POR KATERIN CHUMIL
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Tras la reproducción de la declaración de Juan Carlos Monzón, colaborador eficaz en el caso de corrupción que involucra a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (FECI) señaló que se están llevando a cabo una serie de pesquisas por cinco eventos de corrupción más que estarían vinculados con el gobierno del Partido Patriota.
Las nuevas pesquisas surgieron a partir de la colaboración de Monzón, que explicó cómo el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti confabularon para defraudar al Estado en más de una ocasión.
La FECI indicó que estas investigaciones se mantienen bajo reserva, luego de la filtración del audio de declaración anticipada de Monzón que circuló en varios medios nacionales.
Ayer, el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, ordenó al Ministerio Público (MP) investigar la filtración de un audio en el que se puede escuchar la declaración completa de Monzón, ya que fue dada de manera ilegal a los medios de comunicación y por ello se deben de deducir responsabilidades.
Según publicó la revista Contrapoder, las empresas con las que el exbinomio presidencial realizó negocios ilegales son: Topsa Construcciones S.A., cuyo representante legal es Raúl Osoy Penados, quien recibió contratos millonarios con el Estado durante la administración del Partido Patriota. También se mencionó a la red de constructoras de la familia Guerra de Petén, quienes también obtuvieron aproximadamente un millardo de quetzales en la construcción de obras públicas nuevamente en la administración del PP.
Además estaría involucrada la Constructora Nacional, S.A. (Conasa) y el Grupo Interport de Jurg Widemer Probst quienes figuran como los principales contratistas de las sociedades portuarias.
La Fiscalía refirió que estas investigaciones se mantienen en reserva por lo tanto no se brindaron detalles del avance de las pesquisas.
PÉREZ INSISTE EN ANULAR DECLARACIÓN
Esta mañana, a su ingreso a la sala de audiencias del Juzgado B de Mayor Riesgo, donde enfrenta primera declaración por el caso TCQ, el exmandatario Otto Pérez Molina volvió a cuestionar la declaración del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón. “Me parece que las cosas las quieren llevar a escondidas de forma como ellos quieren (El MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) y buscan resultados a su favor, este debería de ser un proceso transparente”, dijo.
Al cierre de esta edición, el audio del testigo Guillermo Mohl Salazar, era reproducido como medio de prueba ante el juzgado. El pasado 15 de abril, El MP y la CICIG revelaron que Pérez y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, ambos en prisión, facilitaron la firma del usufructo de TCQ por 25 años prorrogables de forma irregular.
Según esa versión, a cambio los exfuncionarios recibieron una comisión de 30 millones de dólares.
Pérez y Baldetti, quienes renunciaron a sus cargos en mayo y setiembre de 2015 respectivamente, se encuentran en prisión preventiva acusados de encabezar una estructura de defraudación en las aduanas denominada La Línea.
