulado de las entidades competentes.
Esto se concretaría si se propician medidas para la reducción de la impunidad, integrando prácticas criminológicas, criminalísticas y otras herramientas que generen mayor conocimiento en investigación.
Para esto, la idea del MP es establecer un modo de investigación centralizado, científico y especializado que estaría dirigido por el propio ente investigador.
Otra de las consideraciones es la profesionalización de actores de investigación criminal. Esto se realizaría a través del establecimiento de un instituto o academia de investigación profesional, a fin de crear cuerpos investigativos.
Además de esto, se tiene contemplado un incremento del presupuesto para el Inacif, con el fin de potenciar su carácter científico y ampliar su cobertura.
SANCIÓN
“Ni venganza, ni castigo; resolución de conflicto”, explica la política, en cuanto al concepto de emitir sanciones.
Dentro de este eje destacan aspectos como la flexibilización de la reacción penal para adolescentes en conflicto con la ley y la lucha por penas “proporcionales y certeras”, así como la inclusión de un catálogo de penas alternativas de prisión.
Uno de los puntos más importantes de este eje es que se promoverá la reforma constitucional necesaria, con el fin de modernizar los procesos de selección de funcionarios del sistema de justicia.
Esto buscaría fortalecer el principio de independencia judicial y contribuiría a la reducción de niveles de impunidad y corrupción.
REINSERCIÓN
La propuesta de la política es que el egreso de los centros de privación de libertad de adolescentes en conflicto con la ley, sea consecuencia de un proceso de aprendizaje.
Para concretar esto, se contempla implementar la Política Pública de Reinserción y Régimen Progresivo para las personas privadas de libertad, con atención al enfoque de género, pertinencia cultural y de poblaciones vulnerables.
Esto estaría apoyado con la creación de un Consejo Nacional para la Evaluación de la Situación de la Niñez y Juventud Infractora de la Ley Penal.
De implementar estas acciones y otras orientadas en una línea similar, la política lograría una mejorada atención a personas privadas de libertad, índices menores de hacinamiento, ofertas laborales para egresados de centros carcelarios y, lo más importante, se habría asegurado el proceso de incorporación efectiva al medio comunitario de quienes fueron sancionados en aplicación del régimen de justicia.
RELACIÓN CON REFORMAS AL SECTOR JUSTICIA
Según informó la Fiscal, este proceso también incluye una revisión de la legislatura que se adecúa al Diálogo Nacional para las Reformas a la Justicia presentado el lunes recién pasado.
Estas reformas plantean la discusión, aprobación e implementación de cambios legales concretos al sistema de justicia que contribuyen a la lucha contra la impunidad y contra la corrupción, garantizando la independencia judicial y el fortalecimiento de la institucionalidad.
La discusión se abrió la semana pasada y desde entonces se han realizado reuniones con sectores de sociedad civil para escuchar propuestas e incluirlas dentro del paquete de leyes que deberán ser reformadas para corregir las debilidades de la justicia en el país.
De darse las reformas adecuadas, estas formarían parte importante en el cumplimiento de esta política.
UN INTENTO MÁS
A decir de la fiscal Aldana, quien se planteó esta política como uno de los objetivos de su gestión, esta herramienta constituye una guía para no duplicar esfuerzos y lograr articular el trabajo de todas las entidades de justicia sobre los ejes planteados.
Según el presidente Jimmy Morales, en intentos anteriores la ejecución no ha sido exitosa porque las instituciones que estaban involucradas no estaban alineadas, pero esta vez se cuenta con el compromiso de los tres Presidentes de los distintos organismos, para caminar en una misma dirección. “En el pasado, cada quien agarraba un rumbo diferente”, aseguró.
Pese a los antecedentes de fracasos, tanto Aldana como Morales se mostraron optimistas frente a la implementación de esta política. No obstante, las acciones que se desarrollen a corto, mediano y largo plazo serán las que realmente indicarán si existe la voluntad política para profundizar en la lucha contra el crimen, que “tiene de rodillas” a la población.
