POR KIMBERLY LÓPEZ
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Después de varias reuniones entre el mandatario Jimmy Morales y la procuradora María Eugenia Villagrán, ayer finalmente Morales dio el “visto bueno” para declarar la nulidad del contrato entre la Portuaria Quetzal y la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Dado este paso, la procuradora debe iniciar los procedimientos jurídicos para anular la validez del contrato oneroso, así como la búsqueda de las estrategias legales a seguir frente a la ilegalidad del contrato.
Según Villagrán, desde ahora hasta finales de la próxima semana se evaluarán y contactarán a bufetes que llevarán el juicio a favor de los intereses del Estado.
“Una vez definido, ya estaríamos preparando la demanda y las estrategias que se van a seguir”, dijo.
Villagrán también se refirió a la necesidad de abordar las acciones legales a seguir, posteriores a la nulidad del contrato. No obstante, aseguró que esta información se estaría conociendo más adelante, cuando se logre determinar cuál es la opción más adecuada para el Estado y se dialogue con los defensores legales que estarán a cargo de la defensa del país en el proceso de demanda.
La Procuradora también recalcó que la postura del Estado es que frente a un contrato que es nulo y que no produce efecto, no se debe pagar compensación alguna.
Mientras avance el proceso legal, el proyecto continuará en sus operaciones normales.
Ayer por la noche, el portavoz presidencial Heinz Hiemann, oficializó la orden del Presidente, de tramitar la nulidad del contrato. Mientras el mandatario sostenía una reunión con la Procuradora.
Según Hiemann, aún se están analizando las implicaciones y consecuencias de esta decisión para el gobierno pero, según el mandatario, «lo más importante es que no se afecten los intereses del Estado”.
Sobre la posibilidad de pagar un resarcimiento, el portavoz informó que parte de las instrucciones del Presidente incluyen que sean contratados los abogados expertos necesarios para lograr que la demanda pueda proteger al Estado.
Hasta ahora, el Presidente indicó que apoya las sugerencias de la PGN y que no se ha reunido con representantes de las empresas que firmaron el contrato, por haber sido una cuestión privada. Según indicó, esto no figura dentro de sus funciones como mandatario.
A finales de la próxima semana, Villagrán anunciará los detalles y estrategias de parte del Estado.
