Por Redacción La Hora
lahora@lahora.com.gt
Un informe elaborado por la Open Society Justice Initiative “Contra todo pronóstico: La Cicig en Guatemala” evalúa el trabajo de la Comisión como instrumento de ayuda internacional para estados frágiles y su impacto en las estructuras de impunidad y crimen organizado desde que se instaló en el país, hace 8 años.
Lilian Gamboa, oficial de programa de la iniciativa de Justicia de Open Society, indicó que el informe se comenzó a realizar desde hace cuatro años y uno de sus objetivos es determinar si la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), ha servido como un catalizador de cambio.
La Cicig fue una respuesta novedosa contra las poderosas mafias insertadas en el Estado, dijo Gamboa. Según la oficial, dentro del éxito de la Comisión se cuentan más de 200 investigaciones que han llevado a la imputación de poderosos delincuentes y más de 170 funcionarios y exfuncionarios de gobierno.
El trabajo de la Cicig es reconocido principalmente por los éxitos logrados en 2015 sin embargo se reconoce que no ha terminado.
Arturo Aguilar, en representación del comisionado Iván Velásquez, dijo que el informe de Open Society se divide en tres puntos importantes: análisis del contexto, en el que hace ver que las élites son las que toman las decisiones; un repaso de los 8 años de trayectoria y los 3 comisionado que han estado frente al ente y la reinterpretación del mandato.
La fiscal general Thelma Aldana, invitada al foro donde se presentó el documento, manifestó que no existe voluntad política para apoyar el Ministerio Público (MP), que tiene presencia únicamente en 34 de 340 municipios.
Aldana también resaltó el papel de la sociedad civil para la gestión de la Cicig en Guatemala. En el foro también estuvo presente el presidente del Organismo Judicial (OJ), Rafael Rojas Cetina.
De parte de la sociedad civil, participó Álvaro Montenegro, de Justicia Ya, quien indicó que la ciudadanía no piensa claudicar, esto tras resalta la participación de la sociedad guatemalteca en las manifestaciones del año pasado.
EL INFORME
El informe reconoce un “declive” de la Comisión durante el mandato del comisionado Francisco Dall’Anese, quien ingresó en lugar de Carlos Castresana y quien adoptó un enfoque diferente en el trabajo en la Cicig. El mismo destaca el mandato de Iván Velásquez, quien heredó el mando del ente internacional “en su punto más bajo”, ya que el entonces presidente Otto Pérez insistía en que el comisionado debía concentrarse en el fortalecimiento de las instituciones nacionales y no en nuevas investigaciones.
Según el informe, Velásquez se enfocó en enderezar el rumbo incierto de la Cicig tras la salida de Dall’Anase y desarrolló una nueva estrategia en la que atacó de manera proactiva los nexos entre la corrupción política y la actividad criminal en las instituciones de integridad cuestionable.
De acuerdo con el documento, la Comisión develó una serie de casos de corrupción en los que estaban implicados el presidente, la vicepresidenta y funcionarios de alta jerarquía, así como un informe de financiamiento ilegal de las campañas con consecuencias explosivas.
Open Society Justice Initiative señala que por la naturaleza profundamente enraizada de las prácticas políticas clientelistas en el país, los desafíos de la Cicig son enormes. Destaca como tareas inmediatas mantener el impulso de los casos de corrupción del 2015, llevar las investigaciones a su término y organizar procesos sólidos.
“La Comisión deberá presionar para que se produzcan las reformas pendientes del poder judicial, un nuevo partido político, las leyes de financiamiento de campañas, y la mayor capacidad de supervisión de los ministerios” indicó el documento.
Según la investigación, el desafío más importante y más difícil es cómo comenzar a cambiar los intereses que determinan el comportamiento clientelista en todas las instancias del Estado y gran parte del sector privado.
«En el contexto de una amenaza común de poderosas redes de políticos corruptos y del crimen organizado, ni las élites terratenientes tradicionales ni las empresariales han demostrado un interés en formar coaliciones con otros sectores para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia o someterse completamente al Estado de Derecho» resaltó la Open Society Justice Initiative.
