POR SAIRA RAMOS
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De retirarle el derecho de antejuicio a un alcalde, este no podrá gobernar como corresponde, aseguró Edwin Escobar, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), tras conocer que el proyecto de reformas constitucionales enfocadas al sector Justicia busca que los ediles se queden sin inmunidad. Por eso, propone que se retire ese beneficio a todos los funcionarios públicos
Al finalizar una reunión con el presidente del Congreso Mario Taracena, Escobar señaló que la inmunidad de la que gozan actualmente los alcaldes por orden Constitucional sirve para protegerlos de todos los “ataques políticos espurios”, que puedan hacerse en contra de ellos e interrumpir sus labores en las municipalidades.
Por eso la Anam plantea que ese derecho no se les retire a los funcionarios. De lo contrario las autoridades que participan en el “Diálogo Nacional: Hacia la reforma de la justicia en Guatemala”, deberán eliminar ese mismo derecho a las demás autoridades, sin importar que sea el binomio presidencial o secretarios generales.
“Nuestra propuesta es: le quitan a todos –la inmunidad- o la dejan a todos. Creemos que las reformas al sector justicia son importantes, pero es importante mantener el derecho de igualdad que garantiza la Constitución, porque si le darán antejuicio a otras figuras debe dárseles a los alcaldes que fueron electos popularmente”.
De no hacerlo, “se apelará en el debido proceso y se buscarán soluciones. Hay que pensar que cualquier alcalde puede ser demandado por femicidio -por ejemplo- y lo podrán quitar del camino, eso no significa que estamos en contra de que se abra un proceso a aquellos alcaldes que tienen una causa penal en su contra”, dijo Escobar.
El también alcalde de Villa Nueva afirmó en sus declaraciones, que las autoridades que presentaron el proyecto de reformas constitucionales, nunca le consultaron a la Anam sobre el retiro de la inmunidad, y pese a eso, se tomó la decisión la cual afectara la gobernabilidad de los jefes ediles; y de los gobernadores departamentales.
OTRA OPOSICIÓN
Dos días después que se hiciera público el proyecto de reformas constitucionales, el rector de la Universidad de San Carlos, Carlos Alvarado Cerezo, se refirió a estas lamentando que el sector académico no podrá designar a magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), igual que el Colegio de Abogados y Notarios.
Según las declaraciones de Alvarado Cerezo, esa decisión afectará al país porque la propuesta está encaminada a que los tres poderes del Estado puedan elegir a los nueve togados constitucionales y de las Cortes, y a su criterio se puede “politizar”.
