POR SAIRA RAMOS
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Este viernes, los diputados cumplen sus primeros 100 días de trabajo legislativo que se resumen en bochornos, malas prácticas, inasistencias y defensa al sistema político-electoral, el cual es rechazado por miles de ciudadanos, que desde hace un año, manifiestan su inconformidad en las redes sociales y a través de plantones pacíficos convocados por diferentes movimientos sociales. ¿Qué ha caracterizado los primeros tres meses del Congreso?
FORTALECER EL PARTIDO CON BASE EN EL TRANSFUGUISMO
El 15 de enero, un día después de que los diputados tomaron posesión de sus cargos, la Dirección Legislativa del Congreso reportó la renuncia de 50 parlamentarios que decidieron abandonar el Partido Patriota (PP) y Libertad Democrática Renovada (Lider) para conformar el Movimiento Reformador (MR), Alianza Ciudadana (AC), y el desaparecido Movimiento Progresista.
En las semanas siguientes, el Movimiento Pro, que encabezó Leonardo Camey y José Alejandro de León, se desintegró y la mayoría de sus congresistas pasaron a formar parte del Frente de Convergencia Nacional (FCN), que en las elecciones del 2015, solo alcanzó once escaños. Los cambios de bloque siguieron hasta el 13 de abril, cuando las reformas a la Ley Orgánica del Congreso regularon esa práctica.
En los primeros tres meses de la octava legislatura, la Dirección Legislativa registró 70 cambios de diputados, de éstos un alto porcentaje pasó a la bancada oficialista FCN-Nación, pero que a través del transfuguismo llegó a ser la bancada más grande del Congreso, con 33 escaños.
LOS SALARIOS MUY DIFERENCIADOS DEL CONGRESO
Dos días después del masivo transfuguismo de diputados, el presidente del Congreso, Mario Taracena, hizo pública la nómina de trabajadores contratados bajo los renglones 011, 022 y 029.
Los datos revelados evidenciaron los salarios muy diferenciados que tienen los empleados legislativos y que, comparados con el salario mínimo que devengan mensualmente la mayoría de ciudadanos, resultaron indignantes para la población.
Con esta publicación, los diputados que tenían más personal asignado fueron blanco de críticas por los guatemaltecos.
El expresidente del Legislativo, Gudy Rivera, por ejemplo, tenía 24 plazas a su cargo, aunque la ley solo permite que cada diputado contrate a tres personas.
En las semanas siguientes a la publicación de la nómina, Taracena despidió a 52 empleados del Congreso bajo la sospecha de que sus contrataciones se dieron a última hora durante la gestión del presidente Luis Rabbé. De ellos, Taracena volvió a contratar solo a una persona, ya que se supo que era uno de los muchos afectados por el deslave en El Cambray II, en Santa Catarina Pinula, ocurrido el 1 de octubre del 2015.
UN PACTO DAÑINO
El 1 de febrero, el Congreso recibió un informe de la Procuraduría General de la Nación (PGN) en el que se recomendó renegociar el pacto colectivo de la entidad, el cual establece que todos los empleados deben recibir un incremento salarial del 10 por ciento anual, además de otros bonos y beneficios.
Estos acuerdos fueron establecidos en 1999, durante la presidencia de Leonel López Rodas; sin embargo, en el documento la PGN determinó que el aumento salarial es «perjudicial e inviable económicamente» para el Estado.
El análisis concluyó que los funcionarios que intervinieron en la firma del pacto pudieron perjudicar el patrimonio del Estado y haber incurrido en responsabilidades legales, al no haber observado las normas Constitucionales, presupuestarias y demás que regulan el tema.
Tras la recomendación de la PGN se integró una mesa de negociación, pero a la fecha, no se ha denunciado el pacto colectivo, ni se ha discutido una renegociación. Esto, debido a que los trabajadores están a la espera de que el Legislativo apruebe las reformas a la Ley de Servicio Civil, donde se garanticen los derechos laborales de todos los empleados.
EL SHOW DE LA UNE
La revelación de la nómina del Congreso generó fricciones en todos los bloques parlamentarios, incluso en el bloque del mismo presidente del Congreso.
En una sesión plenaria, en la que se conocía el proyecto de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, los diputados presenciaron una acalorada discusión entre los diputados Taracena y César Fajardo, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la cual surgió porque el presidente del Legislativo no dio la palabra a su compañero, a quien días antes también había retirado varios privilegios, entre ellos, una oficina que costaba US$2 mil 800.
En ese cruce de palabras, Fajardo llamó «estúpido» a Taracena y le pidió explicar de dónde salieron los fondos que utilizó para construir su casa residencial. Esta escena provocó que los congresistas que estuvieron en la sesión abuchearan al Presidente del Congreso, quien estuvo a punto de perder su cargo por iniciativa del partido de Gobierno, que buscaba desaforarlo.
REELECCIÓN DE MAGISTRADOS
En la sesión plenaria del 10 de marzo, tras un proceso de postulación público, los diputados reeligieron a Gloria Patricia Porras y María de los Ángeles Araujo como magistradas titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad (CC) por el Congreso.
Las magistradas fueron sometidas a varias pruebas junto a otros aspirantes por una Comisión de Postulación integrada al azar; sin embargo, antes de la votación final, en los pasillos del Legislativo ya se rumoraba que ambas togadas serían las elegidas, tras un acuerdo alcanzado por las bancadas tras bambalinas.
Casi un mes después de la elección de Porras y Araujo como magistradas a la CC, 114 diputados votaron a favor de Nidia Arévalo de Corzántes como Directora del Instituto de la Defensa Pública Penal, que desde octubre del 2014 permanecía en un limbo debido a que no se lograban consensos para nombrar un titular.
Arévalo tiene una carrera de 17 años en la institución y es conocida porque tuvo a su cargo los casos de sentenciados a pena de muerte. Arévalo llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y logró que los señalados no fueran ejecutados.
ESCANDALOSAS FILTRACIONES
A principios de este mes, los diputados Javier Hernández y Juan Manuel Giordano de FCN, fueron blanco de críticas, luego de que circuló en redes sociales una fotografía que mostraba un chat de teléfono en el que de forma vulgar, Giordano explicaba cómo pondría de «rodillas» al gobernador de San Marcos, Carlos Cardona, en una reunión privada que se realizaría en el salón de reuniones del oficialismo.
La filtración se dio en el marco de varias denuncias sobre presiones a los gobernadores por el control de los Consejos Departamentales de Desarrollo, instituciones encargadas, entre otras cosas, de decidir qué obras se incluirán en el Listado Geográfico de Obras, lo que por muchos años ha sido una fuente de corrupción para los diputados.
Las críticas al partido oficialista terminaron por afectar al presidente Jimmy Morales, quien pidió la expulsión de Giordano de FCN; sin embargo, Hernández, jefe de bancada, protegió al diputado, aduciendo que no podía expulsarlo porque la Junta Directiva ya lo había sancionado y porque no fue electo por ese partido.
OCHO ANTEJUICIOS
Giordano no tardó en enredarse en un nuevo escándalo. El pasado 14 de abril el Ministerio Público (MP) presentó solicitudes de antejuicio en contra del aludido y de los también oficialistas Óscar Corleto, Laura Franco, Rudy Pereira, Ferdy Elías, Byron Chacón, Julio Juárez y Édgar Montepeque.
Las denuncias se interpusieron por los delitos de abuso de autoridad, concusión, tráfico de influencias y discriminación.
De acuerdo con el MP, en una citación privada con la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura, los diputados agredieron verbalmente a la funcionaria para obligarla a ceder el poder del Consejo de Desarrollo de su departamento al diputado Giordano y de la misma forma le ordenaron despedir a todos los miembros de la institución para sustituirlos con personas allegadas a los congresistas.
Debido a que Ventura se negó a esta petición, la diputada Laura Franco le gritó: «india estúpida, así se ha hecho, así se hace y así se hará».
Ventura dejó el salón de reuniones llorando, por lo que el MP, ante la sospecha de que la Gobernadora fue presionada, investigó de oficio a los diputados.
INCERTIDUMBRE POR FINANCIAMIENTO
Antes de cumplir los primeros 100 días de trabajo legislativo, los diputados debieron votar por la iniciativa de readecuación presupuestaria que elaboró la Sala de Finanzas Públicas junto al Ejecutivo. Sin embargo, hasta la fecha la bancada oficial no logra conseguir los votos necesarios para su aprobación.
La propuesta de readecuación pretende establecer un techo presupuestario de Q250 millones para Salud Pública, Q200 millones para Agricultura y Q40 millones para la construcción de edificios y escritorios del Ministerio de Educación.
Además, establece Q490 millones para el MP, Q300 millones para el OJ, Q100 millones para la Universidad de San Carlos de Guatemala, Q150 millones para el fideicomiso de transporte, Q30 millones para la Contraloría General de Cuentas y Q226 millones para dos programas de reforestación.
Esta semana se conoció que existen intenciones de algunas bancadas de modificar la propuesta, lo que generó aún más inseguridad en los diputados para iniciar el proceso de votación.
EL ENGAÑO DE LAS REFORMAS ELECTORALES
El pasado martes, los diputados terminaron de aprobar el proyecto de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual se prolongó a lo largo de varias sesiones plenarias debido a la falta de acuerdos en el Legislativo.
Estas enmiendas, según el análisis de activistas sociales que desde 2015 pidieron cambios profundos al sistema político-electoral, son una «burla» para todos los ciudadanos que demandaron reformar un sistema débil, que solo beneficia a la clase política tradicional.
El proyecto aprobado por los diputados no incluye la paridad y alternabilidad de género, no regula las prácticas de transfuguismo, ni prohíbe la reelección para alcaldes y diputados, así como tampoco regula la forma en que se adjudican fondos privados a los partidos políticos.
Además, no propone la elección uninominal, ni obliga a cambiar a los candidatos presidenciales cuando el voto nulo supere el cincuenta más uno por ciento de sufragios.
En conclusión, los analistas consideran que los diputados del Congreso protegieron sus intereses y aseguraron su supervivencia, incluso si estos significaba desoír las demandas ciudadanas.
TARACENA SE REVELA
Mario Taracena ganó la simpatía de la población al revelar la nómina de empleados del Congreso y luego de varias declaraciones en las que aseguró que durante su presidencia, no se permitiría que los diputados repitieran los vicios de Legislaturas anteriores; sin embargo, en una entrevista con La Hora, reveló que no tiene intenciones de reformar a profundidad el sistema político.
«Yo sí estoy conforme con el sistema político, lo respeto, lo defiendo y es excelente, y es copiado en otros países del mundo… El sistema es bueno, solo hay que componerlo e irlo perfeccionando», dijo.
Asimismo, aseguró que, pese a la superficialidad de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, se encontraba conforme con la iniciativa aprobada.
Taracena no tiene intención de cambiar el sistema que le ha permitido permanecer siete periodos en el Legislativo. «Yo apoyo la carrera legislativa y ojalá me muera aquí en el Congreso. Yo he hecho una carrera política en el Legislativo y me siento honrado. Si me pudiera reelegir seis veces más, aunque no lo creo, lo haría», indicó.
EN 100 DÍAS:
70 DIPUTADOS TRÁNSFUGAS
7 NUEVAS LEYES SE CREARON
5 PROYECTOS DE REFORMAS LEGALES SE APROBARON
LOS DIPUTADOS MÁS FALTISTAS:
Óscar Quintanilla, de Alianza Ciudadana, (AC), 10 AUSENCIAS.
Gustavo Medrano, de Libertad Democrática Renovada, (Lider), 10 AUSENCIAS.
Stella Alonzo, del Partido Patriota, (PP), 9 AUSENCIAS.
Amílcar Pop, del Movimiento Winaq, 7 AUSENCIAS.
Salvador Baldizón, diputado independiente, 7 AUSENCIAS.
Luis Rabbé, de Líder, 5 AUSENCIAS.
Luis Pedro Álvarez, de Encuentro por Guatemala, (EG), 5 AUSENCIAS.
José Alberto Hernández, de la Unión del Cambio Nacional, (UCN), 5 AUSENCIAS
Oliverio García Rodas, del Movimiento Reformador, (MR), 5 AUSENCIAS.
