Por Redacción La Hora
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El expresidente Otto Pérez declaró en la audiencia de primera declaración en el Juzgado B de Mayor Riesgo, en la que defendió su decisión de nombrar a Allan Marroquín al frente de la Empresa Portuaria Quetzal, señalando que el nombramiento lo hizo en su función como mandatario.
Según Pérez, realizar nombramientos no constituye un delito de asociación ilícita. Los nombramientos los hice en base a las funciones que un expresidente debe tener, indicó. Asimismo, el expresidente negó que en ningún momento haya instruido a Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, para que negociara comisiones con los señores de TCQ.
De acuerdo con el exmandatario, tampoco recibió “ningún centavo”, como afirman el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que lo señalan de haber recibido sobornos por US$4 millones 200 mil.
Sobre la firma del contrato realizado un Miércoles Santo, el 27 de abril de 2013, el sindicado indicó que no era para ocultar algo a la población y que lo hizo ante medios de comunicación. Para nosotros no había feriados ni descansos, indicó.
Como en ocasiones anteriores, el expresidente arremetió contra la CICIG y contra Iván Velásquez, de quien dijo que quería colgarse una medalla por haber hecho que un presidente renunciara, pero basándose en argumentos judiciales falsos.
También señaló al MP de ocultar escuchas telefónicas claves, como una llamada que tuvo con Allan Marroquín, exinterventor de Puerto Quetzal, en la que le pidió que renunciara al cargo. Si yo hubiera tenido algo que ver con Allan, no lo hubiera relevado de la manera en que lo hice, manifestó.
Durante su declaración a Pérez se le quebró la voz al indicar que no estaba en cautiverio. No estoy en cautiverio, mi corazón está luchando, anotó.
El exmandatario y otros 10 sindicados fueron imputados de diversos delitos por el MP. La audiencia fue aplazada para mañana.
El pasado 15 de abril, el MP y la CICIG revelaron que Pérez y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, ambos en prisión, facilitaron la firma del usufructo de TCQ por 25 años prorrogables de forma irregular.
Según esa versión, a cambio los exfuncionarios recibieron una comisión de 30 millones de dólares.
