POR REDACCIÓN LA HORA
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La revelación del Caso TCQ abrió la puerta hacia un mejor entendimiento de cómo funcionan los negocios de corrupción en el Estado. Los resultados de las investigaciones son similares a las de otros casos imputados al exbinomio presidencial del Partido Patriota, en los que se evidencia la cooptación de instituciones públicas, las negociaciones bajo la mesa y el tráfico de influencias.
Nadie mejor que un miembro de la estructura criminal para revelar cómo se llevaron a cabo los negocios de corrupción. El colaborador eficaz del Ministerio Público, Juan Carlos Monzón dio luces de la forma de operar de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
EL ACERCAMIENTO
La empresa española Grupo TCB, a través de su subsidiaria Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), comenzó los acercamientos con Guatemala en el Gobierno de Álvaro Colom, contando con la ayuda del operador Gustavo Alejos.
Sin embargo, cuando Colom dejó la presidencia, TCQ se acercó a Pérez Molina y Baldetti a través de Gustavo Martínez, secretario general de la Presidencia, quien posteriormente fue reemplazado por Monzón.
COOPTACIÓN DE INSTITUCIONES
El primer paso para lograr negocios ilícitos en el Estado es asegurar el control de las instituciones públicas. En el caso TCQ, el operador Guillermo Lozano fue quien recomendó a Allan Marroquín como interventor de la Portuaria Quetzal y Baldetti fue quien posicionó a Julio Sandoval como subinterventor. Ambos eran de la confianza del Ejecutivo.
Como se ha revelado en otros casos, son necesarios operadores que sirvan de enlace entre los funcionarios de alto rango y las empresas.
El papel de Juan Carlos Monzón, según explicó él mismo, era ayudar a TCQ a resolver cualquier impedimento al usufructo que les sería otorgado. Asimismo, él debía negociar con los empresarios, el monto de la comisión o soborno que recibirían los funcionarios que facilitaran el contrato.
LOS SOBORNOS
Ángel Pérez Maura y Juan José Suárez, de TCQ, estaban dispuestos a pagar hasta US$ 30 millones en sobornos para obtener el usufructo oneroso para el Estado.
Este dinero sería entregado en varios pagos y en efectivo, por orden de la vicepresidenta Baldetti, quien rechazó una propuesta inicial para ser retribuida en acciones de TCQ.
Del primer pago, Baldetti y Pérez Molina recibieron US$ 3.5 millones y Monzón recibió US$260 mil. El resto se entregó a William Shwank, Allan Marroquín y Julio Sandoval.
De los US$ 30 millones, se descontaron Q250 mil para el sindicato de “Los Julios” y Q5 millones para el sindicato liderado por Lázaro Reyes, con el propósito de que cesaran sus oposiciones al usufructo.
Monzón reveló que también se desembolsó dinero para la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas, aunque no especificó a qué funcionarios.
LA LAVANDERÍA
Como es evidente, todo el dinero recibido de forma ilegal debía ser ingresado al sistema bancario de forma legal y para ello Monzón contó con la asesoría de Jonathan Chévez, alias “El Mago”, cuya cartera de servicios incluía transferencias nacionales e internacionales, cambios de cheque a efectivo y viceversa, compra de bienes, empresas offshore, transporte de valores, cajas de seguridad. “Hasta lingotes de oro ofrecía Chévez”, dijo Monzón en su colaboración eficaz.
El plan de Chévez era crear un banco de segundo piso en Australia para manejar el dinero sin ser rastreados; sin embargo, al ser denunciados por un medio de comunicación, debieron blanquear el dinero a través de empresas.
El constructor y contratista del Estado, Raúl Osoy, lavó dinero de sobornos a través de su empresa Topsa, la cual posteriormente fue contratada por TCQ.
Además, Chévez creó la empresa nacional Copisa, para lavar las comisiones de Baldetti y Otto Pérez.
LOS OBSTÁCULOS
Además de la agilización de trámites y la resolución de conflictos con los sindicatos, Monzón también ayudó a TCQ a superar obstáculos legales.
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal conectó a Monzón con Mario Ruano, quien utilizó sus influencias en el juzgado de Escuintla para lograr una resolución favorable a TCQ.
A cambio, Mario Ruano recibió una camioneta Range Rover blindada y Charchal logró ser electo magistrado del Organismo Judicial.
