POR KATERIN CHUMIL
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La vida de Juan Carlos Monzón y de los testigos del Caso TCQ corre riesgo tras la difusión de un audio con las declaraciones que dio el exsecretario de la Vicepresidencia como colaborador eficaz del Ministerio Público (MP). El material ya fue difundido por varios medios nacionales, por lo que el Juzgado B de Mayor Riesgo ordenó que sean redobladas las medidas de seguridad para garantizar su vida.
En el audio se escucha la declaración completa de Monzón Rojas, quien reveló cómo supuestamente se gestionó un negocio corrupto entre el Gobierno de Otto Pérez Molina y la empresa española Grup TCB, a través de su sudsidiaria en Guatemala Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, dijo que no cree posible que el audio haya sido filtrado por personal del MP ni de la Comisión Internacional contra la Impunidad, pero advirtió que con su difusión se ponen en riesgo las investigaciones y la vida del colaborador eficaz.
Ayer, el juzgado B de Mayor Riesgo dio acceso al audio a los abogados de los 9 capturados para su análisis.
Sandoval indicó que las autoridades responsables de procurar seguridad a Monzón son las del Sistema Penitenciario, ya que controlan el centro de detención donde está recluido. Sin embargo, el juzgado B de Mayor Riesgo ordenó reforzar las medidas de protección para Monzón.
El fiscal no opinó sobre la ética de quienes difundieron el audio, ni quiso emitir criterio sobre las posibles responsabilidades penales o administrativas de quienes lo filtraron.
CASO “LA LÍNEA”
Según la acusación del MP, Monzón es uno de los líderes operativos de la estructura de defraudación aduanera denominada “La Línea”.
A Monzón se le señala de ser el responsable de designar distintas personas que se encargaban del control externo de las aduanas, distribuir los porcentajes dentro de miembros de la organización y participar en las decisiones a más alto nivel dentro de la misma.
De acuerdo con el MP, Monzón recibía por lo menos el 4 por ciento del dinero defraudado.
La CICIG y el MP estiman que entre el 8 de mayo de 2014 y el 15 de abril del año 2015, la red obtuvo por lo menos Q28 millones 556 mil, dinero que fue repartido entre todos los integrantes de la estructura y que fue producto del ingreso anómalo de por lo menos mil 561 contenedores de mercadería.
Tras entregarse a la justicia, Monzón declaró tener 47 años de edad, haber estado casado durante 16 años, tener dos hijos y ser Administrador de Empresas de profesión; antes de trabajar para el gobierno, era dueño de la empresa Canchas Deportivas de Guatemala, donde laboraba como socio ejecutivo. Posteriormente fue nombrado Secretario Privado de la Vicepresidencia, puesto que ocupó por casi tres años.
